Odebrecht, el epicentro de la corrupción en America Latina

Una investigación rutinaria de blanqueo de dinero iniciada el 17 de marzo de 2014 por la policía de Brasilia sobre una casa de cambio contigua a una estación de lavabo de coches (Lava Jato) se convirtió en estos tres años en un auténtico tsunami contra la corrupción en America Latina. El epicentro pasó de la petrolera estatal Petrobras a la multinacional de la construcción Odebrech.

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A CORUÑA 19/03/2017 05:00 h

Brasil, el quinto país más grande del mundo, la mayor economía de América Latina y la sexta del mundo, hasta no hace mucho solo solía ser noticia por sus carnavales y por las habilidades con el balón de algunos de sus ciudadanos en el planeta fútbol. Desde hace tres años lo está siendo, casi a diario, por la cruzada judicial contra la corrupción.

La denominada operación Lava Jato, que fue el hilo que le permitió al juez Sergio Moro llegar al corazón de una inmensa red de corrupción cuyo epicentro estaba en Petrobras, se saldó en una primera fase con 125 condenados, provocó la caída de la presidenta Dilma Rousseff y dejó tocado al mismísimo Lula da Silva, el fundador del Partido del Trabajo (PT) que llevaba 13 años gobernando el país.

Pero aquello fue solo el principio porque, tirando del hilo, los investigadores llegaron pronto a la constructora Odebrech, que no tardó en emerger como el mayor epicentro de la corrupción, no solo en Brasil, sino en una docena de países de África y Latinoamérica, de México a Venezuela, pasando por Perú, Colombia, Panamá, Chile, República Dominicana y Guatemala, entre otros.

Odebrech, fundada hace 40 años por un ingeniero de origen alemán y dirigida por un nieto suyo cuando estalló el escándalo, está presente en 28 países, tiene una plantilla de 128.000 trabajadores y factura 40.000 millones de dólares anuales.

En estos tres años de investigaciones, solo en Brasil han sido detenidas unas 200 personas, la mayoría ex altos cargos de Petrobas y directores de Odebrech y otras constructoras del país. La operación Lava Jato ya ha dado pie para la apertura de 57 procesos penales contra 260 acusados. Van celebrados 25 juicios en los que se han impuesto penas que suman más de 1.300 años de cárcel.

 Delaçao premiada

Este huracán judicial contra la corrupción que empezó en Brasil y avanza poco a poco hacia el norte del continente americano está arrojando unos resultados tan espectaculares por el empeño de jueces, fiscales, policías federales y agentes del Fisco que pueden realizar su trabajo gracias a que en el país todavía funciona la división de poderes que han convertido en papel mojado buena parte de los regímenes políticos de la región. Una de sus armas decisivas es la Delação premiada, la versión brasileña del arrepentido y está claramente regulada en su legislación

Según el Código Penal brasileño, los acusados que se avengan a colaborar con la justicia pueden obtener una reducción considerable a su pena e incluso el cumplimiento de la misma en casa, previo pago de una fianza. Marcelo Odebrech, el presidente de la gran multinacional de la corrupción, condenado a 19 años de cárcel, fue uno de los primeros en acogerse a ella y solo tendrá que cumplir nueve.

Otros 77 ex altos directivos de la empresa han secundado su ejemplo y han provocado la llamada Delaçao do fin do mundo. Gracias a ellos, el pasado día 14 el procurador general de la República, Rodrigo Janot, ha presentado ante el Tribunal Supremo la solicitud de apertura de diligencias contra 83 aforados. Las investigaciones afectan a políticos del más alto nivel.

La lista, hasta ahora oficiosa, incluye a casi toda la cúpula de la política brasileña: los dos anteriores presidentes, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del PT; seis ministros del actual Gobierno de Michel Temer; los dos últimos candidatos presidenciales de la oposición, Aécio Neves y José Serra y; los presidentes del Congreso y del Senado. También afectan las investigaciones a otros 240 no aforados.

 Un problema viejo hasta ahora tabú

La corrupción de la clase política brasileña es casi tan vieja como el país, pero era tabú, lo nuevo es que se investigue. Emilio Alves Odebrech, hijo del fundador del grupo empresarial que lleva su nombre, en su declaración del pasado día 13 como testigo de su hijo ante el juez Sergio Moro, señaló que la firma participa en la financiación ilegal de partidos políticos en Brasil desde hace más de 60 años.

