Asociaciones de comerciantes del área metropolitana crean una plataforma contra el macrocentro comercial
01 dic 2017 . Actualizado a las 12:11 h.Las entidades y particulares que promueven Porto Cabral, el centro comercial y de ocio que pretende implantarse en Liñeiriños, presentan hoy en el registro del Parlamento de Galicia las más de 70.000 firmas que han recogido para que el proyecto se debata como proposición no de ley de iniciativa popular. Subrayan que es la campaña de este tipo que más apoyos ha recabado en la historia de la autonomía de Galicia.
Hasta el momento, las firmas validadas en el Instituto Nacional de Estadística superan las 50.000 y, según dicen, las restantes serán cotejadas en los próximos días por los servicios del propio Parlamento gallego.
El siguiente paso será lograr el apoyo de algunos de los grupos políticos con presencia en la Cámara. Lo que reclaman los firmantes es que se inste a la Xunta a desarrollar el ámbito de Liñeiriños por la vía supramunicipal, salvando así la parálisis a la que la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal por parte del Tribual Supremo ha sometido al proyecto, en el que la firma Intu Eurofund pretende invertir 650 millones de euros. La previsión es que el complejo llegue a crear 4.000 empleos directos una vez abierto.
Los promotores de la recogida de firmas entregarán también mañana en el Concello una copia de las 70.000 que han recogido y que llenan 23 cajas.
Entre tanto, sigue creciendo la oposición a Porto Cabral, en este caso aglutinada en torno a la denominada Plataforma polo Comercio Local creada hace un mes. Los últimos municipios en sumarse han sido Redondela, Nigrán, Gondomar, Baiona y Salceda de Caselas. La iniciativa la pusieron en marcha Vigo, Cangas, Moaña, Bueu y O Porriño. Argumentan que la construcción del complejo «suporía un golpe mortal» para el pequeño comercio no solo de Vigo, sino de los municipios limítrofes
Recuerdan que el comercio local en Vigo y su área de influencia proporciona empleo a 30.000 personas, y que el sector tiene un peso equivalente al 5,1 % del PIB provincial, por lo que consideran que debe de ser tenido en cuenta. Aseguran que el proyecto «non encaixa no modelo de cidade e de consumo que defendemos e que promoven as directivas da UE».
Forman parte de la plataforma una decena de asociaciones de comerciantes.