El Concello rechaza que el edificio pueda ser rehabilitado, como quiere la empresa
14 mar 2026 . Actualizado a las 02:21 h.La empresa Freiremar acumula ya tres multas coercitivas del Concello de Vigo por no ejecutar las actuaciones exigidas sobre una nave industrial situada en el número 35 de la rúa Jacinto Benavente. El edificio está declarado en ruina técnica y tiene orden de derribo. La última sanción, de 6.000 euros, se impone al comprobar Urbanismo que no se ejecutó completamente el derribo parcial autorizado en el inmueble. El expediente municipal refleja un conflicto urbanístico que se prolonga desde hace años y que tiene su origen en el deterioro del edificio y en las actuaciones exigidas por la administración para garantizar su seguridad.
Freiremar había solicitado licencia para rehabilitar y adaptar la nave industrial existente con el objetivo de adecuarla a la normativa y dar cumplimiento a una orden municipal previa. Sin embargo, durante la tramitación del expediente los servicios técnicos municipales concluyeron que el estado del edificio era incompatible con esa intervención.
El Concello declaró formalmente el inmueble en situación de ruina técnica en mayo del 2022. Esa resolución implicaba la orden de derribo de la nave y cerró la puerta a la rehabilitación pretendida por la empresa.
Posteriormente, el Ayuntamiento concedió una licencia para ejecutar un derribo parcial del inmueble. Esa autorización permitía realizar trabajos de demolición sobre parte de la estructura de la nave.
El expediente recoge además la intervención de los servicios de emergencia durante ese proceso. Un parte del servicio de la Policía Local y un informe del servicio de bomberos dieron cuenta del derribo del piso superior de la edificación. Tras analizar esa documentación, Urbanismo comprobó que no constaba que la licencia concedida para el derribo parcial en noviembre del 2022 se hubiese ejecutado en su totalidad. Ese incumplimiento es el que llevó al Concello a imponer una nueva multa coercitiva a la empresa propietaria. La sanción asciende a 6.000 euros y constituye la tercera de este tipo dentro del mismo expediente urbanístico.
Las multas coercitivas no tienen carácter punitivo, sino que se utilizan como instrumento administrativo para obligar a cumplir las órdenes dictadas por la administración.
En paralelo a ese proceso, la empresa trató de seguir adelante con su proyecto de rehabilitación. Freiremar presentó alegaciones y posteriormente interpuso un recurso de reposición contra la resolución municipal que había denegado la licencia solicitada.
Recurso
En ese recurso pedía que se anulara la decisión del Concello y que se le concediera autorización para rehabilitar la nave industrial existente. El objetivo de la empresa es tirar toda la nave para construir una nueva, lo que para el Ayuntamiento no es viable porque la parcela no tiene condición de solar al no dar a un vial público.
La administración municipal ha rechazado ahora esa petición y mantiene la denegación de la licencia. La resolución considera que las obras de rehabilitación solicitadas no pueden autorizarse porque el edificio se encuentra declarado en ruina técnica, lo que implica su demolición. «Non se pode rehabilitar unha edificación derrubada por inexistente», reza el expediente.
Además, la parcela no resulta edificable al no dar en la actualidad a un vial público, por lo que el Concello no puede dar licencias en ese ámbito. El planeamiento municipal prevé la apertura de una calle por el frente este de la parcela, pero ese vial todavía no ha sido urbanizado, por lo que el terreno no cumple las condiciones urbanísticas necesarias para autorizar una nueva edificación. Por este motivo, el Concello rechazó la licencia solicitada por la empresa para rehabilitar o levantar un nuevo edificio.