El concurso público otorgó el servicio a una empresa después de 47 años de gestión por parte de Agasfra
13 oct 2014 . Actualizado a las 18:21 h.El PP se ha comprometido hoy a mediar con la Xunta para «encontrar una solución» a las personas afectadas por el cambio de titularidad de la gestión del centro San Francisco en Vigo, de atención a discapacitados intelectuales.
La adjudicación por parte de la Consellería de Bienestar, mediante un concurso público en agosto pasado, a la empresa privada Doral Residencias, frente a Agasfra, que lleva prestando el servicio durante 47 años, ha generado protestas y denuncias por los sindicados UGT y CIG que consideran que la Xunta ha privilegiado factores económicos.
Tras una reunión con responsables de este centro de educación especial para personas con discapacidad intelectual, el portavoz municipal del PP, José Manuel Figueroa, ha considerado que la asociación debe actuar con «extrema sensibilidad» el caso, ya que hay 73 personas que reciben atención.
El PP ha abogado por «cumplir la legalidad» tras haber perdido el Centro San Francisco de Vigo su concierto con la Administración gallega.
Esa formación política ha anunciado que esta semana contactará con la Consellería de Bienestar para «hacer todo lo posible para que todo salga bien y, al mismo tiempo, se cumpla la legalidad».
El presidente de la asociación San Francisco, Eladio Fernández, ha manifestado que la reunión con representantes del PP local se ha desarrollado en un ambiente «cordial y positivo» y ha permitido que conozcan los «argumentos y los problemas que se le crean a las personas con discapacidad intelectual»,
Fernández ha detallado que estudiarán los procedimientos jurídicos, ya que existen «muchas lagunas», incluida «la subrogación del personal», además del «daño a las personas con discapacidad que están desahuciando de su casa actual sin ninguna consideración y por problemas económicos».
El presidente ha anunciado además una concentración mañana ante el edificio administrativo de la Xunta en Vigo y, el próximo martes una cadena humana que discurrirá desde el centro, en Coia, hasta el Ayuntamiento.
Por su parte, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, ha afirmado durante una visita a un centro social de Vigo esta mañana que San Francisco no tienen permiso de inicio de actividad necesario para que «el dinero de la Xunta de Galicia se pueda convertir en plazas públicas».
Según ha matizado, «todas las entidades de Galicia» acreditaron sus instalaciones desde 2009, a excepción del centro vigués que «ha sido atendido con el máximo respeto y sensibilidad año tras año para darle la oportunidad de regularizar su situación».
Además, ha indicado que actualmente el concurso se encuentra «paralizado» en espera de resolver un recurso presentado por la propia entidad.