El Sergas pone fin a la guerra de la resonancia y la integra en el Chuvi

La empresa publica Galaria deja de tener en exclusiva la prueba que mantenía desde hacía dos décadas y pasa a mantener solo la resonancia móvil


El Servizo Galego de Saúde ha decidido poner fin a la guerra de la resonancia de Vigo. Después de 23 años, el Sergas ha comenzado el proceso para acabar con la división que existía en la radiología por la existencia de una empresa pública, Galaria (antes Medtec y cuya gerente es la exconselleira Rocío Mosquera), que se ocupaba de hacer todas las resonancias, mientras que el resto de las pruebas radiológicas (tac, ecografía, placa simple, etc.) las hacían los hospitales. El gerente del organismo sanitario, Antonio Fernández-Campa, ha anunciado este mediodía que hoy comienza el proceso para acabar con esa histórica división, que ha generado tantas protestas profesionales en el área de Vigo.

La decisión llega después de una sentencia del juzgado que dice que el Sergas puede organizar la resonancia como quiera, frente al recurso de tres radiólogos que pedían al juez que mantuviese la resonancia en exclusiva para Galaria. En mayo del 2016, el Sergas comenzó el proceso de integración funcional de la resonancia, que pretendía ser un modelo mixto: que existieran dos estructuras pero que se empezase a dar acceso a la resonancia a los radiólogos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Esto no hizo más que recrudecer el problema.

Hace ahora un año, radiólogos de Galaria recurrieron el proceso de integración alegando que el jefe de servicio se estaba inmiscuyendo en sus funciones. El Sergas trató de contener el conflicto lanzando un plan de resonancia que no hacía más que consagrar la preeminencia de Galaria, a la que reservaba el 65 % de todas las pruebas. Esa empresa pública tiene una decena de radiólogos, frente a más de 40 del Chuvi.

Pero todo este proceso afectó también a los pacientes. Hubo un día en que la unidad de diagnóstico por imagen de la empresa pública dejó sin atender a diez pacientes que tenían tacs programados. A partir de ahí la presión no dejó de crecer y terminó con varios jefes de servicio del hospital exigiendo al conselleiro en una reunión privada que resolviese el conflicto de la resonancia y pusiese fin a Galaria.

Seis meses de plazo

Ese es el proceso que ha comenzado hoy, dos semanas después de la sentencia, adelantada por La Voz, que estableció que Galaria no puede mantener la exclusiva de las resonancias. Campa ha reconocido que esa sentencia ha dado empuje al proceso, al garantizar que todo es legal. Ahora se abre un plazo de seis meses que debe culminar con el hospital absorbiendo la resonancia y con Galaria manteniendo únicamente la resonancia móvil, ese camión que recorre los hospitales comarcales, donde sería muy caro mantener y sacar partido a una máquina así.

El Sergas resuelve con este inesperado movimiento una guerra que estaba haciéndole daño dentro del Hospital Álvaro Cunqueiro. El centro sanitario de Beade había nacido para poner fin a la fragmentación de la asistencia sanitaria y esta solo se mantenía en el ámbito de la resonancia. Todos los servicios que hasta entonces habían estado divididos entre los hospitales Xeral y Meixoeiro se habían unificado. Incluso la cirugía cardíaca y la cardiología intervencionista habían pasado de Galaria al Chuvi justo antes de abrirse el Cunqueiro.

Campa ha explicado que ahora se ofrecerá al personal de Galaria pasarse al hospital. Habrá que modificar los estatutos de la empresa pública y reducir su capital social. Finalmente, se hará un decreto.

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La sanidad pública hace resonancias en Vigo desde 1996 y desde ese momento hay una pugna en la radiología por esa prueba, la más avanzada de las técnicas de imagen. La Xunta creó la empresa Medtec y le reservó en exclusiva las resonancias: el servicio de radiología de Medtec (ahora Galaria) hacía esa prueba y la vendía, que tenía su propio servicio de radiología en el Xeral y en el Meixoeiro. Esa pugna se convirtió en guerra abierta en el año 2002, según se desprende de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, que ayer adelantó La Voz, y que dictamina que el Servizo Galego de Saúde puede organizar como quiera la realización de las resonancias y no como pretenda la empresa pública Galaria, que quiere mantener el control de la prueba.

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