El Ayuntamiento le pasa un recibo de casi un millón de euros cada año
13 nov 2017 . Actualizado a las 18:24 h.Es probable que el debate sobre si el nuevo hospital de Vigo es público o privado no muera nunca. La polémica ha sido constante desde que en el año 2009 la Xunta reconoció que tiraría del capital privado para la construcción del centro sanitario, aunque mantendría la gestión pública. Pero, más allá de la gresca política, es un debate con fuertes consecuencias económicas. Solo en el Concello, de cómo se despeje depende el pago de casi un millón de euros cada año.
Porque ese es el dinero que el Concello quiere cobrar por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A., la unión de empresas que construyó el Álvaro Cunqueiro y que gestionará durante dos décadas sus servicios no clínicos y explotaciones comerciales. El año pasado, el gobierno local pasó el recibo por primera vez a la concesionaria y ascendió a 965.864,31 euros, según confirman fuentes sanitarias. La concesionaria se negó a pagarlo y recurrió al Tribunal Económico Administrativo del Concello. Este órgano insistió en que la empresa debe pagar. Así que la unión de empresas que forman Acciona, Puentes y Calzadas, Veolia y Concessia ha acudido al juzgado contencioso-administrativo para reclamar.
Y aquí es donde la cosa se complica y entra en juego el debate sobre si el hospital es público o privado. Pero no el debate político, sino el debate jurídico. Si el hospital es público no paga IBI. La ordenanza que regula ese impuesto local establece que los centros sanitarios que sean titularidad del Sergas y que fuesen construidos después del 2007 están exentos.
Pero el Concello de Vigo considera que el titular del Cunqueiro no es el Sergas, sino Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A., y que solo lo revertirá al Sergas cuando se termine el plazo de concesión, para lo que quedan 18 años. Por tanto, es privado. Y, por tanto, paga IBI.
Por el contrario, la unión de empresas asegura que el hospital no es suyo, sino del Sergas, y que así consta en el Registro de la Propiedad. En ese argumento basa su recurso. Oficialmente, el Servizo Galego de Saúde sostiene una versión parecida, ya que destaca que el hospital es público y que su único titular es el propio Sergas.
Así que, en parte, serán los tribunales los que dictaminen si el nuevo hospital de Vigo es público o privado. Oficialmente, se construyó siguiendo un modelo de colaboración público-privado. Esto significa que la Xunta no pagó ni un solo euro mientras estaba en obras y que en los veinte años siguientes -desde septiembre del 2015- tiene que abonar el capital y los intereses de la construcción y también el canon por la gestión de los servicios no clínicos, desde el mantenimiento o la limpieza del inmueble, hasta la lavandería y la comida.
La demanda presentada por la concesionaria se refiere solo al recibo del 2016, pero el período de pago del recibo del 2017 del IBI urbano acaba de concluir y el Concello tenía previsto intentar cobrarlo otra vez. Fuentes sanitarias aseguran que la firma que gestiona la parte no clínica del Cunqueiro seguirá la misma política con ese impuesto. Esto significa que primero tiene que presentar el recurso administrativo ante el propio Ayuntamiento y, cuando previsiblemente se resuelva en contra, podrá acudir al contencioso. Para entonces, estarán en juego casi dos millones de euros.
Cuando el juzgado resuelva una vez, ya quedarán solucionados todos los posibles recursos similares.
Un impuesto que recauda 63 millones y que exime a la Iglesia y los colegios
El impacto en las cuentas municipales del IBI del Álvaro Cunqueiro no es una cuestión menor. Difícilmente puede haber en Vigo un recibo de la contribución superior a ese. Los propios técnicos municipales recogieron como un impacto significativo la inclusión de Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A. dentro del padrón del impuesto de bienes inmuebles. Este año, el Concello prevé recaudar 63,5 millones de euros por todo el IBI urbano, de manera que en el hospital se está jugando un 1,5 %, que para ser un solo cliente es muy significativo.
El gobierno local tiene el apoyo de Marea de Vigo en este asunto. La coalición de izquierdas ha llegado a presentar mociones en el pleno municipal para reclamar que se cobrase el IBI a la concesionaria del hospital. «Ya se le cobra», respondió un día el concejal de Facenda, el socialista Jaime Aneiros, sin especificar que la unión de empresas no lo ha pagado. En el caso de Marea, no es tanto una cuestión económica como ideológica: la alianza Esquerda Unida-Anova ha querido mostrar con esas reclamaciones su rechazo al modelo impulsado por el PP para construir el nuevo hospital de Vigo.
Según la ordenanza del IBI, sí están exentos los bienes de la Iglesia Católica, los colegios públicos -en este caso son todos, no solo los construidos a partir del 2007, como en sanidad-, las construcciones de los colegios concertados que se dedican efectivamente a educación, los consulados, los montes comunales y las sedes de consulados. La Universidad, en Vigo, sí lo paga, aunque no en Pontevedra y Ourense.