Próspera, la república de los 'tecnobros'... al margen de la ley

Próspera ocupa menos de medio kilómetro cuadrado en la isla de Roatán, en el Caribe. Al entrar, guardias armados te hacen firmar un 'permiso temporal' que te vincula a su código legal, al margen de la jurisdicción hondureña. Dentro hay un edificio de coworking, una torre residencial de catorce pisos y una construcción futurista llamada La Fábrica Circular, donde robots programables convierten bloques de madera en materiales de construcción. Todo conectado por lanchas rápidas con un resort con playa y campo de golf en otra parcela.

El proyecto nació en 2017 de la mano de Erick Brimen, un venezolano que lo vendió como «iniciativa contra la pobreza». Y se ha convertido en el patio de recreo de los inversores Marc Andreessen, Peter Thiel (que ya financió un proyecto para construir países flotantes en aguas internacionales) y el 'criptozar' Brian Armstrong (Coinbase), que han aportado parte de los 120 millones de dólares para su puesta en marcha, gestionados a través de paraísos fiscales. Allí se organizan conferencias sobre «cómo hacer la muerte opcional» y biohackers se someten a experimentos médicos que ningún país aprobaría.

Próspera es una ZEDE (zona de empleo y desarrollo económico), una figura que permite tener leyes, policía y tribunales propios (tres magistrados jubilados de Arizona que juzgan por videoconferencia). Las empresas que operan allí pueden elegir qué leyes aplicarse de una lista de 36 países. O escribir las suyas propias. No se piden permisos ni licencias. Si algo sale mal, los daños los cubre un seguro de responsabilidad civil. Toda esta fantasía libertaria se montó sobre una ley aprobada por Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien en 2024 fue condenado a 45 años de prisión por conspiración para enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hernández fue indultado por Donald Trump el pasado diciembre, al mismo tiempo que decía liderar la lucha contra el narcotráfico en América Latina.

La sucesora de Hernández, Xiomara Castro, ha declarado la guerra a las ZEDE, y el Tribunal Supremo hondureño las considera inconstitucionales. La respuesta de su fundador ha sido demandar a Honduras por 11.000 millones de dólares, un tercio del PIB del país, por «pérdida de beneficios futuros». Y desde Washington tiene a docenas de congresistas presionando para que el Gobierno hondureño no toque su experimento.

Paul Romer, el Nobel de Economía que en su día defendió el concepto de 'ciudades chárter', ahora dice que Próspera «ha perdido el rumbo» y que no es más que «una comunidad cerrada que hace lo que le da la gana». Mientras tanto, se acaba de lanzar Próspera África para exportar el modelo.