Embargos atribuye las demoras en las expulsiones de inquilinos que no pagan el alquiler al atasco de los servicios sociales
09 abr 2022 . Actualizado a las 23:29 h.El primer trimestre del año ha sido castigado con una inflación de casi dos dígitos, la huelga del transporte y el desabastecimiento, la subida del recibo del gas y la luz, la guerra de Ucrania y el aumento del paro en Vigo. En medio de estas malas condiciones económicas, los juzgados de Vigo han ordenado desalojar a 133 familias que no pagaron el alquiler, la cifra más alta desde la pandemia. Es una expulsión de hogar al día. Sin embargo, de estos 133 expedientes, más de 40 son casos repetidos porque los morosos, meses antes, lograron que el juez les concediese una prórroga y suspendiese su desalojo por el plazo de un mes, ante de reiniciar la orden. En Vigo, se aplazan hasta dos y tres veces las expulsiones de viviendas por impago de la renta.
Los moradores beneficiados con la prórroga alegaron para evitar su expulsión que estaban en una situación de riesgo y de vulnerabilidad económica y carecían de otro techo dónde cobijarse. Se trata de personas sin recursos que están en el paro, con hijos menores de edad a su cargo o con diversidad funcional. «A veces vamos a una casa, vemos que hay niños y avisamos al juez. Esta semana tuvimos tres casos que fueron suspendidos porque eran familias con hijos menores y no tenían a dónde ir. Los lanzamientos fueron suspendidos para que interviniesen los servicios sociales», cuenta el letrado judicial de la Oficina Común de Notificaciones y Embargos de Vigo, Fernando Varela.
Una vez que el juez suspende la ejecución del desahucio, los servicios sociales tienen un mes de plazo para elaborar un informe sobre la situación económica de la familia que vive en la vivienda mientras que la Xunta les busca un alojamiento alternativo.
Sin embargo, según Embargos, el proceso burocrático va lento, «hay dilaciones en exceso» y los informes de los servicios sociales tardan porque están «atascados». «Los servicios sociales ahora tienen mucha carga de trabajo, tratan de hacer el informe en un mes pero si no pueden, se amplía el plazo. No hay una regla general, depende de las circunstancias y de los servicios sociales, de que envíen los informes al juez», explica Varela.
Ese retraso obliga a los magistrados de primera instancia a prorrogar por segunda vez el desalojo e incluso conceder un tercer aplazamiento. Por ello, un tercio de los expedientes para expulsar a familias son registrados nuevamente pero, en la práctica, es la misma vivienda repetida, porque en su día el juez paralizó su desalojo o lo prorrogó.
En el primer trimestre de este año, los caseros presentaron 153 demandas para expulsar al inquilino, 10 más que hace un año. Eso ha tenido su reflejo en la oficina de Embargos. Desde enero, ha registrado 133 lanzamientos o ejecuciones de desahucio. Una comisión judicial acude a la vivienda a cambiar la cerradura, vaciar el interior y devolverle la posesión al casero. Son un 31,6 % más de lanzamientos que el pasado otoño, cuando hubo 101 casos, y un 9 % más que en el primer trimestre del 2021, cuando se registraron 122. Estos datos no significan que ahora haya más desalojos sino que se repiten aquellos aplazados en el trimestre anterior.
Un tercio de los hogares alega vulnerabilidad pero no siempre les dan la razón. Los criterios para dar la suspensión varían. «El mismo día hubo dos peticiones de aplazamiento: un juez lo concedió y el otro no», dice Varela.
Desalojan a un parado que frenó tres veces el lanzamiento, una cifra récord
El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo desalojó ayer a un inquilino en paro que logró el récord de aplazar tres veces su desalojo de la vivienda alegando un riesgo de vulnerabilidad. «Es la tercera vez que se señala el lanzamiento, esta vez sí se hizo», dice Varela. Días antes, los vecinos vieron cómo el morador, de mediana edad, retiraba sus muebles, una vez que recibió la notificación de que iba a ser desalojado. Se trata de un inquilino, del que no consta que tenga hijos menores a su cargo, que estaba desempleado y no pudo afrontar el pago de la renta. Por ello, pidió la intervención de los servicios sociales pero estos, según Varela, están «atascados» y, debido a la demora en atenderlo, encadenó tres suspensiones.
María Pérez: «Si no bajan los precios, acabará habiendo desalojos»
La presidenta de la Federación de Vecinos Eduardo Chao atiende peticiones de hogares sin dinero
a.martínez
La escalada de precios pone al borde de la exclusión social a cientos de ciudadanos. La Federación de Vecinos Eduardo Chao atiende cada día a muchas personas que no saben cómo van a sobrevivir si los precios no bajan. La última, una mujer con un niño pequeño que trabajaba por horas en un supermercado y que se quedó sin empleo. Cobra un paro de 500 euros y paga un alquiler de 550. Las cuentas no salen ni para ella ni a muchas otras personas que se han quedado sin trabajo o subsisten con sueldos bajos. «Creo que si no se hace algo, acabará habiendo desahucios porque, tal y como están los precios de los alquileres, de la cesta de la compra, la luz e incluso el agua. Hemos recibido muchas quejas de cómo ha subido el agua tras la última tarificación aprobada en el Concello», señala la presidenta de la federación vecinal, María Pérez.
Se pregunta qué va a pasar después de septiembre, cuando finalice el plazo para no ejecutar desahucios, «porque esto no tiene visos de mejora». Cree que hacen falta más viviendas de protección oficial en Vigo, puesto que las que están proyectadas en el polígono de Navia no serán suficientes. Cree que el Concello debería de promover iniciativas en ese sentido como, por ejemplo, establecer convenios de colaboración con propietarios que tienen pisos vacíos para poderlos ofrecer a precios asequibles.