Terror y vigilancia: el empoderamiento de los talibanes

Se vaticinó entonces el colapso económico del país y su total desabastecimiento, pero, para sorpresa de los observadores internacionales, ninguna de las dos cosas se ha acabado produciendo. Al contrario.

Persistió la paz, o al menos la ausencia de guerra, y el legendario túnel de Salang –la única vía de transporte entre Kabul y el norte de Afganistán– no se derrumbó como se temía, sino que ha sido reparado. De hecho, hoy en día en Kabul se están realizando más obras de construcción que antes de 2021, incluyendo bloques de apartamentos, autopistas elevadas y nuevas fábricas. Y este auge de infraestructuras no es un fenómeno exclusivo de la capital. En el norte del país se está construyendo un gigantesco canal de irrigación. Se han acordado proyectos de construcción con Uzbekistán a cambio de derechos mineros y por primera vez en décadas funciona un sistema nacional de aduanas e impuestos.

Además, según Naciones Unidas, el cultivo de opio se ha reducido en un 95 por ciento desde 2022. Todos estos indicadores positivos se han logrado sin los miles de millones de dólares en ayuda que recibía el Gobierno anterior y sin la financiación del Banco Mundial ni el FMI.

No hubo colapso económico, pero lo que tampoco sucedió, a pesar de las promesas hechas por los líderes talibanes en el exilio, fue la supuesta moderación ideológica de esta segunda etapa. Al contrario. En cuanto los talibanes regresaron al poder, decretaron la prohibición de que las niñas asistieran a la escuela a partir del séptimo grado y cerraron las universidades para mujeres, en principio solo de forma temporal, para imponer la segregación de género. Y la situación ha seguido empeorando año tras año: a las mujeres no se les permite salir de casa sin un familiar varón o su marido, tienen prohibido ir al hospital o tomar el autobús solas, e incluso tienen prohibido hablar en voz alta en público. 

La paradoja es que algunas de estas limitaciones son imposibles de llevar a la práctica si al mismo tiempo se quiere preservar la segregación de géneros impuesta por los talibanes. Pues, aunque se haya prohibido la formación de matronas, ¿quién más que las mujeres se supone que deben ayudar a traer niños al mundo si los hombres no pueden atender a pacientes femeninas? Una contradicción que se traduce en la realidad con la presencia de facto de mujeres en el sector sanitario, al mismo tiempo que se les prohíbe cualquier formación adicional.

Lo que sigue funcionando de forma tan eficaz como arcaica es la vigilancia de todo el país por parte del enorme aparato de seguridad y un sinfín de informantes civiles que se delatan unos a otros. La brutalidad de los nuevos gobernantes suele subestimarse en este país debido a un grave malentendido. Contrariamente a los temores iniciales, los talibanes no han perseguido a quien limpiaba, pintaba o servía la comida en los campamentos de extranjeros. Sin embargo, se han vengado con crueldad implacable de sus enemigos tradicionales. Un gran número de oficiales de inteligencia afganos han sido torturados en prisión, y a los que pertenecían a la Policía o a unidades militares especiales se los ha acusado de asaltar aldeas y asesinar civiles y han sido brutalmente castigados en consecuencia.

Abogados de derechos humanos, periodistas, activistas por los derechos de las mujeres y líderes de minorías étnicas también son blanco de ataques.

Existen numerosos casos documentados de afganos asesinados a tiros sin juicio previo, sobre todo antiguos miembros de las fuerzas de seguridad.

A pesar de la vigilancia y la brutalidad, visitantes extranjeros, trabajadores de ONG y los propios afganos ofrecen relatos contradictorios sobre la vida cotidiana del país. Un ejemplo claro tiene que ver con la educación de las niñas, que difiere abismalmente según la clase social a la que se pertenezca.

En Kabul, así como en muchas provincias, existe una amplia variedad de oportunidades educativas para niñas, con el permiso de los talibanes locales, muchos de los cuales envían allí a sus propias hijas. Unas veces, las escuelas para niñas se disfrazan de centros de formación profesional; otras se camuflan bajo la apariencia de escuelas coránicas, donde se imparte el antiguo currículo estatal a cambio de una cuota. Y en ocasiones se trata de clases a través de Internet o de un programa de radio con material complementario. «El sector de la educación privada está en auge e irá a más», afirma Thomas Ruttig, cofundador de la Red de Analistas de Afganistán, «mientras se mantenga la segregación de género».

Si bien los talibanes están unidos en su compromiso de asegurar el poder mediante la vigilancia y el terror, están profundamente divididos en lo que respecta a la educación de las niñas. Esta situación esquizofrénica es la señal más visible de una lucha de poder constante que se libra en el propio seno del poder talibán.

