La trabajadora en precario había pedido paralizar la requisa de sus ahorros porque tenía un hijo de corta edad y la deuda con la Seguridad Social se estaba duplicando por no poder pagar
26 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Una madre de Vigo de familia humilde y un hijo de corta edad ha perdido su batalla legal contra la Seguridad Social, que le está embargando sus cuentas, ahorros o salarios para requisarle 11.415 euros que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) consideró que había cobrado indebidamente por una compensación correspondiente a un ERTE. Pese a las súplicas de la trabajadora de vida precaria, que impugnó judicialmente la resolución del SEPE, el Tribunal Supremo le ha denegado una medida cautelar para la suspensión de la ejecución administrativa.
La mujer pidió en vano desde el 2021 que la Tesorería General de la Seguridad Social suspendiese la medida recaudatoria hasta que hubiese una sentencia definitiva porque no podría pagar su deuda ni aunque le diesen un plazo de 60 mensualidades para fraccionar el pago. Ante la imposibilidad de abonar tan elevadas cantidades, estaba aumentado cada día su deuda con la Seguridad Social, la cual se había duplicado en poco tiempo.
En julio del 2022, la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le denegó la suspensión de la ejecución de la medida recaudatoria. El caso llegó al Tribunal Supremo, que avaló el embargo.
La mujer había alegado indefensión porque llevaba más de un año pidiendo la suspensión y los juzgados o no le contestaban o decían que no tenían competencia. Alegaba que una sentencia definitiva supondría «perjuicios de difícil o imposible reparación, cual son, el sustento vital de la mujer, de economía humilde y un hijo de corta edad». Mientras no se resolvía su pleito, seguía aumentando su deuda a pasos agigantados con la Seguridad Social.
El Supremo replica que la beneficiaria «no ha intentado una mínima actividad probatoria tendente a justificar la adopción de la medida solicitada, limitándose a efectuar manifestaciones sobre el perjuicio que le ocasionaría su no adopción en una economía precaria como la suya, lo que no es suficiente». Añade que, en otros casos similares al suyo, había una sentencia a favor del litigante y no todas en contra, como es su caso. Le perdonan el pago de las costas del proceso judicial.