Implicados en una operación contra el tráfico de armas de Gondomar y Pazos eluden la cárcel

Un taller clandestino de armas desmantelado en el 2020 en Pazos de Borbén era una arista más de la bautizada operación Dua. El balance conllevó tres detenidos y dos investigados. En el taller, según la investigación, se reparaban armas y municiones que luego eran vendidas de forma ilegal. Los implicados, inicialmente, estaban acusados de un delito de tráfico de armas, tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos. Se realizaron otros seis registros en domicilios de Pontevedra, Vigo y Gondomar y se incautaron cerca de medio centenar de armas de fuego, más de 8.500 cartuchos metálicos de diferentes calibres, 42 kilos de pólvora y numerosos cañones y piezas fundamentales usadas para manipular armas y fabricar munición artesanal.

Aquel procedimiento partió del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas en el marco de una otra investigación por los mismos delitos, bautizada Iceberg, y cuyo único acusado fue condenado en primer instancia el mes pasado a tres años y medio de cárcel.

Pero la operación Dua acabó repartida en otros juzgados de la provincia, atendiendo a la ubicación del domicilio de los implicados. El investigados en Pontevedra, al que se atribuye el papel de coleccionistas de armas que tenía piezas no autorizadas, llegó a una conformidad para evitar el juicio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra. Lo mismo ocurrió con los detenidos en Gondomar y Pazos de Borbén. Ninguno fue juzgado tras alcanzar acuerdos de conformidad con penas de dos años de cárcel que no conlleva el ingreso en prisión. Las sentencias que recogen las conformidades evidencian las diferencia de criterios entre la investigación de la Guardia Civil y la fase judicial, y resultan llamativa porque los primeros señalan a los investigado como responsable de los delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos. Ya las sentencias se limita a imputarles un delito de tenencia ilícita de armas.

El balance de los registros realizados en los inmuebles apuntaba en otra dirección. El caso del taller de Pazos de Borbén resulta curioso porque el condenado ocultaba armas envasadas al vacío en un doble fondo practicado en un pared construida con ladrillos. La Fiscalía presentó su escrito de acusación para ir a juicio y solicitaba dos años de cárcel para este acusado.

El escrito expone que «tras la constatación de indicios de que el acusado podría tener armas en su domicilio, el 3 de marzo de 2020 se procedió a efectuar entrada y registro en el mismo [taller clandestino]. En el interior de dicho domicilio se halló gran cantidad de munición, armas inutilizadas, armas respecto de las cuales tenía licencia y una pistola del calibre 22 que carecía de guía de pertenencia y de la correspondiente licencia. El arma presentaba el correcto funcionamiento de todos sus mecanismos».

La operación Dua arrancó al tener conocimiento de que varias personas podrían estar dedicándose a la venta ilegal de armas de fuego. Los agentes comprobaron como uno de los detenidos tenía un taller clandestino con todos los elementos necesarios para reparar y manipular armas. Además, también fabricaba de forma artesanal munición metálica para las armas con las que traficaba. Para el registro se usó un perro del servicio cinológico y se localizaron parte de las armas envasadas al vacío en un doble fondo practicado en un pared construida con ladrillos.

Con los tres condenados, no quedó demostrado que tuvieran relación entre ellos, por eso la instrucción de cada asunto se realizó en juzgados diferentes. Se llegó a ellos a través de toda la información que afloró en la operación Iceberg. De no haber alcanzado una conformidad, los tres se enfrentarían a penas de cárcel superiores a los cuatro años, y sí acabarían en prisión de ser condenados; como le ocurrió al condenado en la operación Iceberg.

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