El gobierno municipal ignora su pacto con el PP y mantiene el cobro en cada recibo bimestral de un mínimo de 30 metros cúbicos que pocos alcanzan
02 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El cobro del agua por consumo real seguirá siendo solo un deseo en Vigo a pesar del acuerdo alcanzado hace nueve meses por PP y PSOE para sacar adelante el presupuesto municipal del 2014. El portavoz popular, José Manuel Figueroa, aseguró entonces que una de las contrapartidas de los socialistas, posiblemente la más relevante, consistía en modificar el sistema de tarificación y que cada familia solo pagaría el agua que gastara. Sin embargo, el año 2015 empieza sin cambio alguno en esta materia y el propio alcalde, Abel Caballero, cerró la vía a cualquier modificación al confirmar en la última rueda de prensa del año pasado que el recibo se congelará en el 2015, sin alusión alguna a la esperada modificación.
En estos nueve meses el oscurantismo sobre esta promesa ha sido la tónica en las declaraciones de los dos partidos implicados. Desde el PP se insistió en que el gobierno municipal había encargado un estudio a la Universidad para transformar el recibo y en el PSOE no lo negaron. Pero el plazo se ha agotado y todo sigue igual unido todo ello a la negativa de Caballero y su gobierno a dar cualquier dato sobre este asunto.
En estas condiciones, Figueroa expresó semanas atrás su confianza en que el pago por consumo real se aplique antes de las elecciones, pero sin dar plazo alguno. Se limitó a decir que si se aprueba en enero o febrero entraría en vigor en el recibo de marzo/abril, el último antes de los comicios municipales del próximo 24 de mayo. Intentaba así defender la eficacia del acuerdo presupuestario sin que la otra parte lo avalara.
La rebaja en el precio del agua, que implicaría el pago por consumo real, ha sido un objetivo de los dos grupos de la oposición, PP y BNG, a lo largo de todo el mandato. En tres ocasiones han llevado a pleno mociones en este sentido, que los socialistas han avalado para no quedar en minoría y conscientes de la impopularidad de un rechazo. Pese a ello, en estos tres años el Concello se limitó a encargar un estudio a la concesionaria, obviamente parte interesada, que de nada ha servido.
De eliminarse el mínimo actual de 30 metros cúbicos cada dos meses se estima que la recaudación de Aqualia disminuiría sensiblemente y esta es la causa de que no se haya llevado a cabo. La única forma de compensarlo consistiría en subir el precio del metro cúbico, una fórmula que podría generar mayor oposición que la actual. Fuentes municipales estiman que la concesionaria ingresa del orden de 50 millones de euros anuales en Vigo, lo que da idea de la relevancia de la decisión.
Ante este complicado panorama, el gobierno de Caballero ha logrado ganar tiempo hasta las elecciones con su pacto con los populares. Previamente, el alcalde había beneficiado a Aqualia con una prórroga de la concesión durante cinco años (2016 al 2020) mediante una decisión directa, un alargamiento del contrato que no pudieron impedir PP y BNG pese a su rechazo.