El órgano que investigó Angrois da por ejecutadas las mejoras que planteó tras el accidente, pero se niega a reabrir las pesquisas
GALICIA
La CIAF volvió a reunirse a instancias del Tribunal Supremo para decidir de nuevo que no va a elaborar otro informe sobre el descarrilamiento del Alvia, como reclamó la UE. Las víctimas siguen cuestionando la independencia de la comisión investigadora
28 feb 2024 . Actualizado a las 21:09 h.La plataforma de víctimas del Alvia, en paralelo al proceso penal por el accidente de Angrois que está pendiente de sentencia, inició un procedimiento contencioso-administrativo que terminó en el Tribunal Supremo para obligar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a reiniciar su pesquisa técnica del accidente, a la vista de distintos informes de la Comisión Europea que concluyeron que esa investigación no se había realizado en base a los preceptos de independencia que marcaban las directivas comunitarias. En concreto, la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, siglas en inglés) recriminó al organismo, entonces estrechamente vinculado al Ministerio de Fomento (ahora Transportes), que su informe sobre el descarrilamiento que provocó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio del 2013 se centró en la causa directa (el error humano del maquinista) y no respondió a «cuestiones esenciales sobre las causas profundas». «Estas preguntas sin resolver guardan relación con organismos que estaban incluidos en el equipo de investigación», aseguraba el informe de la agencia europea en referencia a técnicos del ADIF, Renfe e Ineco que participaban en la investigación oficial mientras esos organismos —especialmente el ADIF— eran investigados en la vía judicial.
El Supremo estimó parcialmente el recurso de la plataforma de víctimas y obligó al pleno de la CIAF a reunirse de nuevo en su actual composición para decidir si reabría la investigación o no, una sesión extraordinaria que se celebró el pasado 15 de febrero. Tras la celebración del pleno, la respuesta es la misma que en otras ocasiones: no se ha detectado, aducen, «ninguna nueva información que pueda ser técnicamente relevante sobre el suceso y que pudiese alterar los resultados de la investigación». Tan solo creen que, «presuntamente», se podrían evaluar «cuestiones relacionadas con las cadenas de responsabilidad por los hechos sucedidos», algo que, aducen, queda fuera de las atribuciones de la CIAF, aunque en su informe de mayo del 2014 atribuye la causa directa a que el maquinista no respetó los límites de velocidad de la curva de Angrois.
En la respuesta de la CIAF remitida a las víctimas se asegura que la principal función de este organismo es analizar los accidentes ferroviarios para realizar una serie de recomendaciones que contribuyan a mejorar la seguridad ferroviaria. En este sentido, la comisión investigadora emitió nueve propuestas de mejora al ADIF, Renfe y el Ministerio de Transportes que «se han ido poniendo en práctica a lo largo de los años transcurridos, de modo que a día de hoy todas ellas ya han sido ya aplicadas y cumplidas, según el criterio de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria». Es por tanto la primera vez que se confirma que todas las mejoras en la seguridad solicitadas por el organismo están en marcha, casi diez años después de que se emitiera el informe oficial sobre el descarrilamiento.
Entre estas medidas estaba la señalización en vía de los cambios bruscos de velocidad y su protección con balizas —estas dos recomendaciones se pusieron en marcha días después del siniestro—; mejorar el sistema de transmisión de riesgos en Renfe y en el resto de empresas ferroviarias; analizar el restablecimiento de las comisiones mixtas de seguridad Renfe-ADIF; análisis de riesgos específicos para nuevos tramos o variantes que se ponen en servicio y que se conecten con la red ferroviaria existente; comunicaciones más seguras con los maquinistas o la implantación de un sistema de grabación de audio en las cabinas. Esta última recomendación incluía que se analizara la grabación en vídeo, pero esta posibilidad se incluyó en un programa piloto y fue finalmente desechada por la rotunda oposición de los sindicatos, que invocaron la violación de derechos fundamentales.
Informe no vinculante
La comisión destaca que su informe fue analizado por la Agencia Ferroviaria de la UE una vez publicado, «sin presentar ninguna objeción». Tras una reunión con la plataforma de víctimas, la Comisión Europea solicitó a la ERA «que realizase un nuevo análisis del informe de la CIAF, pidiendo de una manera expresa que se resaltasen sus puntos débiles». Ese documento, alegan, no es legalmente vinculante y «no pone en cuestión» las recomendaciones técnicas del organismo, aunque sí plantea aspectos que se deberían haber investigado más en detalle, algo que, según la CIAF, no invalida su trabajo. Tampoco ven suficiente para reabrir el caso las dudas de la agencia respecto a la independencia de la investigación y, en cualquier caso, recuerdan que el organismo comunitario no puede imponerles ningún tipo de decisión, precisamente por su carácter independiente. «Que esa apariencia de independencia sea tan decisiva como para tener que iniciar una investigación de nuevo únicamente se apoya en una opinión de la ERA», concluyen.
«No hablamos de un informe de parte», alegan las víctimas
«No hablamos de un informe de parte, estamos hablando de que la máxima autoridad europea en materia ferroviaria dictaminó que el Estado español cerró en falso la investigación y que nunca hubo independencia», aseguró la plataforma de víctimas en un comunicado. La negativa a reabrir las pesquisas, aducen, está firmada por el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón de Angoiti, «vinculado a Renfe como trabajador durante más de veinte años» y que, recuerdan, «no tuvo ni una palabra para las víctimas» en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. «Solo le daba pena la imagen del ferrocarril español», argumentan los afectados, que reproducen una de sus frases en el Parlamento: «No quiero pasar por alto mi pena, mi desazón al recordar las tristes imágenes que han dado la vuelta al mundo con el accidente de Santiago. ..., el gigantesco daño que esas imágenes han hecho y siguen haciendo al ferrocarril español», dijo entonces Barrón de Angoiti.
Por otra parte, el popular José Manuel García-Margallo envió el 27 de mayo de 2016, cuando era ministro de Exteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy, una carta al por entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, en la que le advertía que publicar el informe de la Agencia Ferroviaria Europea crítico con la investigación oficial realizada por el Estado español sobre el accidente afectaba a «intereses nacionales», según publicó el diario digital Praza.