Los primeros refugiados climáticos de España: sus casas expropiadas por el alto riesgo de inundación

No fue la última. Llegaron otra riada en 2023 y otra en octubre de 2025, cada una más violenta que la anterior. Tras la del año pasado, el entonces alcalde, Joan Roig, declaró que los vecinos de estas diez casas eran los primeros desplazados climáticos de Cataluña. «Cuando compras una casa te aseguras de que esté todo correcto, y aquí no había ningún registro de que se hubiera inundado», dice Dídac. El pasado julio, la Generalitat aprobó dos millones de euros para que el Ayuntamiento las adquiera y las derribe. Se van.

Los estudios técnicos describen lo que ocurre allí como flash floods, crecidas súbitas: tormentas que descargan sobre cuencas pequeñas y empinadas y bajan en minutos con fuerza destructiva. Es, a una escala diferente, el mismo fenómeno que a finales de agosto dejó centenares de muertos y miles de desaparecidos entre Nepal y el Tíbet, desencadenado por el colapso parcial de un glaciar.

Las inundaciones se han multiplicado por 2,5 en el mundo desde la década de 2000. Europa, el continente que más rápido se calienta, perdió 822.000 millones de euros por fenómenos extremos entre 1980 y 2024; España es el cuarto país de la UE en pérdidas. Un estudio de la Universidad de Oviedo, tras analizar 75 años de desastres, sitúa a nuestro país en una «posición de vulnerabilidad crítica» dentro de Europa. En los últimos quince años, España ha registrado casi tantos desastres como en los sesenta anteriores. Los episodios se han multiplicado por 13 con respecto a los años cincuenta.

Pero el problema no es solo cuánto está cambiando el clima, sino a qué velocidad somos capaces de adaptarnos. El primer European Climate Risk Assessment (EUCRA), la gran evaluación de riesgos climáticos publicada en 2024 por la Agencia Europea de Medio Ambiente, identifica 36 amenazas capaces de causar daños graves en Europa, desde el calor y la sequía hasta las inundaciones, los incendios o los efectos sobre infraestructuras, salud y economía. De ellas, ocho son especialmente urgentes. Su diagnóstico es preocupante: «La preparación de la sociedad sigue siendo baja» y la aplicación de las políticas va sustancialmente por detrás de unos riesgos que aumentan con rapidez.

«Me paso el día pendiente de partes y avisos. Tengo miedo», cuenta Miguel Joaquín. Cuando la alerta llega a naranja, carga el coche y se marcha con su familia a otra parte. Dídac, cuando el cielo se pone negro, atornilla la puerta del almacén y pone los coches a salvo. «Vas aprendiendo la lección. Pero eso no es vivir». Su vecina Josefa Palancí, que lleva 27 años en la urbanización, hoy ha salido de casa al ver que se cubría el cielo; ha vuelto solo al comprobar que era falsa alarma, que hoy no llovería. «Cuando estoy dentro y empiezo a oír la lluvia, voy a por los tapones de los oídos y las pastillas de dormir. Siempre digo: 'Si no me despierto, no me despierto'». Su marido, Félix Chaparro, añade que, aunque la estructura de las casas aguante, «la gente ya vive con miedo». Y comenta: «El Mediterráneo está muy caliente. Cuando tienes el agua a 30 o 32 grados, tienes una masa de vapor enorme. Es pólvora». El mar cálido carga de humedad la atmósfera; el viento de levante la empuja hacia la costa; y la sierra del Montsià, pegada al mar, hace que ese aire húmedo se enfríe y descargue sobre barrancos cortos y muy verticales, con gran parte del cauce ocupado por casas. Antes era un fenómeno esporádico. Ahora nadie duda de que volverá. «Tenemos que estar fuera de aquí antes de la próxima», coinciden los vecinos.

Nadie decidió expropiar a la primera. En febrero de 2025, el Ayuntamiento reunió en un hotel de Alcanar a técnicos, bomberos, geólogos e ingenieros de tres universidades, encerrados durante dos intensos días. «Fue como un cónclave», recuerda el alcalde, Marc Chavalera. Se estudiaron alternativas que iban desde trasvases entre barrancos y balsas de laminación hasta convertir calles en corredores para el agua o retirar muros. La expropiación era la medida más drástica. Pero también una de las que ofrecían mayor seguridad. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático reconoce que no existe una fórmula matemática para tomar decisiones así: los mapas de riesgo y los análisis técnicos deben guiar la respuesta, pero determinar qué nivel de peligro resulta aceptable tiene también «un innegable componente social y político».

En Alcanar se intentó evitar la expropiación. Entre 2023 y 2025 se trabajó en una canalización que permitiera dar salida al agua sin derribar viviendas. Pero la riada del pasado mes de octubre cambió la situación. «Vemos que ya no podemos asegurar que aquellas casas puedan aguantar otra lluvia torrencial», explica Chavalera.

Después de aquel episodio, Ayuntamiento, Generalitat y Agència Catalana de l'Aigua acordaron sacar primero a los vecinos y abordar después la transformación del barranco.

Jurídicamente han pasado a ser desplazados climáticos, a la espera de que se regule el concepto 'refugiado climático'. El Plan Nacional de Adaptación sí habla de personas desplazadas por eventos climáticos y utiliza la definición de desplazado interno: quien se ve forzado u obligado a abandonar su hogar o residencia habitual, entre otras causas por un desastre natural, pero permanece dentro de las fronteras de su país. El concepto de refugiado climático, en cambio, no está reconocido en el marco normativo europeo como una categoría específica de protección, una carencia que ya denunciaba el anterior alcalde de Alcanar.

