¿Qué es la extensión de norma y por qué tienen que pagarla las bodegas?
SOMOS AGRO
La tasa que cobra la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) despierta quejas en el sector vinícola
23 oct 2019 . Actualizado a las 18:24 h.En el 2014 se puso en marcha la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), una entidad que nació con el objetivo de convertirse en eje vertebrador del sector, según explican en su web. En ella tenían cabida todos los vinos de España. Y para financiar dicha entidad se estableció lo que en su día se dio en llamarse extensión de norma, una tasa que tienen que pagar todas las bodegas y que permite financiar la actividad de esta nueva organización. Pero la medida ha despertado numerosas críticas, empezando por las de la asociación de Bodegas Familiares de Rioja, que considera que esta nueva organización no representa los intereses del sector del vino amparado por denominación de origen. En Galicia, esta entidad tampoco cuenta con muchas simpatías. «Muchas bodegas pequeñas ni siquiera saben lo que es y nos preguntan cuando les llega el recibo», explica Ramón Huidobro, director técnico del consello regulador de Rías Baixas. Aunque la mayoría optan por pagar el canon, hay algunas que se están negando a hacerlo.
Vigencia y costes
La primera extensión de norma se fijo el 1 de agosto del año 2016 y tenía vigencia hasta el 31 de julio de este mismo año. Establecía que las bodegas tenían que pagar 0,065 euros por hectolitro de vino a granel y 0,23 por el envasado. Y aunque algunos confiaban que con el cambio de gobierno esta medida se viniera abajo, el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, despejó esta semana cualquier tipo de duda. Durante la celebración de un acto en la OIVE, el titular del ejecutivo dejó claro el «firme apoyo» de su departamento a una nueva extensión de norma, «porque demuestra la madurez y viabilidad del proyecto», reza el comunicado oficial. Resaltó que con la puesta en marcha de este mecanismo, la organización podrá llevar a cabo actuaciones para facilitar e incrementar el acceso a mercados exteriores, mitigar y adaptarse al cambio climático, fomentar la calidad, así como diseñar una estrategia sectorial que dote al sector de estabilidad y seguridad. Planas también destacó que esta organización es uno de los instrumentos fundamentales con los que cuenta el sector para dar respuesta a los retos a los que debe enfrentarse en un mundo civilizado.
Quejas del sector
¿Y qué dice el sector? Pues en regiones como La Rioja hay muchas bodegas que se han mostrado contrarias a este canon. La asociación de Bodegas Familiares de esta denominación de origen remitió una carta hace un año al ministerio para denunciar« la imposición de una cuota a todas las bodegas españolas para atender a la presión y a los intereses de los grandes grupos bodegueros y cooperativas y financiar campañas de promoción de vino genérico, e incluso de derivados del mismo, que nada tiene que ver con la estrategia de promoción del vino vinculado al origen y al territorio como es el caso de Rioja». Se quejaban también de que la medida tendría perjuicios económicos para el sector, ya que «la promoción genérica del vino, e incluso de las sangrías y derivados, como la última campaña de la OIVE, va en contra de la filosofía de promoción de la propia Interprofesional del vino de Rioja, con estrategias ligadas al desarrollo territorial». Y es que es cierto que esta denominación de origen cuenta con su propia interprofesional.
¿Qué pasa en Galicia?
En Galicia no ha habido, por ahora, grandes protestas, aunque sí que hay voces críticas. La principal queja de los bodegueros es que no están de acuerdo con el destino que se le da al dinero, pues las campañas de promoción no se centran en vino con denominación de origen. De hecho, hay algunas bodegas de la denominación de origen que se niegan a pagar las cuotas que le corresponden. «Las bodegas están obligadas por ley a pagar esas tasas. Se calculan en base al volumen de litros que tengas y si no pagas te las reclaman con apremio», explican en el consello regulador de Rías Baixas, donde reconocen que hay muchos bodegueros que no saben lo que es ni por qué se les cobra este impuesto. La tasa suele no ser muy elevada, de una media de veinte euros al mes para una bodega de tamaño medio-grande, por lo que tampoco compensa presentar una reclamación judicial.
Parte del problema de esta entidad podría estar en que ha dejado al margen a los consellos reguladores, que son los que de verdad están en contacto con los bodegueros y viticultores de cada zona de España. «Al final, entre las denominaciones de origen igual llegamos a 4.000 bodegas de toda España a la que la OIVE no puede llegar, porque tenemos ese carácter regional que ellos no tienen», añade Huidobro. Echa de menos también una mayor información hacia las bodegas sobre todas las campañas de publicidad que realizan.