El líder supremo, cuyos decretos son absolutos, es el emir Haibatulá Ajundzadá, quien reside en la metrópolis sureña de Kandahar y parece obsesionado con mantener a las mujeres sometidas. Su base de poder se compone del clero, muchos de cuyos miembros gozaban de considerable influencia en sus comunidades y ahora son funcionarios estatales remunerados. Obsesionado con la adhesión a la tradición islámica, el movimiento nunca consideró la separación de poderes en la cúpula, lo que condujo al actual estancamiento. La palabra de Ajundzadá es ley, pero en la práctica esta norma se elude constantemente. Y es que sus oponentes son poderosos y algunos ocupan importantes cargos públicos. Es el caso de Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior, que fue un terrorista de alto rango con estrechos vínculos con Al Qaeda y figuró durante años en las listas de recompensas de Estados Unidos. Resulta irónico que ahora, según diversos informes, esté cooperando con la CIA en la lucha contra el Estado Islámico, un grupo terrorista que es enemigo acérrimo de los talibanes.

Haqqani se dedica también a poner a prueba el poder de Ajundzadá. A finales de 2025, en un discurso en su provincia natal de Jost dijo que un gobierno «que gobierna únicamente mediante el miedo y la violencia» no es legítimo. También se lo considera partidario del plan para restablecer la educación para las niñas. Pero, pese a sus enfrentamientos ideológicos, ambas partes hacen lo posible por evitar una ruptura total, ya que tras casi cinco décadas de golpes de Estado y guerras pacificar el país parece ser una prioridad absoluta.

Lo que no impide que tengan frentes abiertos en el exterior: los talibanes se encuentran inmersos en una guerra con su antiguo aliado, Pakistán, lo que bloquea su ruta comercial más importante. Tras intensos combates fronterizos, el 27 de febrero de 2026, el ministro de Defensa pakistaní declaró oficialmente que entraban en una «guerra abierta» contra Afganistán por permitir que un grupo terrorista pakistaní se refugiase y operase desde su país.

Otra guerra, la de Estados Unidos contra Irán, también les afecta al reducir los ya escasos suministros del Programa Mundial de Alimentos. Además, más de cinco millones de afganos han sido deportados forzosamente desde Irán y Pakistán hacia territorio afgano. Su regreso implica que sus remesas han cesado y que se han sumado a los más desfavorecidos en la competencia por la vivienda y el empleo. Stefan Recker, quien trabajó para Cáritas en Afganistán durante muchos años, ahora dirige un programa de control de la tuberculosis y la lepra en Kabul: «Los casos de tuberculosis están aumentando; la gente está aterrorizada por esta enfermedad. Los hospitales públicos generalmente no tienen antibióticos para el tratamiento, así que los enfermos vienen a nosotros. Pero, además, algunos vienen diciendo que tienen tuberculosis, aunque no la padezcan, solo para obtener algo de la comida que les proporcionamos a nuestros pacientes. Y la verdad es que eso no sucedía antes».

La victoria de los talibanes en 2021 fue tan contundente que convirtió a los extremistas en intocables. Es probable que esta dictadura solo pueda cambiar desde dentro porque ahora los países vecinos, así como los gobiernos occidentales, temen mucho más otra guerra y sus flujos de refugiados que la actual paz fúnebre del régimen talibán.

¿Quién manda en Afganistán?

El régimen talibán está dirigido por una cúpula de líderes religiosos y militares que incluye desde los radicales de Kandahar hasta figuras más pragmáticas de Kabul. En Kandahar gobierna el hermético líder supremo, Haibatulá Ajundzadá (en la foto), un clérigo de línea dura que fue jefe de los tribunales de justicia y tuvo un hijo terrorista suicida.

Cuando los más altos cargos talibanes se reunieron en 2016 para nombrar a un nuevo líder —tras la muerte del mulá Akhtar Mansur en un ataque con drones estadounidenses—, Ajundzadá acabó siendo la 'solución de consenso'. Los dos candidatos con más apoyos eran otros: Mohammad Yaqoob, el hijo del mulá Omar; y Sirajuddin Haqqani, buscado por Estados Unidos por un atentado en 2008 contra un hotel de Kabul.

Ambos están hoy, 'de facto', al frente del Gobierno talibán: Yaqoob como ministro de Defensa y Sirajuddin Haqqani como ministro del Interior. Los analistas sitúan a Yaqoob como el mayor antagonista del líder supremo, pues ha presionado para que se permita a las niñas regresar a la escuela y para que las mujeres retomen sus trabajos en las oficinas gubernamentales. Su papel también habría sido clave en las negociaciones con Rusia (desde 2025 el único país del mundo que reconoce formalmente al régimen talibán) y con China, que mantiene fuertes lazos comerciales y diplomáticos con los talibanes por sus intereses fronterizos y en sus recursos minerales.