Ecologistas quieren que se obligue por ley a publicar quiénes son los propietarios reales de las empresas pesqueras

Las organizaciones conservacionistas ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF consideran que el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen sancionador de la pesca marítima constituye una oportunidad clave para consolidar el liderazgo del país en la lucha contra la pesca ilegal y, sobre todo, mejorar la transparencia del sector pesquero. En este sentido, una cuestión que los ecologistas echan de menos es que el texto legal obligue a publicar información sobre quiénes son las personas y empresas que realmente se benefician de las actividades pesqueras, para de esta manera evitar entramados societarios que faciliten prácticas cuando menos poco ortodoxas.

Ocurre que, en ocasiones, el titular real de una embarcación o empresa pesquera difiere del propietario registrado, con intermediarios o testaferros y, al entender de las organizaciones, esa opacidad «permite que las sanciones por pesca ilegal y otros delitos graves, como el trabajo forzoso, la trata de personas, el contrabando de drogas o el tráfico de especies protegidas, se queden en esos intermediarios y no repercutan sobre los verdaderos beneficiarios».

Por eso quieren que se obligue a dar información tanto de buques con bandera española como aquellos con pabellón extranjero en los que ciudadanos o empresas españolas tengan participación. Esto, dicen, «resulta especialmente relevante», porque, de acuerdo con una investigación de Oceana el 23% de los buques de fuera de la UE pero de propiedad española —un total de 52 embarcaciones— podrían estar registrados en países donde hay riesgo de pesca ilegal, y que en muchas ocasiones son paraísos fiscales.

Por eso, ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF instan a los miembros del Congreso y del Senado a que, durante la tramitación parlamentaria de la ley, incluyan obligación clara para identificar y registrar a los titulares reales de las embarcaciones pesqueras, además de asegurar poderes sancionadores efectivos para actuar contra los titulares reales de embarcaciones implicadas en la pesca ilegal y otras actividades ilícitas. Otra de las peticiones que hacen es que esa titularidad real sea de acceso público de modo que las autoridades, el sector y la ciudadanía puedan verificar qué empresas controlan realmente las embarcaciones pesqueras.

Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, manifestó que «España es un líder en la gobernanza del océano y el control pesquero, y la aprobación de esta nueva Ley de Control es una prueba de ese compromiso». Ahora bien, para consolidar su liderazgo y combatir la pesca ilegal, «el país debe garantizar que la norma incluye medidas de transparencia que desenmascaren a los verdaderos propietarios de las embarcaciones pesqueras. Esto creará unas condiciones equitativas para los operadores legítimos y permitirá que los infractores rindan cuentas», añadió.

Por su parte, Clara Burillo, responsable de políticas oceánicas de Environmental Justice Foundation (EJF) explicó que «la mayoría de los pescadores españoles operan de forma responsable, y una mayor transparencia protegerá su reputación y competitividad». De esta manera, «exigir información sobre la titularidad real es una práctica habitual en otros sectores económicos y permitirá que la pesca española se alinee con las mejores prácticas, ayudando a las autoridades a distinguir entre los buenos y los malos operadores y a cerrar lagunas en la aplicación de la ley».

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