La empresa ha recurrido el Plan Xeral y la última orden de derribo de los bungalós
07 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La finca que ocupa el cámping de la playa Ladeira, en Baiona, es propiedad de la Dirección General de Costas y la empresa solo tiene la autorización para la ocupación y aprovechamiento de este dominio público terrestre. Parece un enunciado sencillo pero realmente es el fallo de una sentencia del Tribunal Supremo que culmina un litigio que arrancó hace veinte años, cuando una orden del Ministerio de Medio Ambiente aprobó el deslinde de esta parcela y que se ha batallado desde entonces en cuatro sedes judiciales y administrativas. La última en la Audiencia Nacional, que dictó resolución a favor de la Administración General del Estado en marzo del año pasado y que ahora ratifica el Tribunal Supremo.
La empresa reclamaba que se condenase al Estado a respetar la propiedad exclusiva de la sociedad Cámping Bayona Playa sobre esta parcela de 40.000 metros cuadrados que el dueño le compró en 1971, seis años después de que una orden ministerial la excluyera del dominio público. En 1979 se solicitó y otorgó licencia para la instalación y apertura de un campamento turístico de primera clase. La titularidad de la propiedad se discutió en varias salas y tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, se le otorgó en el 2002 al dueño del cámping. Sin embargo, el Supremo considera que hay una incompatibilidad jurisdiccional e incluso una contradicción entre salas que, en relación a la misma finca, llegan a conclusiones distintas sobre sus condiciones físicas. Pone fin al debate validando el deslinde practicado en 1996, tras la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, como ya había hecho la sentencia de la Audiencia Nacional.
Además de la disputa por la titularidad de los terrenos, hay otros dos frente judiciales abiertos pero con la administración local. Uno se refiere a la clasificación del suelo y otro a los 34 bungalós construidos sobre el terreno y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró ilegales en el 2005 por estar en suelo de protección paisajística. La concejala de Medio Ambiente explicó ayer la situación de estos procesos, que también se siguen en instancias judiciales diferentes y ya están en fase de recurso.
La empresa denunció ante en Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Baiona, que cataloga la finca sobre la que está el cámping como suelo rústico de alta protección. La propiedad recurrió el documento urbanístico para que se incluyera como suelo rústico, pero el Concello ha ganado este primer asalto, confirmó ayer la concejala María Iglesias.
El otro proceso ha sido mucho más mediático y se refiere a los 34 bungalós que están en primera línea de playa y que el BNG denunció en el 2000. El último auto judicial fue de finales del 2014, cuando El TSXG reclamó al Concello que declarara el carácter ilegalizable de las obras que el mismo tribunal había declarado ilegales en el 2005, para dar respuesta a un recurso de la propiedad contra la denegación en su día de la licencia municipal, que solo se había resuelto por silencio administrativo. Desde el Concello se ha insistido siempre en que los bungalós son ilegalizables. La primera orden de derribo la firmó Benigno Rodríguez Quintas siendo alcalde en el 2002 y desde entonces se han sucedido otras dos.