España debe diseñar antes de mayo el reparto de sus 47.274 millones de euros
23 oct 2020 . Actualizado a las 09:13 h.La aprobación de la futura política agraria común (PAC) 2021/2027 que comenzará a aplicarse en el 2023 es una carrera de fondo en la que todavía no se ha llegado a la meta. Una vez que el Consejo, el Parlamento y la Comisión europea aprueben de modo definitivo cómo van a tejer los hilos con los que confeccionarán esa manta bajo la que se arropan los ganaderos y agricultores europeos, el Ejecutivo gallego deberá hacer un esprint en la negociación con el Gobierno central para que el interés del sector quede bien amarrado en el Plan Estratégico Nacional de la PAC que está elaborando Agricultura y que tiene que presentar en Bruselas antes del 30 de abril del 2021.
Es en ese documento donde se determinarán los criterios de reparto de los 47.724 millones de euros del presupuesto global de la PAC que le corresponden a España. Es ahí donde no pueden obviarse las peculiaridades del territorio gallego, el tamaño de las explotaciones más tradicionales, la importancia de masas forestales como los soutos de castaños o el establecimiento de un tope de ayuda por explotación, el capping, que no afectaría a Galicia por el pequeño tamaño de sus explotaciones en comparación con otras comunidades.
La futura política agraria común, según fuentes europeas, debería estar aprobada definitivamente no más tarde de febrero, después de los avances de esta semana. Un gran paso fue que el Consejo de Ministros de Agricultura lograra consensuar directrices a las que ha de ajustarse el Plan Nacional, como la reserva de un 60 % de los fondos de las ayudas directas a pagos para la renta básica, que un 20 % de los fondos del primer pilar se destinen a los nuevos ecoesquemas (bonificaciones para los ganaderos que voluntariamente cumplan con una batería de medidas para el cuidado del medio ambiente) o que un 2 % de los fondos totales vayan a parar a manos de jóvenes de menos de 40 años. En paralelo, el Parlamento continúa hoy con las votaciones para definir una postura que, hasta ahora, ya defiende la reserva de un 30 % de los fondos del primer pilar a ecoesquemas, frente al 20 % aprobado por el Consejo. El porcentaje final tendrá que ser fruto de una negociación a tres bandas con la Comisión, los llamados trílogos.
Pero más allá de lo que aprueben ahí, es en los criterios de reparto de los 47.724 millones que le corresponden a España donde el sector gallego se la juega realmente. Porque la futura PAC cambia las reglas del juego con la intención, como apuntan fuentes europeas, de que el período de siete años que se abre ahora valga para que las explotaciones comiencen a prepararse para que las ayudas europeas dejen de ser el flotador que aguanta sus cuentas de resultados. La idea es que los fondos de Europa inyecten innovación, digitalización y mejoras medioambientales en unas explotaciones que sean rentables y competitivas en un mundo global. Porque uno de los criterios que introduce la nueva PAC para acceder a las subvenciones es el del rendimiento, con la idea de avanzar hacia un campo que también sea sostenible económicamente.
Ese juego cambia también con los ecoesquemas, una partida en la que Galicia juega con ventaja debido a la cantidad de superficie dedicada a agricultura y ganadería ecológica o a la apuesta por la rotación de cultivos. El problema, como avanzan fuentes de Bruselas, es que puedan dejarse de ejecutar esos fondos por las dificultades que puedan encontrar los ganaderos para su tramitación. Porque los que no se usen podrían transferirse a medidas de desarrollo rural, pero no a otras ayudas directas del primer pilar..