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El bloc del cartero

Malversaciones

Lorenzo Silva

Resulta algo escandaloso que los legisladores rebajen selectiva y diligentemente la respuesta penal a los delitos que pueden cometer ellos. Así viene a expresarlo un lector, lo que recuerda la poca prisa que se dieron para la reforma de algún otro delito, por ejemplo, el tráfico a pequeña escala de droga, por el que llevaban encarceladas años cientos de mujeres pobres y extranjeras a las que se detenía en un aeropuerto, y que pese a esa circunstancia –que no concurre en los ahora exonerados– sí se hizo con todos los informes preceptivos y ningún trámite de urgencia. Esa delicadeza para consigo mismos de nuestros patricios, esa benignidad para con sus propias malversaciones, acaba siendo una malversación de la confianza que en ellos se deposita. Ya se verá con qué consecuencias.

Las cartas de los lectores

Devolver el dinero

Es muy difícil que la desconexión de los políticos españoles con la realidad social sea mayor. La armonización de las leyes con las europeas es ... un cuento chino que entra en conflicto con la mayoría de las normas de cada país. Mientras aquí se reduce el delito de sedición y malversación, en otros países lo denominan 'alta traición', que es lo que realmente ocurrió en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Realizar un intento de ruptura del Estado por parte de políticos que han jurado defender la Constitución, con modificación de las normas de manera ilegal y fraudulenta, así como la desviación de fondos públicos para conseguir esa ruptura, es un escándalo mayúsculo, mayor cuando en lugar de agravar las condenas por la comisión de estos actos se las reduce a la carta para unos políticos en concreto. Resulta curioso que los políticos, que manejan el dinero público y por ello tienen la obligación de hacerlo correctamente, también tienen la posibilidad de malversarlo. ¿Qué sucede cuando esto ocurre con tanta frecuencia? Pues que se los condena a penas cada día más suaves y, además, no se les exige la devolución del dinero. Ahí radica la cuestión: si un funcionario o político hace un mal uso o se apropia de dinero público, lo lógico es que se lo condene a cumplir una pena y a devolver el dinero robado, y si no lo devuelve, debería ser un agravante que aumentara su pena. Desgraciadamente, el peso de la ley no cae sobre los que las hacen, ya sabemos por qué.

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