Desde Brasil, Odebrech conquistó América Latina. Ha construido líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina, puentes en Venezuela, casi ninguna gran infraestructura con presupuestos millonarios de la región se escapaba de sus tentáculos . Ello fue posible, en buena medida gracias a los sobornos a politicos y funcionarios de los países a los que llegó. Creó incluso un departamento específico de sobornos que fue determinante en su cuenta de resultados, según reconocieron sus directivos ante la Corte Penal de Nueva York.

Tras ser acusados de sobornar con casi 800 millones de dólares a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas, para cerrar las investigaciones abiertas en Estados Unidos, Brasil y Suiza y así poder seguir participando en licitaciones públicas,sus directivos pidieron perdón públicamente y aceptaron pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos.

 Algunos de los países en que Odebrecht admitió haber pagado sobornos en América Latina son: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.

En los 13 años de reinado de los Kirchner en Argentina, Odebrech obtuvo contratos públicos por importe de unos 278 millones de dólares, por los que, según lo que ha trascendido de la delaçao do fin do mundo, habría pagado unos peajes de 35 millones. Un primo de Macri aparece salpicado aunque el presidente lo niega.

En Brasil, solo en el caso Patrobras, se baraja la cifra de 6.400 millones de dólares esfumados, de los cuales 2.250 habrían ido a parar a Odebrech, previo pago de 320 millones en sobornos a políticos como donaciones para campañas electorales.

En Colombia la multinacional de la corrupción reconoce haber pagado 11 millones de dólares en sobornos, parte de los cuales pudieron servir para financiar la campaña del presidente Santos en 2014. En enero fue detenido un ex alto cargo del gobierno de Uribe, acusado de haber recibido 6,5 millones de dólares. También han salido a la luz acusaciones contra la constructora brasileña de haber financiado a las Farc, algo que, obviamente sus directivos no admiten.

En Perú las mordidas se cifran en 29 millones e implican en ellas a tres ex presidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Al primero se le acusa de haber recibido 20 millones en sobornos y al segundo se le adjudican tres. El escándalo obligó al actual gobierno a cancelar el contrato de construcción del Gasoducto del Sur, presupuestado en 7.000 millones de dólares, la mayor inversión en infraestructuras de la historia del país, que había sido adjudicado a un consorcio encabezado por Odebrech.

En México la constructora brasileña reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a «altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]».

Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

Pemex, la petrolera paraestatal, anunció que revisará tres grandes contratos otorgados a Odebrecht, entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En República Dominicana, donde las coimas ascendieron a 92 millones de dólares, Odebrecht se comprometió a pagar a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares al estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.

El Ecuador de Correa también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un abogado hispano-brasileño detenido en Pontevedra bajo la acusación de lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

Panamá, donde los sobornos se cuantifican en 59 millones, Odebrecht también ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades del país para pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

En Venezuela la cuantía de los sobornos se cifra en 98 millones de dólares como pago en información confidencial sobre los proyectos y para garantizar las adjudicaciones. Odebrech, según declaró en sede judicial uno de sus directivos financió la última campaña presidencial de Chávez, a través del publicista Joao Santana, asesor de imagen de Lula da Silva, Dilma Roussseff, Chavez y Nicolás Maduro. Este publicista fue condenado el pasado dos de febrero a ocho años de cárcel por blanqueo de dinero.

Chávez le adjudicó a la constructora brasileña un total de 32 obras, de las cuales las cinco más importantes, de acuerdo a una investigación de la Asamblea Nacional, se adjudicaron en 16.000 millones de dólares y algunas acabaron con un sobreprecio siete veces superior al presupuesto inicial. El 80 % están sin terminar. Las más importantes son líneas de metro y ferrocarril que, según el diputado opositor Julio Montoya tienen un coste por kilómetro 300 veces superior a la media de otros países. El sobrepecio total lo cifra en unos 1.000 millones de dólares.

El escándalo en el caso de Venezuela es de tal magnitud que Maduro dio luz verde a la Fiscalía para investigar y nombró a su propio hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de 26 años, que desde enero ocupa la Dirección General de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales, como supervisor e investigador de las obras inconclusas de Odebrech en Venezuela. La mas importante es el segundo puente del Lago de Maracaibo (puente Nigal) con un presupuesto 3.400 millones. ¡Todo queda en familia!

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