La Xunta quiere pactar con el sector restricciones de pesca en Cíes

La Voz BUEU / LA VOZ

VIGO

XOAN CARLOS GIL

La conselleira de Medio Ambiente apela a la conservación del estado natural de las islas

23 sep 2017 . Actualizado a las 14:18 h.

Sectores productivos, vecinos, concesionarios y concellos conocerán a principios de octubre el Plan Reitor do Uso e Xestión do Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, según afirmó la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, en una visita realizada ayer a Bueu. La titular autonómica explicó que un texto de estas características es «complexo» y que por eso se ha tardado tanto en su elaboración. Se han tenido que tener en cuenta aspectos de todo tipo para poder redactarlo. Ahora se presentará a los afectados

Mato admitió que el documento incluirá la aplicación de restricciones a las actividades que se permitirán en el entorno de las islas Cíes, si bien matizó que se intentará buscar, en la medida de lo posible, el consenso. Lo que no hizo la conselleira es precisar cuáles serán estas limitaciones, pendiente de que lo conozcan el sector pesquero, vecinal y los concellos. «Falar de usos é falar de restricións e tamén é falar de boa conservación do estado natural que teñen as illas», aseveró. La conselleira añadió que en este sentido, la protección del medio va aparejada con la aplicación de restricciones que cree que es posible pactar y por eso tendió la mano a las cofradías y a los mariscadores. «O sector da pesca vai ser o primeiro en coñecer o texto», puntualizó.

Cabe recordar que el plan rector se lleva tramitando desde el 2011 y que se han realizado cambios en el documento que la Xunta admite que son «en profundidade», adaptando la Ley de Parques Nacionales de diciembre del 2014 y el plan rector de los parques nacionales según un decreto de octubre del 2016, que es de obligado cumplimiento.

En el 2010 la Xunta ya presentó un plan que el sector pesquero rechazó de plano. Contemplaba un total de 46 ámbitos marinos en los que se prohibía o se restringía la pesca. Fue el enfrentamiento de posturas entre las partes -en la otra estaba el patronato del Parque- lo que llevó al Gobierno autonómico a elaborar un nuevo documento buscando el consenso.

El patronato considera irrenunciable fijar zonas de reserva por tratarse de un espacio protegido. El objetivo es salvaguardar bosques y fondos marinos de gran valor.