La denuncia por presunto intento de atropello interpuesta en la comisaría de Santiago contra la diputada socialista Beatriz Sestayo fue remitida de oficio por la Policía Nacional al juzgado de guardia con fecha del 7 de octubre. El escrito recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, del que es titular el magistrado Luis Aláez, que se ocupa de la causa por el siniestro ferroviario de Angrois.
Está por ver ahora si es este juez el que se ocupa del caso, debido a que está prácticamente liberado para instruir el caso de Angrois, o si en cambio lo hace la jueza de refuerzo que le fue asignada al Juzgado número 3, Ana Rodríguez Piorno. En todo caso, sea cual sea el magistrado que se ocupe, el caso no será retenido demasiado tiempo en los juzgados de Santiago, debido a la condición de aforada de la denunciada.
En cuando el instructor verifique la identidad de Beatriz Sestayo y que realmente es diputada en el Parlamento de Galicia, no le quedará otra vía que derivar la causa penal hacia el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Suplicatorio a la Cámara
En este caso, el Tribunal Superior deberá hacer un procedimiento similar. De un lado deberá dirigirse al Parlamento de Galicia para que confirme que Beatriz Sestayo es diputada y, del otro, determinar si en este caso se está ante la comisión de un presunto delito o de una falta. El siguiente paso, salvo que la causa sea archivada, consistirá en enviarle un suplicatorio a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, que podría derivar en la imputación judicial de la diputada socialista, en su citación para tomarle declaración y, en última instancia, en la apertura de un juicio oral.
Al nivel del suplicatorio se llegó en los últimos cuatro años en tres ocasiones, provocando en todas ellas la dimisión de tres diputados. Dos de ellos abandonaron el cargo por su relación con la operación Campeón. Se trata del parlamentario del PP Pablo Cobián y del diputado nacionalista Fernando Blanco, que fuera conselleiro de Industria con el bipartito de Touriño. El último caso registrado fue el diputado del PP de A Coruña Javier Escribano, imputado por tráfico de influencias en la llamada operación Arena, de la que finalmente fue absuelto.