La defensa del funcionario acusado de enchufar a la cuñada de Carmela Silva niega los hechos
VIGO CIUDAD
Uno de los implicados asegura que la implicada hizo «trabajo real para desbloquear quejas ciudadanas»
22 ene 2019 . Actualizado a las 16:31 h.La Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha iniciado hoy el juicio por supuesta prevaricación, malversación y falsedad documental en la que están acusados el funcionario jefe de Participación Ciudadana del Concello de Vigo, Francisco G. Orúe, y el responsable de la empresa Imesapi, Ramón Comesaña.El testimonio principal del caso, Vanessa Falque (la cuñada de Silva), no ha comparecido al juicio y el tribunal intenta contactar con ella para localizarla para que acuda a declarar.
Acusan a los implicados de idear un plan para enchufar a la cuñada de la destacada política socialista de Vigo y de la provincia, Carmela Silva.
Las defensas de ambos acusados niegan que sean autores de ningún delito y en caso de haberlo, ya estarían prescritos.
La tesis de la Fiscalía y de la acusación popular (Xuntos) es que la empresa Imesapi contrató a una familiar de un alto cargo del PSOE a cambio de que el Concello le prorrogase su contrato entre el 2008 y el 2013. Según la acusación, idearon un plan en el que disimulaban con facturas sin hacer trabajos reales.
Las defensas de ambos acusados negaron los cargos y ven defectos de forma. Para el abogado del jefe de Imesapi, dicha persona contratada le habría sido impuesta pues seguía instrucciones del Concello.
La defensa del funcionario Orúe niega cualquier infracción y añadió que constató su realización de trabajos y el delito ha prescrito. Se pregunta por qué razón iba a indemnizar al Concello si este no se ha personado en el pleito.
Por su parte. La Fiscalía recuerda que un Juzgado de lo social reconoció en el 2013 que el verdadero empleador de Imesapi y contratador era el propio Concello. Considera que la firma fue un «instrumento» de contratación y recordó que la enchufada no hizo ninguna tarea real mientras la empresa cobraba por trabajos nunca realizados.
Según la Fiscalía y la acusación popular, Imesapi hizo un contrato en el 2008 y luego fue prorrogable desde el 2010 hasta en dos ocasiones. Supuestamente, lo autorizó Francisco G. Orúe, como funcionario jefe de participación ciudadana. Hubo prórrogas hasta el 2012 y luego tácitamente hasta el 2013. En ese tiempo, una familiar afín a un miembro destacable del partido pidió trabajo y Orúe y el jefe de Imesapi idearon un plan para colocar a la enchufada en un trabajo ficticio de realización de encuestas, que ella no hizo, según admitió ante la jueza.
Siguiendo ese plan, supuestamente, Imesapi contrató a dicha familiar para trabajar en los servicios cívicos a pesar de que no se necesitaba más personal. Según la Fiscalía, las nóminas eran elaboradas de forma mendaz. Imesapi enviaba esas facturas falsas al Concello camufladas como nueve expedientes de contratos menores de servicios municipales y luego el dinero que cobraba lo destinaba a pagar las nóminas de la supuesta enchufada.
Hubo nueve contratos menores por un total de 108.000 euros para evitar su adjudicación pública y para justificar la nómina.
La Fiscalía ve un delito continuado de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. El cooperador fue Ramón Comesaña Alfonso.
Orue se enfrenta a 13 años de carcel e inhabilitación durante 10 años (hasta 15). Su cómplice, cuatro años de cárcel. Indemnizarán al Concello con 108.000 euros por haber generado este cargo a las arcas municipales.
Xuntos por Galicia, como acusación popular, pidió 13 años de cárcel para el funcionario.
«Trabajo real»
El funcionario jefe que dirigía Participación Ciudadana, Orúe, declaró a preguntas de la Fiscalía que en el 2008 ya había una quinta trabajadora de los servicios de atención en centros cívicos encargada de hacer las sustituciones y apoyo, y que él sabía que era V.F., la supuesta enchufada. Aseguró que conocía por su nombre a las cuatro trabajadoras que regentaban los cuatro centros cívicos de Vigo (Casco Vello, Teis, Coruxo y Saians) y que tenían un refuerzo que, en ocasiones, era V.F.
