Cómo taponar la sangría económica

d. casas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

ALBERT GEA | Reuters

El nuevo Gobierno de la Generalitat que salga del 21D ha de gestionar los daños en sus cifras y de reputación

11 dic 2017 . Actualizado a las 07:58 h.

Las formaciones secesionistas no renuncian a su desafío y acuden a las elecciones del próximo 21D con la proclamación de la república catalana en su programa si retienen la mayoría en el Parlamento -la unilateralidad en el caso de la CUP, a la que también parece volver ERC-, con lo que la opción de ruptura entre Cataluña y España solo se reduciría con la vigencia del artículo 155. No restañaría el impacto negativo que ya ha tenido el procés sobre la economía catalana y que desde finales del verano ha evidenciado el grave deterioro registrado en todos los segmentos productores de riqueza de la comunidad. Un daño que informes y estudios de las principales consultoras y organismos nacionales e internacionales extienden para más allá del primer trimestre del 2018.

Fuga de depósitos, éxodo de empresas, contención de las inversiones, penalización sobre el empleo, caídas en la ocupación hotelera con especial incidencia en el turismo... son solo un reflejo de la erosión ocasionada a uno de los principales territorios tractores de la economía de toda España. La activación del artículo 155 logró disminuir la tensión, reducir la salida de empresas de territorio catalán y aplacar decisiones que han tenido un gran impacto sobre el crecimiento, el consumo y, en definitiva, la reputación de Cataluña.

Pero esa confianza no se restablecerá de un día para otra con la próxima llamada a las urnas. La nueva composición parlamentaria de la Generalitat preocupa, y mucho, al sector empresarial catalán, que todavía tapona la factura del primer órdago independentista. ¿Y las consecuencias, si se revalidase la mayoría independentista en el palacio de la plaza de Sant Jaume? 

situación financiera

Respaldo del Estado. Sea cual sea el Gobierno de la Generalitat que salga de las urnas, necesitará más de 9.000 millones de euros para financiarse. La agencia de calificación Moody’s lo certifica en su último informe de hace apenas unas semanas, y precisa que requerirá un 25 % más de los fondos presupuestados que proceden del Fondo de Liquidez Autonómica de este año que termina. Su situación financiera y la incertidumbre política han colocado los bonos catalanes en el peor escenario, lo que le impedirá volver a emitir deuda en los mercados en el 2018. Algo que sí podrán hacer Madrid y el País Vasco, según la misma agencia. Antes del envite secesionistas, esta misma agencia, Fitch y Standard & Poor’s (S&P) no descartaban incluso rebajar la calificación crediticia de Cataluña. 

fuga de empresas

Más de tres mil compañías han hecho las maletas. Solo unos días después de la celebración del referendo ilegal del 1-O, comenzaba la salida despavorida de empresas de suelo catalán. La iniciaron los dos grandes bancos, a los que siguieron las empresas del Ibex, que, en apenas una semana, dejaban a Cataluña con una única representante en el selectivo bursátil. Fueron jornadas en las que las compañías de distinto tamaño enviaban su sede social fuera del territorio catalán en busca de seguridad jurídica. Una tendencia que se invertiría con la activación del artículo 155, pero que, a un ritmo más pausado, todavía continúa. La deslocalización empresarial ya ha superado la barrera de los 3.000 cambios de domicilio social y, en algunos casos, también fiscal y administrativo. 

Crecimiento

Impacto en el PIB. Autoridades nacionales e internacionales se han visto obligadas a cambiar las previsiones de crecimiento tanto para España como para Cataluña a cierre del 2017, pero sobre todo para el año próximo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hacía públicos hace unos días los pronósticos de crecimiento correspondientes al último trimestre del 2017. Mientras se prevé que España crezca entre octubre y diciembre un 0,88 %, la metodología de cálculo del PIB en tiempo real que aplica este organismo le permite computar en unos 5.000 millones de euros el impacto negativo del desafío independentista en la economía. En función del resultado electoral, las variaciones de crecimiento para el 2018 podrían ser algo inferiores (0,84 %) para España y de hasta tres décimas menos para Cataluña. 

Turismo

Caídas constantes. Constituye uno de los principales sostenes de la economía catalana y ha sido de los primeros en visualizar los resultados de la incertidumbre. La inestabilidad política trajo caídas acusadas en la reservas hoteleras -de hasta un 5 % en octubre, según el INE- y las plazas del Imserso se cubrieron en algunos casos en solo un 50 %. Fuentes del sector se enfrentan a previsiones «muy negativas» para el 2018 que tendrán una incidencia especial en el empleo. Una inestabilidad que podría despejarse con las elecciones. 

Empleo

Sube el paro. Desde los inicios de la crisis, Cataluña no registraba un mes de noviembre con unos niveles de paro tan elevados. Las mayores tasas desde el 2009 y las mayores de España registradas este mes. Las cifras las aportaba el Ministerio de Empleo el pasado día 4 y confirmaban que este deterioro sumaba ya dos meses en negativo. Son las provincias de más corte independentista, Gerona y Lérida, las que contabilizaron los mayores porcentajes de personas que perdieron su trabajo, según la estadística oficial. 

Prestigio

Pérdida de sedes importantes. Barcelona partía como favorita entre las candidatas a acoger la Agencia Europea del Medicamento. La inestabilidad política sumó a la contra para caer en la primera ronda y ceder a Ámsterdam la sede de un organismo que moviliza a 900 altos funcionarios y más de mil empresas a su alrededor. Pero las amenazas no terminan ahí. La incertidumbre que se ha generado en la capital catalana a causa del poder político mantiene en vilo a la ciudad ante la opción de que el Mobile World Congress abandone Barcelona en el 2019. El patronato de la fundación organizadora solo ha garantizado la celebración de la edición del 2018 y condiciona su continuidad a la estabilidad política. El congreso congrega a más de cien mil profesionales con cerca de 500 millones de euros de efecto económico.