BNG y PP reclaman al alcalde medidas inmediatas al denunciarse que, sin un interventor con la categoría exigida, no hay garantías de control económico
05 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal de Cuentas levantó la alfombra, pero el gobierno municipal se toma tiempo antes de pronunciarse. El organismo estatal que chequea la gestión económica de las instituciones públicas denunció en un reciente informe que tener más de dos años al frente de la Intervención del Concello de Vigo a un funcionario sin la titulación exigida (categoría superior) no ofrece «garantías suficiente de control interno de la gestión económica», todo ello en el Concello más importante de Galicia.
También dijo más cosas, como que «no se está cumpliendo la normativa aplicable para un ejercicio adecuado de la función de control».
El gobierno municipal guardó ayer completo silencio sobre este asunto, pese a que Abel Caballero prometió por la mañana la emisión de un comunicado. Al ser preguntado por este asunto, la escueta respuesta del regidor fue: «Se responderá por escrito». La Alcaldía no envió ningún comunicado oficial ni colgó noticia alguna en su web.
Ante ello, desde la oposición se manifestaron de manera crítica, aunque con diferente contundencia. Mucho mayor fue la del BNG, actualmente distanciado del gobierno socialista. Así, su portavoz, Iolanda Veloso, consideró que «non nos parece a decisión máis responsable do alcalde da maior cidade de Galicia. O Concello ten un nivel de xestión importante e non é a situación máis desexable ter un interventor provisional e cuestionado».
Esta dirigente atribuye la responsabilidad de la situación al alcalde, que es el encargado de hacer el nombramiento tras cesar a su antecesor, Juan Ramón González Carnero, que sí era interventor superior, categoría obligada para hacerse cargo del Concello vigués. A continuación, solucionó el vacío nombrando al exconcejal socialista de Nigrán Luis García Álvarez, interventor de entrada y responsable de Contabilidad en el Concello vigués. Ello ocurría en febrero del 2012, sin que después haya convocado el correspondiente concurso para regularizar la situación.
Y ello a pesar de que la Dirección Xeral de Administración Local ha negado una tercera prórroga, tras las dos primeras y únicas contempladas en la normativa, y exigido que convoque la plaza. Lo más llamativo es que Caballero puede elegir al interventor que quiera de los que se presenten al concurso, por lo que su intención debe ser otra. La apuntó ayer Iolanda Veloso, al sugerir que «posiblemente quere que siga ata o final do mandato. Era un nomeamento provisional e se vai dilatando».
Por su parte, el Partido Popular se limitó a exigir un «pronunciamiento rápido de los servicios jurídicos del Concello tras la advertencia enviada por el Tribunal de Cuentas». El portavoz José Manuel Figueroa señaló que «se debe obrar en consecuencia para saber si se está actuando conforme a la legalidad, o no». «Debemos saber en qué terreno nos estamos moviendo», añadió, cauteloso.