«Seguiremos luchando por el ascensor de Rufina, en una ocasión me la encontré tirada en la escalera encima de un charco de sangre»

Los vecinos del número 2 de la plaza de León, en Pontepedriña, se niegan a bajar los brazos. Confirman que seguirán luchando por un ascensor que tanto Concello de Santiago como el Instituto Galego de Vivenda e o Solo (IGVS) les niega. Cumplen con todos los requisitos de la línea de ayudas municipales financiadas por la Unión Europea, pero deudas entre ambas instituciones los dejan fuera de la subvención para su construcción. El elevador no solo es fundamental para la vida de Rufina González, compostelana de 88 años que está completamente ciega y que vive en el cuarto piso, sino que «todos lo necesitamos», replican los residentes en el bloque.

Rita María Iglesias ofrece el testimonio más desgarrador. Vive justo debajo de Rufina y explica que «desde que vivo aquí ya se cayó dos veces en la escalera. En una ocasión me la encontré tirada encima de un charco de sangre. Yo no sé si la gente es humana, pero cada vez que escucho un bastón caer salgo como una loca por si le ha pasado algo. Es una señora que no se conforma con quedarse en casa y la entiendo. No puede seguir así». Destaca que solo esa historia debería movilizar a los políticos para que solucionen un problema que motiva que «vivamos en una angustia permanente. Cuando llegué, yo tenía una lesión en el menisco y no podía apoyar la pierna, pero ¿cómo subo entonces los tres pisos?». Explica que otra vecina también tuvo que buscarse la vida cuando dio a luz: «Andaba de arriba para abajo con el carrito y con el bebé. Hasta que el niño anduvo por sí solo fue una tortura y para eso tienen que pasar años».

Carlos Mourelle, presidente de la comunidad, es otra de las personas que busca soluciones para que se construya el ascensor. Reconoce que vive en el primer andar y que no lo necesita de igual manera que otros residentes del bloque, pero «está Rufina, que é completamente cega e si que o precisa. Ademais neste edificio vive case todo xente maior e hai que ser humanos e non pensar só nun mesmo. Mañá calquera pode romper unha perna e precísao, e os anos pasan para todos».

Reurbanizar

Destaca Mourelle que la comunidad no puede hacerse cargo de una obra que además «necesita que o Concello reurbanice toda a zona. Para construír o ascensor hai que invadir a beirarrúa, polo que se teñen que retirar tódolos servizos que hai agora e desprazalos cara a carreteira. Vai custar iso máis que o elevador porque teñen que mover tubaxes de augas, sumidoiros, acometidas eléctricas...».

Es la hija de Rufina, Ana González, la que confiesa que «a gran maioría dos veciños son pensionistas. Por moito que queiran aforrar para poñer eles o ascensor é misión imposible. Serían moitos anos de aforro e non poden esperar». Desde la comunidad reclaman que en las próximas ayudas de este tipo se incluya en los baremos el grado de discapacidad que tienen los residentes de los bloques: «Hai que axudar aos máis vulnerables. É de xustiza».

«Hay voluntad para buscar una solución, pero queremos ver pasos y por el momento no los vemos», admite Rita María Iglesias, que cree que si Concello e IGVS no solucionan sus problemas «para el año si hay otra convocatoria ocurrirá lo mismo. Lo que nos ha pasado a nosotros ha sido una vergüenza y esto afecta a otros edificios y comunidades. En parte estoy contenta porque estamos peleando y descubrimos lo que pasaba. Seguiremos luchando por Rufina, está claro. Tenemos nuestras vidas, trabajos y problemas, pero creemos que también podemos ayudar a otras personas para que no les ocurra lo mismo».

Si Rufina González comenzó su batalla para poder salir de una casa que se ha convertido en su prisión, el resto de los vecinos le dan la mano para acompañarla. Creen que es de recibo que tanto el Concello como el IGVS se sienten antes de seguir perjudicando a más personas. «Non é un caso solo noso, a saber cantas comunidades hai igual», admite María Mallón, que ya ha pedido al Valedor do Pobo que actúe para que el ascensor que necesita el número 2 de la plaza de León se convierta en realidad.

Concello y Xunta se ponen de perfil y se escudan en deudas pendientes entre ellos

La subvención solicitada al Concello para instalar el ascensor llegó denegada, culpando Raxoi al Instituto Galego de Vivenda e o Solo (IGVS) por una deuda pendiente que, paradójicamente, no pertenece a ninguno de los dos pisos que tiene a su nombre en el bloque. El Concello achaca al IGVS lo ocurrido porque «como consecuencia das débedas desta entidade co Concello (aínda que non estean asociadas a esas vivendas), as súas solicitudes son declaradas non aptas».

No es la misma versión que esgrime el IGVS, que afirma que las dos viviendas del barrio de Pontepedriña no son de su propiedad. Explican que se tratan de pisos de promoción pública y que, en el momento en que los adjudicatarios pagaron la última cuota, pasaron a pertenecerles: «Esas vivendas son propiedade do adxudicatario, pero aínda está pendente o procedemento de escriturar o inmoble a nome do seu propietario».

---

---

---