La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, apoyan sus declaraciones y el PP anuncia que la reprobará en el Senado
26 ene 2024 . Actualizado a las 14:06 h.La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, provocó este viernes una tormenta de declaraciones en su contra por acusar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de tener «una implicación política importante» y de «salir a colación en momentos sensibles». La número tres del Gobierno se refería así al magistrado, que ha imputado por terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en plena polémica por la ley de amnistía que ha impulsado el PSOE. Puigdemont acusó ayer al juez de «graves responsabilidades en la vulneración persistente del estado de Derecho».
«Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial», declaró Ribera. Las críticas obligaron al Gobierno a matizar sus palabras y mostrar su respeto a las decisiones judiciales. Desde la Moncloa aseguraron que «el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas».
Indicaron que, en el caso Tsunami, que es el que investiga García Castellón, «las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional».
Marlaska y Robles matizan
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró el «respeto inquebrantable» del Gobierno hacia «la independencia judicial y todas las resoluciones judiciales». La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó también que «los jueces españoles actúan siempre con arreglo a derecho, sometidos al imperio de la ley, son independientes y realizan un gran trabajo». Indicó que eso no quiere decir «que tengamos que compartir todas las decisiones de los jueces».
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no se dio por satisfecha con esas matizaciones y exigió de forma «tajante» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que desautoricen a Ribera. Gamarra consideró «gravísimas» las acusaciones «de prevaricar, es decir, de no ser imparcial», contra el juez García Castellón. Aseguró que el Gobierno asume el discurso de los «independentistas». Algo que, a su juicio, es parte del «pago» por permanecer en el poder. La número dos del PP destacó que «no habla un partido, está hablando el Gobierno y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio Gobierno de España», el que está asumiendo «que en España hay lawfare y que en España los jueces prevarican, y no es así».
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, aseguró que con esas afirmaciones «el sanchismo asume el discurso independentista de que la justicia no es imparcial». El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, consideró «lamentable» que el Gobierno «asuma como propio el argumentario de Otegi y Puigdemont contra nuestro Estado de Derecho». El PP aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para reprobar a la vicepresidenta tercera en la Cámara Alta. La Audiencia Nacional defendió al juez y la Asociación Profesional de la Magistratura la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente lamentaron las declaraciones de Ribera y pidieron al Gobierno respeto. La comisión permanente del CGPJ señaló que las palabras de Ribera, «son contrarias al principio de lealtad institucional».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, salió sin embargo en apoyo de Ribera y dijo que hay «determinadas decisiones temporales que llaman un poquito la atención». También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó que «hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos de relevancia política».