Hasta un año de cárcel por comercializar ilegalmente semillas con «royalties»

El mercado paralelo de semillas no certificadas supone un riesgo para la sanidad vegetal al dejar abierta la puerta a la entrada de plagas. Aunque en Galicia la incidencia es menor que en otras partes de España donde la producción de cereal es más acusada, advierten del peligro de adquirir variedades que no cumplen con la normativa

Imagen de archivo de semillas de patata galega
Imagen de archivo de semillas de patata galega

redacción

A mediados del mes pasado la Audiencia Provincial de Toledo confirmó la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de esa misma capital que condenaba a un agricultor de la zona a una pena de nueve meses de cárcel, una multa de 4.230 euros e indemnización por daños causados por un delito contra la propiedad industrial al reproducir y comercializar por Internet grano no autorizado de trigo de una especie de trigo protegida. No es la primera vez que ocurre porque, aunque el mercado de las semillas está estrictamente regulado por la UE y por cada uno de los países miembros, la comercialización paralela de semillas no certificadas es un problema. Y lo es porque no solo provoca millones de pérdidas en España cada año a la industria, sino también porque supone un riesgo para la sanidad vegetal al dejar abierta una ventana a la entrada de patógenos.

Una prueba de lo que puede llegar a ocurrir es que entren plagas como la de la couza guatemalteca en Galicia que, como apuntan fuentes del Servicio de Sanidade y Producción Vexetal de la Consellería de Medio Rural, pudo haber llegado por la utilización de «sementes» que no tenían una garantía de trazabilidad como ha de tener una certificada. De ahí que llamen la atención sobre el peligro de regalar o intercambiar semillas que no cumplan la normativa de certificación.

Porque aunque, como explica el de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) en Galicia, por el tipo de agricultura característico de la comunidad, no hay un mercado paralelo tan acusado como puede observarse en otras partes de España, no hay que bajar la guardia. «Los agricultores pueden guardar semillas para cultivar alimentos para autoconsumo, pero no pueden realizar un mercado paralelo cuando no están dados de alta como obtentor o multiplicador. Lo que detectamos muchas veces es que algunos agricultores o pequeñas tiendas se saltan a la torera la normativa», explica el secretario general de Anove, Antonio Villarroel. Habla además de la existencia, a veces, de un mercado no formal, sobre todo en el campo de la patata.

Desde el Servicio de Sanidade e Producción Vexetal de la Consellería de Medio Rural apuntan que las normas relacionadas con la protección de las semillas son claras. Advierten además que las penas por comercializar semillas protegidas fuera de los cauces legales pueden llegar hasta a un año de cárcel y multas de hasta 400.000 euros. Porque el asunto no es ninguna broma.

Explican que cualquier semilla tiene que estar registrada para poder usarse. En Galicia hay muchas semillas autóctonas que tienen uso libre, pero para producirlas hay que ser productor obtentor registrado. Esas mismas fuentes, aludiendo a la normativa, explican que además hay productores seleccionadores o multiplicadores. La Xunta, por ejemplo, es productor multiplicador a través de centros como el de Mabegondo, Lourizán, el Evega u otros ocho dedicados a producir semilla forestal.

Por eso, a la hora de hablar de semillas, hay que distinguir entre la original de donde pueden sacarse semillas base. Luego están las certificadas, que han pasado todos los controles sanitarios precisos por parte de la Administración y luego están las estándar. En este último caso es el agricultor que las ha multiplicado, con el correspondiente permiso, el responsable de cualquier problema sanitario que pueda acarrear.

«La industria de las semillas dedica el 25 % de ingresos a I+D+i»

Pero además de las autóctonas, o tradicionales, hay variedades protegidas por la Lei de Protección de Variedades. «El sector en Europa invierte más en I+D+i que el sector farmacéutico», resalta Villaroel. De hecho, según los datos de ese colectivo, el 25 % de los ingresos de la industria de semillas se invierte en I+D. En sectores estratégicos como el hortofrutícola, este porcentaje se duplica hasta alcanzar casi el 50 %. De ahí que las empresas obtentoras de esas nuevas semillas tengan derechos de propiedad industrial. Porque colocar una nueva variedad en el mercado tiene un coste de entre 1 y 1,5 millones de euros. Además suele tardarse entre 10 y 12 años.

Por eso, las empresas o agricultores autorizados que las han desarrollado tienen una licencia y cobran royalties por su uso. «Esa protección dura treinta años», explican desde la Xunta. La mayor parte de las semillas protegidas se corresponden con variedades de cereal o productos hortícolas. El volumen de royalties generados por las semillas de cereal suponen una media anual de 4,1 millones de euros, mientras que esos mismos derechos generan en Francia unos 50,7, como calculan en Anove.

Ahí es precisamente donde el mercado paralelo es más acusado. «En Italia el 50 % del tomate es de reproducción ilegal; en España ronda el 20 %», apuntan desde Anove.

En Galicia priman las variedades autóctonas o tradicionales. Pero no por ello hay que bajar la guardia. Porque, como advierten desde la Xunta, resulta importante respetar las normas a la hora de comprar semillas para evitar enfermedades en los cultivos. No hay que olvidar que tienen que estar certificadas o avaladas por un multiplicador reconocido.

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