La diferencia es importante. Nadie solicita en España que la Administración le conceda el estatuto de 'desplazado climático' en los mismos términos y condiciones que se solicita el estatuto de refugiado.

No hay una declaración administrativa que active automáticamente una indemnización, un realojo o una serie de derechos especiales. De hecho, las estadísticas de desplazamiento incluyen movimientos mucho más breves: evacuaciones provocadas por incendios o inundaciones que pueden durar horas o días. Entre 2012 y 2023 se contabilizaron en España 24.574 desplazamientos por inundaciones. Lo excepcional de l'Estona no es, por tanto, que alguien abandone su casa durante una emergencia, sino que la Administración haya decidido que la salida debe ser definitiva.

Dónde está en riesgo la costa española

Un informe de Greenpeace España, con la colaboración del Global Mapping Hub de Greenpeace Internacional, localiza los principales impactos urbanísticos y climáticos sobre el litoral

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Fuente: Greenpeace España y Global Mapping Hub

Firma: S. I. Belled

Y entonces aparece una pregunta mucho más prosaica: ¿cuánto vale la casa que tienes que dejar? En Alcanar se está intentando evitar, al menos de entrada, una expropiación forzosa. «Nuestra primera opción es llegar a un acuerdo amistoso», explica Chavalera. El Ayuntamiento encargó las valoraciones a un tasador certificado con el objetivo, según el alcalde, de aproximarse a un precio de mercado. Si hay acuerdo, la Generalitat financia la adquisición; si no lo hay, quedaría abierta la vía de la expropiación formal.

Para estas diez viviendas, construidas legalmente en suelo urbano, la Generalitat aprobó en julio una subvención de dos millones de euros destinada a su adquisición y posterior derribo. Pero retirar casas es solo una parte de la factura de adaptarse. Tras las inundaciones de 2025, el Govern anunció 37,5 millones en cinco años para intervenir en 18 barrancos del Montsià y el Baix Ebre mediante ampliaciones de pasos de agua, canalizaciones y otras obras hidráulicas. A ello se sumaron 10 millones de euros en ayudas a los municipios afectados por la dana. Son programas diferentes: unos pagan la emergencia; otros, las obras preventivas; y, en Alcanar, una partida específica permitirá comprar casas para hacer sitio al agua.

La factura se reparte además entre administraciones, fondos europeos, propietarios y aseguradoras. El Plan Nacional de Adaptación menciona como fuentes de financiación los presupuestos públicos, programas nacionales y fondos europeos como FEDER, LIFE u Horizonte Europa. Y cuando el desastre ya ha ocurrido entra en juego el sistema asegurador: el Consorcio de Compensación de Seguros cubre daños extraordinarios provocados por inundaciones, pero únicamente sobre bienes asegurados. Miguel calcula que una de las riadas le provocó más de 100.000 euros en daños y que recuperó alrededor del 60 por ciento; Dídac cifra los suyos en unos 60.000 y dice que recibió aproximadamente la mitad.

Europa teme que la repetición de desastres termine desbordando también esos mecanismos financieros. El EUCRA advierte de que los instrumentos europeos de solidaridad frente a catástrofes se encuentran ya sometidos a una presión crítica después de sucesivos incendios e inundaciones, y reclama aumentar de forma importante los recursos del Fondo de Solidaridad de la UE y del Mecanismo de Protección Civil.

Y tampoco todos pueden esperar de la misma manera. De las diez viviendas del Llop, cuatro son, según los propios vecinos, residencias habituales; las demás son segundas viviendas. «El que tiene una segunda vivienda puede esperar más», dice Miguel. Él no. «Yo me voy o me voy. No me queda otra».

No es el único desesperado. Juan Roig dejó la alcaldía de Alcanar el pasado diciembre por el desgaste ocasionado por la gestión de cinco inundaciones. «La gestión permanente de la emergencia ha dejado una huella física y mental que, hoy, ya no puedo continuar asumiendo», confesó el regidor en una carta abierta a los vecinos. Visiblemente afectado, Roig aseguró que «el futuro de Alcanar estará marcado por el cambio climático. Nos viene algo muy grave».

Estas semanas se están abordando ya los últimos flecos para acordar con el Ayuntamiento el monto que recibirán por sus casas antes de cerrar la puerta definitivamente. «Está claro que vamos a perder dinero. Pero también está la tranquilidad que vamos a ganar», resume, resignado, Dídac. «Tengo que poder mirar al cielo y no pensar que mañana voy a perderlo todo».

EL ALCALDE DE ALCANAR: «NO ES SOLO AGUA: BAJAN ROCAS»

«En 2021 todavía se podía pensar que habíamos tenido mala suerte y que era algo excepcional. En 2023 ya no. Ahí se crea una mesa técnica con especialistas en urbanismo, emergencias, bomberos, Protección Civil, meteorología... En un primer momento se estudió hacer una canalización en el barranco del Llop sin tocar ninguna casa. El problema es que muchas de aquellas soluciones se calculaban pensando en agua limpia», explica Marc Chavalera, alcalde de Alcanar. El regidor cuenta que después comprobaron que no baja solo agua: bajan sedimentos y rocas de la montaña. «Quitar un pozo o hacer una salida de dos o tres metros no iba a resolver el problema. La segunda mesa técnica fue mucho más concreta. La solución ya pasa por retirar estas diez viviendas. Las otras alternativas no garantizan la seguridad. Ahora queremos que quede marcado como zona hidráulica y que no pueda volver a construirse allí. Porque ahora todos estamos muy concienciados, pero no sabemos si dentro de veinte años alguien puede volver a pensar que aquello es urbanizable».