Sánchez ofrece a Junts acortar el tiempo de la instrucción de las causas

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Pedro Sánchez, a su salida de un Pleno del Congreso.
Pedro Sánchez, a su salida de un Pleno del Congreso. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno asegura que no va a modificar la ley de amnistía

06 feb 2024 . Actualizado a las 13:42 h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra firme en su decisión de no tocar el texto de la ley de amnistía rechazado por una mayoría del Congreso. Sánchez no acepta la propuesta de Junts de que todos los delitos, incluidos el de terrorismo y el de traición, queden amparados por la ley. En la Moncloa creen que una norma así no pasaría el filtro del Constitucional.

En una entrevista en la Sexta, Sánchez se mostró dispuesto a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), acortando los plazos para la instrucción de las causas, como una concesión a Junts en la negociación que mantienen para tratar de sacar adelante la ley de amnistía. Según Sánchez, esa reforma es un «elemento de mejora» que se podría incorporar a la legislación para «subsanar algunas de las dudas» de los independentistas.

El paso dado por Sánchez al ofrecer esa reforma evitaría casos como el de la investigación de Tsunami Democràtic, en la que el juez Manuel García-Castellón ha imputado al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por un supuesto delito de terrorismo casi cinco años después de producirse los hechos y a pesar de que ni la Fiscalía de la Audiencia ni el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo aprecian terrorismo en los hechos de Tsunami Democràtic.

La reforma de LeCrim no evitaría sin embargo un hipotético juicio a Puigdemont si el caso sigue adelante. Es una causa que lleva cuatro años y medio de instrucción y el magistrado ha pedido recientemente seis meses más. Desde Junts se teme que una instrucción ampliada impida que Puigdemont pueda acceder a la amnistía de manera inmediata.

«Hemos visto durante estas últimas semanas instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Son elementos que se incardinan en la reforma de la eficiencia de la justicia», dijo Sánchez para justificar su propuesta de cambiar a LeCrim. «Eso no se va a tocar», respondió sin embargo al ser preguntado sobre si se va a reformar el texto de la ley de amnistía que impulsó el PSOE para tratar de superar la negativa de Junts en el Congreso. «Es un momento de templanza y de firmeza», dijo, porque la ley, que contó con el apoyo de todas las fuerzas que facilitaron la investidura excepto Junts, es «plenamente constitucional y alcanzaría, según su criterio, «todos los supuestos que incumben al movimiento independentista». Y también a los policías y guardias civiles acusados de lesiones. «Ya dijimos con la votación que no», añadió sobre esa posibilidad.

También rechazó Sánchez modificar la definición de terrorismo en el Código Penal. «No está en el ánimo del Gobierno», dijo, insistiendo en que el independentismo «no es terrorismo». Aunque está seguro de llegar a un acuerdo con Junts, aseguró que con ley de amnistía o sin ella culminará la legislatura. Y recordó que durante su mandato se han aprobado tres Presupuestos y más de 200 leyes.

Después de que Sánchez haya abierto la puerta a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la intención de que Junts acabe votando a favor de la ley de amnistía, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado que desde el partido les parecen bien «todas las propuestas para que la ley de amnistía se pueda aplicar a personas que participaron en el 9N y en el 1-O», y que, por tanto, valoran positivamente «todo lo que pueda llevar» a la aprobación de la amnistía.

También ha advertido de que no habrá ninguna enmienda a la ley de amnistía que «cubra las ocurrencias futuras de los jueces instructores que van inventándose relatos», en una alusión velada a JxCat.

Los letrados del Congreso rechazan dar por caída la ley de amnistía y proponen un nuevo dictamen en dos semanas

Los servicios jurídicos del Congreso consideran que, en contra de lo que plantean el PP y Vox, la ley de amnistía no decayó la semana pasada tras la segunda votación que tuvo lugar en el Pleno y, en este contexto, apuestan por devolverla a la Comisión de Justicia y dar un plazo de 15 días naturales, que acaba el 21 de febrero, para aprobar un nuevo dictamen sobre el texto.

Así consta en el escrito redactado por los letrados de la Cámara, al que ha tenido acceso Europa Press, un documento que no es vinculante y que la Mesa del Congreso tiene previsto analizar en su reunión de este martes.

El PP y Vox sostienen que la proposición de ley de amnistía decayó el pasado martes porque en la votación de carácter orgánico a la que se tuvo que someter por tener la norma ese rango, fue rechazada por 179 votos, tres por encima de mayoría absoluta.

Sin embargo, los letrados rechazan ese argumento alegando que en la votación anterior el dictamen de la comisión había sido respaldado por el Pleno, y por mayoría absoluta, así que defienden que la norma debe regresar a la Comisión de Justicia para una segunda oportunidad, respaldando la decisión anunciada tras la votación por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Además, apuntan que al tramitarse por la vía de urgencia, la comisión contará con 15 días y no con un mes, para emitir un nuevo dictamen. En concreto, plantean que sean 15 días naturales y fijan en el próximo 21 de febrero la fecha tope para un acuerdo.

ERC celebra la propuesta del presidente y el PP dice que se hacen reformas a la carta

La portavoz de ERC, Raquel Sans, celebró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abra la puerta a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder aprobar la ley de amnistía «lo antes posible». «Nos parecen bien todas las propuestas que puedan garantizar que se apruebe la ley de amnistía lo antes posible y se pueda aplicar a todas las personas que participaron del 9N, el 1-O y las protestas posteriores», respondió Sans.

La dirigente de ERC instó por ello a todas las formaciones a actuar con responsabilidad para disponer de una ley que consideran una herramienta imprescindible «para luchar contra la represión».

«El tiempo cuenta y es importante, y hay muchas personas que se juegan mucho, pendientes de entrar a prisión y de llegar a juicio. Necesitamos disponer de la ley, que consiguió un consenso muy amplio», recalcó.

Aznar y la autodeterminación

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció sin embargo que Sánchez esté dispuesto a acometer una «reforma a la carta» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «acotar las investigaciones judiciales» y que sus socios no tengan «que rendir cuentas ante la Justicia» con el fin de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. Gamarra acusó al Gobierno de estar «dispuesto a legislar y a modificar leyes en beneficio únicamente de quienes tienen los votos que les permiten seguir en la Moncloa». Algo que, a su juicio, «vuelven a ver» con la propuesta de Sánchez.

El expresidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidieron este lunes en defender que si se va contra los jueces y no se ponen límites «se acaba» en Venezuela. Aznar alertó de que «desmantelar un régimen y volver a las políticas de confrontación no se hace sin poner en riesgo la convivencia». El expresidente recordó también que durante las últimas campañas electorales él avisó de que si se volvía a crear «la coalición Frankenstein» en el Gobierno habría amnistía y «reconocimiento del derecho de autodeterminación». Y, según dijo, esto es «lo que se está negociando» ahora.