Después de largas décadas en las que la idea de intervención pública en la economía se observaba con todo tipo de sospechas, ahora parece que las tornas están decididamente cambiando. Lo cual no debiera sorprender a nadie, pues esto de que se alternen las fases de mayor y menor protagonismo económico de los Estados es algo que se remonta a casi dos siglos. El caso es que ahora el Gran Gobierno parece estar retornando con fuerza.
Lo vemos en el orden de las ideas, con la aparición de nuevos argumentos que se hacen cada más influyentes (y aquí destacarían autores como Mariana Mazzucato y su «Estado emprendedor», o Dani Rodrik y su «nuevo paradigma productivista»). Pero sobre todo, cabe observarlo en la evolución de la propia realidad: primero, como inevitable respuesta a la crisis financiera de hace tres lustros; más tarde, por la necesidad de afrontar el gran shock de la pandemia; y ahora —y esto parece lo fundamental— debido a la presencia de un horizonte de profunda transformación tecnológica y productiva (que en otras ocasiones hemos denominado «proceso de destrucción creativa a gran escala»). Decididamente, vamos a nuevas tareas de los Estados —y nuevas sinergias con empresas y mercados— en búsqueda de grandes objetivos de innovación, sea en el ámbito de los modelos energéticos o en el de la digitalización. Para ello, en Europa y Estados Unidos se están disponiendo planes de inversión de unas dimensiones desconocidas, que se concretan en programas como los PERTE.
Pero todo eso hay que saberlo hacer. Y aquí surgen algunas dudas de primer orden. ¿Están preparadas las estructuras de los Estados para hacer frente a sus nuevas y muy complejas responsabilidades? ¿Serán capaces de llevar adelante en tiempo y forma las muy ambiciosas políticas industriales que ahora se están gestando? Si pensamos en que esos programas deben reorientar la dinámica profunda de la economía en un tiempo bastante breve (cinco años) es fácil que caigamos en la melancolía. De hecho, ya se están observando algunos retrasos significativos en la ejecución de los PERTE que cabe atribuir a una cierta incapacidad de las administraciones responsables.
Porque el problema de las insuficiencias del sector público, sin ser algo específico de España, sí parece por aquí particularmente grave, según identifican todo tipo de estudios comparativos; por ejemplo, nuestras administraciones no salen bien paradas en informes internacionales como Doing Business. Y eso se acrecienta en relación con las dinámicas de cambio. En un importante manifiesto firmado en el 2020 por un buen número de expertos en la cuestión (Por un sector público capaz de liderar la recuperación) se afirmaba: «Tenemos un sector público más preparado para seguir pautas establecidas que para manejar entornos de cambio y disrupción tecnológica que obligan a gestionar innovación, y que requieren que esta innovación se haga de forma transparente y abierta al escrutinio social».
La cuestión es que en los próximos años casi todo va a ser nuevo. Por eso la reforma de las administraciones públicas, con el fin de dotarlas de mayores niveles de agilidad y eficiencia, eliminando lastres e inercias burocráticas, debiera ser una prioridad política. Porque sin aumentar las capacidades de los Estados el ya seguro mayor protagonismo económico de estos, más que traer soluciones, pudiera arrastrarnos a nuevos e intrincados problemas.