El fiscal no recurrirá el archivo de la causa por tráfico de influencias contra José Blanco

Carlos Punzón
c. punzón REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Hasta el 2016, cuando se archiva de manera definitiva la causa, el surgimiento de cualquier prueba fundada podría motivar su reapertura

01 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La causa especial abierta contra el exministro José Blanco llegó ayer a su final al desistir el fiscal Manuel Dolz de presentar un recurso de apelación contra el auto por el que el juez instructor declaró archivado el caso. La larga investigación de más de dos años y medio a la que fue sometido el político gallego a cuenta de las acusaciones lanzadas contra él por el empresario lucense Jorge Dorribo llega así a su conclusión por falta de pruebas y ser descartados los delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque no será hasta el 2016 cuando se archive de manera definitiva la causa, al ser en ese año cuando prescribirán las denuncias efectuadas.

Hasta entonces, el surgimiento de cualquier prueba fundada podría motivar su reapertura al decretarse como provisional el archivo, como señaló el juez que es la práctica habitual del Tribunal Supremo, salvo que los hechos denunciados no tuvieran carácter de delictivos o que no existiesen indicios racionales que motivasen la causa. El fiscal había considerado en su último recurso como incompletas las investigaciones, extremo negado por el juez instructor, que llegó a recordarle al representante del ministerio público que nunca recurrió su negativa a la realización de las pruebas rechazadas o su consideración de no trascendentes.

La causa contra Blanco se inició en octubre del 2011 cuando el empresario Jorge Dorribo aseguró haber entregado 200.000 euros al entonces ministro de Fomento en una gasolinera de Guitiriz. Blanco declaró a petición propia ante el Tribunal Supremo en enero del 2012 negando dichas acusaciones. Dorribo amplió sus acusaciones asegurando que el socialista había mediado para que su empresa lograse licencias para la exportación de medicamentos, así como en la concesión de permisos para una nave de la empresa de su amigo José Antonio Orozco. El juez José Ramón Soriano, y sobre todo la Sala de lo Penal del Supremo, no dieron credibilidad a las pruebas, descartando la apertura de juicio oral.