Una de las misiones encomendadas a V.F. fue hacer mil encuestas por teléfono sobre la calidad del servicio cívico. «Ellos (Imesapi) me decían que ella realizaba el trabajo. Hacer mil llamadas ella sola en unos días no me parece tan difícil», indicó sobre este trabajo de encuestas «a 9,5 euros cada una, a precios de mercado».
Aseguró que V.F. «llevaba meses contratada» en el 2008 porque trabajaba como sustituta y que luego hizo muchos encargos. Añadió que V.F. trabajó «mucho tiempo» como apoyo de refuerzo en una oficina de la segunda planta del Concello, dentro de la unidad de tramitación para desbloquear las quejas y sugerencias que llegaban por teléfono, Internet o por registro. «Presencialmente estuvo allí y el trabajo se realizó», indicó.
La Fiscalía le presionó y le preguntó cómo no se dio cuenta de que ese millar de encuestas de la calidad del servicio cívico municipal prestado, así como las quejas y sugerencias, como medida de transparencia ciudadana, no las pudo hacer una única persona, en concreto, la supuesta enchufada. Orúe aclaró que se limitaba a comprobar que el informe decía que el trabajo había sido realizado y que no eran encuestas sino una tramitación de las quejas de los ciudadanos. «No soy un experto sociólogo ni sé si pudo hacer miles de llamadas, solo sé que el informe que me enviaron decía que el trabajo se hizo pero no sabía qué sociólogo o estadista en concreto lo hizo como tampoco sé qué albañil hace tal obra», replicó a la Fiscalía.
Responsabilidad del concello
Orúe recalcó que «desde nuestro servicio no hemos encomendado trabajos a V.F. ni a ninguna otra persona porque para eso se había contratado a una empresa porque de lo contrario serían personal laboral del Concello. Lo único que hizo V.F. con Imesapi en él ayuntamiento fue lo de las quejas ciudadanas. Había que actualizar y desatascar la unidad de quejas, que se quedó colapsada», dijo.
La Audiencia paró la sesión para enviar una notificación a través de la Policía a V.F., a la que amenazó con 5.000 euros de multa por no acudir hoy como testigo al juicio y si no comparece en estos días a testificar la acusará de un delito de desobediencia grave.
Por su parte, el gerente de Imesapi, Ramón Comesaña, «como a muchas otras chicas se contrató a V.F. para una sustitución» de las trabajadoras fijas. Con el tiempo, varias suplentes repitieron. «Al finalizar el contrato de sustitución de V.F., desde el Concello nos indican que esa persona que finaliza, sin decir su nombre, continúe prestándoles apoyo. A petición de nuestro cliente, nos pidieron que la trabajadora continuase prestando sus servicios en el Ayuntamiento y centros cívicos. Yo no tenía dominio ni control, era el Concello el que lo tenía», dijo el gerente.
La Fiscalía le pidió aclaraciones sobre los contratos a V.F. por trabajos menores. «Esa quinta contratación era igual que el resto de las trabajadoras pero no podíamos asumirla. Cuando se nos dice que V.F. continúe y le hagamos un contrato, yo le digo al Concello que lo tenía que pagar porque la empresa no tenía que asumirlo ni lo exigían los pliegos. No hubo inconveniente siempre que nos abonasen esos contratos menores », explicó. Añadió que «yo no he visto esos trabajos», solo los informes.
Santos Hector
El concejal Santos Héctor, superior de Orúe, declaró como testigo y dijo que «no conocía a V.F. antes de esto ni a ella personalmente ni la relación familiar con un miembro del PSOE». Asegura que «yo no tenía noticia de que se iba a contestar a V.F., en las contrataciones, yo no intervine ni me dirigí a Imesapi a ver a quién contrataban». Niega que fuese idea suya contratar a una quinta trabajadora para los centros cívicos.
Asegura que esas encuestas sí existieron, pues el mismo las ordenó, y «analizamos los datos y nos fueron muy útiles para el futuro». Con esa información reforzaron el servicio y pasaron a de atender 300 llamadas a 15.000 ahora. «Eran los años duros de la crisis y mejoramos el servicio, y también hicimos estudios sobre regulación de ERE», añadió