Es difícil saber lo que en Moncloa entienden por «golpista». Si se refieren al llamamiento hecho por Aznar para que la sociedad se rebele frente a las concesiones al independentismo, habría que recordar a la ministra Portavoz (y eso que es licenciada en Derecho) lo que dice el artículo 21 de la Constitución: «1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».
¿Pretende el Gobierno de Sánchez limitar los derechos de manifestación y de libre expresión? No me extrañaría, porque la deriva del Ejecutivo hacia la cubanización y venezuelización de España es incuestionable. Se empieza por imponer el pensamiento único y cancelar a todo aquel que opine diferente y se acaban negando los pilares de la democracia.
Pero, en el fondo, esta postura oficial es coherente con su forma de actuar en los últimos tiempos. Golpista es el que exhorta a la gente a protestar y mostrar su rechazo públicamente, pero no quienes dan un golpe de Estado en el Parlamento catalán, que se benefician del indulto gubernamental. Tampoco son presuntos golpistas los miles de imputados por los actos del 1-O, entre ellos los que colaboraron con los condenados por sedición y los que incendiaron las calles tras la sentencia del Supremo. Esos a los que Pedro Sánchez —por el único y exclusivo motivo de obtener siete votos para permanecer en su trono de hierro— quiere conceder una amnistía, que no es otra cosa que saltarse otro fundamento básico del Estado de derecho: que cualquier acusado de un delito haga frente a la Justicia.