El Consello Consultivo rechaza la gestión del Concello en los gastos de la obra
19 nov 2023 . Actualizado a las 21:40 h.Han pasado más de dos años desde la inauguración del centro comercial Vialia, y la plaza de Urzaiz sigue siendo el embudo en el que confluye el tráfico generado por los usuarios de la estación de tren, los autobuses de la intermodal y los clientes del espacio levantado alrededor de la infraestructura del ADIF. Los buses apenas han podido utilizar el acceso y salida directa desde la AP-9, como también el nuevo túnel que une la calle Lepanto con la autopista no ha tenido más que un uso anecdótico desde que se abrió en diciembre pasado. El montaje del ascensor Halo ha cegado hasta ahora ambas conexiones.
Pero las obras de otro enlace en el mismo espacio, las del túnel llamado a liberar al casco urbano de todo el tráfico con destino a Vialia llegado por autopista desde el área metropolitana, resto de Galicia y Portugal, lleva un año empantanado por la gestión administrativa y económica de los trabajos por parte del gobierno municipal, vigués. El túnel de un kilómetro que remata el acceso desde la AP-9 al centro comercial y estación de Urzaiz —con boca en sentido descendente antes de confluir con la calle Alfonso XIII—, está paralizado desde que el Consello Consultivo de Galicia dictaminó hace once meses que un notable incremento del precio del contrato aprobado por el Concello «foi abonado á empresa adxudicataria, a pesar de carecer de cobertura legal para iso, incorréndose polo tanto nunha ilegalidade manifesta». El dictamen que sale ahora a la luz señala, con la unanimidad de todos los integrantes del Consello Consultivo, que la decisión del gobierno vigués de pagar un sobreprecio del 23,94 % del presupuesto inicial de la obra y sin un visto bueno externo «mingua as garantías xurídicas que deben presidir a actuación administrativa en materia de contratación pública».
Obligación legal
Cuando se aplica un sobrecoste a una obra pública que supera el 20 % de lo pactado y el presupuesto total es de más de 6 millones de euros, debe de contar con el visto bueno preceptivo del Consejo de Estado o de su equivalente autonómico para verificar que no hay una maniobra de oferta a la baja para ser aumentada después de su adjudicación. El Concello de Vigo pidió ese dictamen, pero acordó con la firma de su concejal de Fomento, el teniente de alcalde Javier Pardo, autorizar la continuidad de las obras mientras el órgano consultivo estudiaba el caso. Dicho análisis se demoró siete meses, según el Consello Consultivo por una deficiente información prestada desde el Ayuntamiento, «omitiendo as máis elementais normas de procedemento administrativo».
El precio de la obra pasó de 9,23 millones de euros a 11,47 ,millones y los fondos dispuestos se han agotado abocando los trabajos a la situación que sufren desde hace meses, su absoluta paralización. Solo una nueva inyección de dinero aprobada esta semana por el Consejo de Ministros en funciones, y con el visto bueno del Consello de la Xunta, facilitarán la continuación de las obras, siendo para ello necesario que el Concello, encargado de licitar y contratar los trabajos levante la suerte de reparo formulada desde el órgano consultivo en su informe, obligatorio, pero sin embargo no vinculante.
El bloqueo de la culminación del túnel ha sido camuflado por el Concello con la excusa de las obras del Halo, pero en realidad los fundamentos de dicho bloqueo son legales y económicos. El reparo hecho por el Consello Consultivo pesa sobre la obra en la que la aparición de tierras contaminadas por la antigua actividad ferroviaria en la zona aumentó el coste del túnel. El tratamiento de ese suelo ya originó contratiempos a la Xunta a la hora de hacer la estación intermodal, pero la Administración autonómica sí logró meter el sobrecoste en el presupuesto vigente.
El informe del organismo consultivo dejó advertido que las obras hechas desde que se comunicó la existencia del sobreprecio no tienen cobertura legal y la modificación del presupuesto es directamente «ilegal». Dichas circunstancias sumadas al agotamiento de las partidas disponibles, han impedido que ningún técnico se haya prestado a firmar la continuación de los trabajos, según constatan fuentes implicadas en el proyecto del túnel. Este paso subterráneo que discurre bajo Lepanto y la estación de buses, desemboca entre el edificio de Vialia y el carril de incorporación a la AP-9 que se abrió el año pasado, pero que también está fuera de servicio. La salida aún sin rematar llevará al aparcamiento del complejo comercial y a su muelle de carga y descarga de mercancías.
La reapertura del paso de Lepanto, previsto para dos días antes del encendido de la Navidad
Las obras del Halo, el mal tiempo y no poca ausencia de transparencia condenan desde hace meses la salida subterránea hacia la AP-9 que tomó en el centro de Vigo el relevo del paso elevado sobre la calle Lepanto, un auténtico tapón para la normal circulación de furgonetas y autobuses en sentido García Barbón y Cervantes. Inaugurado por el gobierno municipal en diciembre del año pasado, este túnel quedó fuera de servicio a los tres meses de su apertura, y tras una breve liberación al tráfico, de nuevo se bloqueó en marzo, en principio para entrar en uso definitivamente a partir de entonces. Sin embargo, el Concello decretó de nuevo su cierre durante todo el verano, acumulando ahora dos meses por encima de la fecha anunciada para su apertura. El calendario se ha movido cuatro veces ya, para fijar su puesta en servicio para el próximo miércoles, dos días antes del encendido de las luces de Navidad en Vigo. Fue precisamente el caos de tráfico vivido en las Navidades pasadas lo que impulsó su apertura, que ahora de nuevo es vital.