No puede ser más oportuno el nombramiento de una comisión de expertos para la reforma fiscal, de la cual, por cierto, formarán parte dos académicos gallegos de primer nivel, los profesores Xavier Labandeira y Santiago Lago. Es verdad que en el pasado hubo iniciativas parecidas sin efecto práctico alguno: ocurrió, por ejemplo, con la llamada Comisión Lagares, designada por el gobierno de Rajoy y cuyas conclusiones no pasaron del fondo de un cajón. Ahora, sin embargo, las cosas debieran ir por otro camino. Y ello por varias razones: primero, por la urgencia de contar con una nueva estructura impositiva que permita aumentar la recaudación, en un momento en que al Estado se le están exigiendo nuevas tareas y los desequilibrios de las cuentas públicas son grandes. También por un motivo de eficiencia y claridad de los tributos. Pero, sobre todo, por la necesidad de adaptar el sector público a las tendencias de intenso y profundo cambio que están ya en marcha, social, tecnológico y medioambiental.
Este último punto lleva a pensar que no es este un asunto que concierna únicamente a España, aunque aquí la tarea sea particularmente premiosa. Casi todos los países necesitan adaptar sus sistemas fiscales a las dinámicas mutantes y a las necesidades de unas políticas económicas en pleno proceso de transformación. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, con la decisión del presidente Biden de subir significativamente el impuesto de sociedades. Según la economía de que se trate habrá que subir los impuestos o no (aquí no quedará otra que hacerlo, una vez que la recuperación coja vuelo). Pero después de varias décadas de una ideología marcadamente hostil a los impuestos, parece llegada la hora de desnudar algunos argumentos falaces sobre los que esa aversión se ha sustentado.
Así lo hacen dos importantes especialistas, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro El triunfo de la injusticia. Aunque muy centrado en el caso de Estados Unidos, muchas partes de este estudio tienen validez universal. Dos errores (por no decir algo peor) en torno a la fiscalidad han tenido efectos particularmente graves. El primero, que bajar los tipos impositivos a partir de un cierto nivel no minora, sino que hace crecer la recaudación. Es el argumento de la famosa y muy influyente curva de Laffer, que una gran mayoría de estudios empíricos han revelado como falso. Si la presión fiscal disminuye, se dice, entonces los individuos pierden interés por la evasión y el pago de los tributos se hace más efectivo; los datos aportados por los autores lo desmienten con rotundidad, al menos con un sentido general. Y por otra parte, con demasiada frecuencia se ha afirmado que la reducción de impuestos tiende a favorecer a los sectores de menor renta o a la clase media; aunque en primera instancia favorezca a las rentas altas sus efectos acabarán por impregnar al conjunto de la economía y derramarse hacia los menos pudientes. Un planteamiento que después de treinta años se revela directamente como una superchería: en la fuerte reducción de la progresividad impositiva y los menores gravámenes sobre el capital está una de las claves para explicar la explosiva desigualdad contemporánea.
Pero el punto decisivo está en otro lugar. La tributación, afirman Saez y Zucman, «es un sistema de creencias, con convicciones compartidas sobre los beneficios de la acción colectiva…, sobre el papel central del gobierno en su organización y sobre los méritos de la democracia… Cuando se va a pique las fuerzas de la elusión son capaces de abrumar hasta a la más sofisticada autoridad fiscal». Durante décadas la fiscalidad ha estado socavada por una intensa presión deslegitimadora. Es momento de desmontar esa trampa.