La resolución judicial considera que la cantante colombiana no debía ser considerada residente fiscal en su primer año en España, el 2011, al no cumplir el mínimo de días necesarios, aunque no afecta a los años posteriores
18 may 2026 . Actualizado a las 18:58 h.La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en la última causa que la cantante mantenía abierta con la Agencia Tributaria y ha concluido que la artista no defraudó a Hacienda en el ejercicio del 2011. El tribunal rechaza los argumentos de la Administración, descarta que la intérprete colombiana tuviera ya entonces su residencia fiscal en España y considera nula la deuda de 55 millones de euros que le reclamaba Hacienda. De este modo, obliga al fisco a devolverle las cantidades que habían sido ingresadas por la cantante, que ascienden, según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a un total de 27,4 millones de euros, más los intereses correspondientes, lo que elevaría el total a 34,2 millones de euros, además de hacerse cargo de las costas del procedimiento. La sentencia llega tras una batalla de ocho años entre la artista colombiana y Hacienda por la tributación de los ingresos obtenidos durante una etapa en la que Shakira desarrolló la mayor parte de su actividad profesional fuera de España.
La sentencia puede ser recurrida al Tribunal Supremo, y fuentes de la Agencia Tributaria ya han avanzado a EFE que interpondrán un recurso de casación ante el órgano judicial. Además, recuerdan que la sentencia de la Audiencia Nacional solo se refiere al ejercicio del 2011 y no a las condenas que Shakira ya aceptó en conformidad por delitos contra Hacienda por el período comprendido entre el 2012 y el 2014.
La sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, llega tras una batalla de ocho años entre la artista colombiana y Hacienda por la tributación de los ingresos del 2011, probablemente uno de los años con más facturación y éxito de la artista.
La Audiencia Nacional concluye en su sentencia que la cantante no permaneció en territorio español durante el plazo mínimo exigido para ser considerada residente fiscal durante ese primer ejercicio y desmonta así el principal argumento de la Agencia Tributaria. El fallo sobre el ejercicio del 2011 recoge, de forma expresa, que «esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días» y que, por tanto, «es obvio» que «las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho». La Sala tampoco avala la tesis de las llamadas «ausencias esporádicas» que Hacienda había utilizado para sostener que la cantante debía tributar en España por el conjunto de sus rentas mundiales correspondientes a aquel ejercicio.
El criterio de los magistrados resulta especialmente relevante porque afecta al núcleo de la controversia. Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, la Administración debe acreditar que ha permanecido más de 183 días en territorio nacional o que radica en el país el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Según la resolución, ninguna de esas dos circunstancias quedó probada en el caso de Shakira.
La Audiencia Nacional también descarta que la estructura empresarial de la cantante fuera ficticia o simulada. La sentencia sostiene que «tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta». Y añade que, «bien al contrario», el entramado empresarial atribuido a la artista «radica fuera del territorio nacional», al igual que «el desarrollo mayoritario de su actividad económica».
El ejercicio analizado se remonta al 2011, un año en el que Shakira realizó una gira mundial con 120 conciertos en 37 países. Según la documentación del caso, la cantante no tenía entonces casa en España, no tenía hijos en el país ni concentraba aquí su actividad profesional o empresarial. Pese a ello, la Agencia Tributaria le reclamó el pago de impuestos por los ingresos generados en aquella gira y mantuvo retenidos durante años fondos vinculados al capital de trabajo y a los gastos de esa actividad internacional.
La resolución obliga ahora a Hacienda a devolver las cantidades ingresadas por la cantante, a la que deberán sumarse los intereses correspondientes. La Audiencia Nacional también impone las costas a la Administración, una decisión poco habitual en este tipo de procedimientos y que la defensa de la artista interpreta como una censura a la actuación de la Agencia Tributaria.
El abogado de Shakira, José Luis Prada, socio director de Prada Tax Advisors, valoró la sentencia como el final de «un calvario de ocho años» y denunció «una práctica administrativa poco rigurosa». «Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse», afirmó. A su juicio, el fallo acredita «el rigor e independencia» de los tribunales frente a «posiciones administrativas inaceptables».
La propia cantante también celebró la resolución y aseguró que la Audiencia Nacional «ha puesto las cosas en su sitio» después de «más de ocho años soportando un señalamiento público brutal». «Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», afirmó Shakira, que denunció que durante casi una década se la trató «como culpable» y se utilizó su nombre «para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes».
La artista sostuvo además que su caso debe servir de precedente frente a los abusos administrativos. «Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional», señaló.
Este supone el último frente de Shakira con la Agencia Tributaria española. La cantante abandonó España a comienzos del 2023 para instalarse con sus hijos en Miami, después de años de exposición pública y litigios fiscales. La Audiencia Nacional concluye ahora que, en el procedimiento relativo al 2011, Hacienda no logró acreditar ni la residencia fiscal en España ni la existencia de fraude.