Monarquía

Y, al contrario, a veces la consecución de bienes más altos exige al buen gobernante sacrificar la prosperidad y bienestar material del pueblo. Hay otro argumento que suele emplearse a favor de la monarquía, sobre todo en los círculos intelectuales que forman la llamada 'opinión pública'. Consiste tal argumento en circunscribir las bondades de la monarquía, personificándolas en el actual monarca; o más bien en rehuir el pronunciamiento sobre la monarquía como forma de gobierno mediante una profesión más o menos fervorosa o cortesana de 'juancarlismo'. Pero defender la vigencia de la monarquía basándose en un argumento tan endeble como que el rey de turno nos caiga más o menos simpático, o en función de sus prendas personales, o de los logros específicos de su mandato equivale, en el fondo, a fundar nuestra defensa en razones adventicias y pasajeras. Esta defensa 'coyuntural' de la monarquía, como la anterior, no hace sino contribuir a la fragilidad de la institución.

La monarquía, al establecer nítidamente un orden sucesorio, garantiza que la suprema representación del poder no se enfangue en luchas intestinas que suelen desembocar en rifirrafe de intereses partidistas; y que, en el caso español, han desatado calamidades sin cuento. Y, al mismo tiempo, la monarquía constituye la única argamasa o elemento de unión en el ámbito político que puede detener las tentaciones separatistas. El liberalismo moderado, dándose cuenta de que la monarquía era la única institución política que podía frenar la disgregación, trató de hacer en los últimos doscientos años compatible la subsistencia de la monarquía con el principio de voluntad popular; pero el problema, producto seguramente del peculiar temperamento español, es que el liberalismo moderado se vio enseguida desbordado por veleidades que, amparadas en el principio de voluntad popular, acabaron siendo el campo de cultivo de las tesis políticas más incendiarias. La República, en las dos ocasiones que se instauró en España, fomentó la desintegración territorial, a veces incluso en contra de la voluntad de sus propios promotores; y, en la medida que el espíritu del republicanismo se introduzca en nuestro régimen monárquico, las reivindicaciones identitarias no harán sino crecer.

La monarquía es hoy la única institución política que garantiza la unidad y permanencia de la nación española, hostigada por tendencias disgregadoras que pugnan por exaltar nimias diferencias. En medio del desconcierto institucional que padecemos, la monarquía se erige más que nunca en salvaguarda de los auténticos intereses nacionales. Debemos ser exigentes en demandarle que los salvaguarde, y denunciar las flaquezas y desviaciones de las personas que la encarnan, pero el modo menos responsable y leal de hacerlo es desacreditar la institución. No me refiero a las actitudes respetuosas y perfectamente legítimas de personas que consideran que la forma republicana de gobierno presenta rasgos dignos de estimación, sino a quienes, desde el rechazo sistemático de la tradición y de la experiencia histórica como fuentes de conocimiento, consideran la monarquía como una forma periclitada de gobierno que conviene arrumbar en el desván de la historia. Pues la España que conocemos, las empresas históricas que España ha acometido a lo largo de los siglos, son incomprensibles sin la pervivencia de la institución monárquica; y mucho nos tememos que una España que dejara de reconocerse en la monarquía estaría condenada a la desaparición.