Pasaportes a bajo precio

El reconocimiento de 2015 reparaba, al menos simbólicamente, uno de los crímenes de Estado más flagrantes jamás cometidos: la expulsión de los judíos en 1492.

La última expulsión de los moriscos tuvo lugar en 1614. Cervantes habló de ella en la segunda parte del Quijote, que se publicó un año después, en 1615. Esta proximidad, la inmediatez diríamos, entre el hecho histórico y la crónica cervantina, da idea de lo traumático que fueron esas expulsiones para la sociedad española.

Cervantes, que no desaprovecha la ocasión para vilipendiar a los moros («marfuces» es lo menos despectivo que dice de ellos), nos dejó en cambio uno de los retratos más conmovedores de su novela: la tragedia del moro Ricote, a quien persigue injustamente el infortunio.

Los sefarditas nacionalizados en 2015 aprontaron en los consulados españoles su apellido hispanojudío y muchos, incluso, vivo desde entonces, el ladino, su lengua materna: bien saben que su identidad milenaria y su supervivencia como pueblo se fundan en la memoria.

Si los descendientes de Ricote y de quienes le acompañaron al destierro, unos 300.000, pudieran probar su ascendencia, tendrían el mismo derecho que los 35.000 sefarditas y los 2.300.000 descendientes de exiliados que aspiran a tenerla ahora, tal y como desea PSánchez, a quien los exiliados, dicho sea de paso, le importan un bledo. En realidad no le importa ya nada que no sea su supervivencia política y penal. Se mantuvo en el poder comprando votos por amnistía y asesinos presos, y pretende seguir en él, vendiendo nacionalidad por votos.

La Guerra Civil terminó hace noventa años y él lleva en el gobierno ocho, pero sólo se ha acordado de este asunto al calcular que podrían serle útiles en las próximas elecciones.

Y aquí es cuando ha entrado en escena el Tribunal Supremo, al descubrir su juego, su jugarreta: permitir que voten 400.000 ya nacionalizados por la «ley de nietos» y censados es, según ese tribunal, «un peligro fundado, real y serio que podría afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible a su rectitud y corrección».

Y se comprenden sus reservas: en Cuba hubo 500 exiliados después de la Guerra Civil; muchos regresaron a España, incluso con Franco; hoy en Cuba solicitan la nacionalidad española 350.000 personas. La ley estaba pensada únicamente para los descendientes de exiliados y represaliados del franquismo, pero una demencial instrucción posterior ha colado o quiere colar a cientos de miles cuya relación con España se remonta a finales del siglo XIX o comienzos del XX. Ni que decir tiene que de los 2.300.000, la inmensa mayoría ni conoce España ni tiene intención de vivir aquí.

De modo que el TSupremo ha pausado el derecho a voto de los ya censados, en tanto no acrediten su condición de descendientes de exiliados (excluyendo a los que obtuvieron la nacionalidad por esa instrucción marrullera).

Pero no es suficiente. La democracia empareja derechos y obligaciones.

¿Derecho al voto? Desde luego… si acredita además su arraigo, obligado a merecer las ventajas de ser español. Porque «hacerse español» no es serlo, y el principio de igualdad se quiebra si unos pagan impuestos por ser españoles y a otros se les exime del deber de pagarlos o de arraigarse, manteniéndoles todos los derechos y beneficios derivados de serlo, sólo porque lo fueron sus antepasados.

Si a esto sumamos que la venal, arbitraria o atolondrada adjudicación de los censados a las circunscripciones podría incidir notoriamente en los resultados electorales, el dilema ya no es sólo moral (de reparación histórica), sino político. Podrán ser españoles conforme a la ley, desde luego, pero no decidir el futuro de un país que a muchos de estos les importa tanto como a PSánchez le importan los 140 muertos en la invasión de Ceuta o las decenas de niñas marroquíes violadas en esa ciudad.