Todo empezó en 1992, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Recopilación de Registros del Asesinato de John Fitzgerald Kennedy, en parte impulsada por el furor causado por la película JFK, en la que Oliver Stone daba alas a la hipótesis de una conspiración. La ley —toda una patata caliente— obligaba a hacer públicos esos documentos al cabo de 25 años, como tarde. Desde entonces, la desclasificación y publicación de esos y otros documentos oficiales se convirtió para los diversos presidentes estadounidenses en un campo minado por el que fueron pasando de puntillas, confiando en que, si la verdad nunca caduca, sí se va al menos desgastando y perdiendo valor y fuerza cuando no se conoce en su momento. No funciona, en verdad, así para los historiadores, sí desde luego para la ciudadanía, ya que se reduce el poder de la verdad para transformar el mundo, para cambiar las cosas, así como para resarcir a las víctimas y hacer justicia. Por eso, cuando en 2017 vencía el plazo de los 25 años de la mencionada ley de 1992 y el entonces presidente Donald Trump anunció que no vetaría la desclasificación de los papeles sobre el magnicidio de Kennedy, la expectación fue máxima. ¿Se conocería por fin la verdad? ¿Actuó Lee Harvey Oswald en solitario, como concluyó la Comisión Warren que investigó el asesinato? ¿O hubo una conspiración, como interpretó el comité selecto de la Cámara? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante la revelación del secreto más traumático de la historia reciente de Estados Unidos, más de cinco décadas después de que JFK fuera tiroteado en Dallas?
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Esta imagen fue tomada por Mary Moorman, una de las personas más cercanas al lado opuesto al coche de Kennedy, frente a la pérgola de cemento desde la que Abraham Zapruder y su ayudante Marilyn Sitzman estaban grabando la visita presidencial, una de las tomas más famosas del asesinato. Una décima de segundo después del disparo mortal en la cabeza del presidente, Moorman tomó esta imagen con una Polaroid-Land, una imagen sobre la que se ha especulado y se especula aún mucho. Moorman afirmó que escuchó «tres o cuatro disparos muy juntos», casi como si se superpusieran, lo que abría más especulaciones en torno a la presencia de más de un francotirador. Moorman luego se lanzó al suelo. Más tarde, fue interrogada por el jefe de la policía del condado de Dallas, y posteriormente, incluso, por el FBI. Sin embargo, no fue llamada a declarar ante la Comisión Warren.
Nada de eso sucedió y la impresión general fue de desencanto. Trump reculó, presionado por las agencias de inteligencia, que le pidieron una desclasificación censurada. Aun así, y en diversas entregas desde octubre de 2017, fueron saliendo a la luz casi treinta mil documentos; muchos, llenos de tachones. El 88 por ciento del material oficial sobre JFK –una montaña de cinco millones de páginas– ya era público y otro 11 por ciento fue parcialmente desclasificado. Biden terminó de publicarlo, primero en 2021 y después a finales de 2022. Quedaba, así, aún en secreto, menos del 1 por ciento. ¿Quizá el 1 por ciento que importa, el que contiene la verdad? Se sabe que se trata de unos 520 documentos, la mayoría —según los Archivos Nacionales— son registros fiscales, incluyendo las declaraciones de impuestos de Oswald.
Al igual que Trump, y por consejo del FBI, la CIA y otras agencias de seguridad nacional, Biden justificó la preservación de esos documentos para «protegerlos —dijo— de un daño identificable para la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducción de las relaciones exteriores que sea de tal gravedad que supere el interés público de la divulgación inmediata».
Para muchos expertos, investigadores y legisladores, la publicación de todos los documentos por parte de Biden buscó más restaurar la fe en el funcionamiento del gobierno que revelar algo nuevo al caso. Larry Sabato, autor de The Kennedy Half Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy, le dijo a CNN que, aunque pudiera haber algunas gemas ocultas a lo largo de los documentos publicados, no habría nada que cambiase lo que sabemos de lo que pasó aquel día de 1963. «Ninguno de estos documentos cambiará la historia ni respaldará las conspiraciones de que Lee Harvey Oswald no actuó solo ni de que la CIA estuvo involucrada. Te lo garantizo. La verdad no es que Oswald fuera parte de una conspiración para matar a Kennedy: la verdad es que este asesinato fue evitable y podría haberse evitado y debería haberse evitado si la CIA y el FBI estuvieran haciendo su trabajo. De verdad, eso es todo. Eso es serio, pero no van a encontrar los nombres de otros conspiradores en ningún documento».
Junto con el de Kennedy, repasamos en este reportaje otros casos de secretos oficiales que han visto la luz en los últimos años.
Que a estas alturas sigamos en la inopia sobre si Oswald actuó por su cuenta o fue un «chivo expiatorio» (como él mismo dijo), quizá una pieza sacrificable en un complot diseñado por la CIA y ejecutado por la mafia, es en buena parte culpa de su asesino, Jack Ruby, el arruinado propietario de un club de alterne que acabó con la vida de Oswald ante las cámaras de televisión.
Hasta la fecha, lo más interesante de lo que ha ido conociéndose en los miles de papeles desclasificados sobre JFK es un informe de un confidente del FBI, un tal Bob Vanderslice, que confesó en 1977 que había hablado por teléfono con Ruby la misma mañana fatídica del 22 de noviembre de 1963. Y que este le preguntó «si le gustaría ver los fuegos artificiales en la plaza Dealy».
No había ningún espectáculo pirotécnico previsto en esa plaza, así que muchos medios lo han interpretado como una velada referencia al fuego de francotirador (o francotiradores) que acabaría con la vida de JFK. ¿Sabía Jack Ruby lo que iba a suceder? ¿Conocía a Oswald? Una mujer dijo haberlos visto juntos en el club de Ruby. Se llamaba Karyn Kupcinet, era una actriz de televisión y murió en circunstancias no aclaradas seis días después del asesinato de Kennedy. Fue la primera de las decenas de testigos que murieron de manera violenta en los años que siguieron al magnicidio, como recuerda Javier García Sánchez, autor de Teoría de la conspiración, de la editorial Navona.
Oleg Penkovski fue un coronel de la inteligencia militar soviética que se pasó a Occidente por razones que se desconocen, aunque se especula que estaba resentido con sus superiores (no llegó a general) y pensaba que el presidente soviético Nikita Jrushchov era un loco peligroso. Penkovski le pasó a la CIA y el MI6 británico miles de documentos, planos y fotografías sobre el despliegue de los misiles balísticos rusos en Cuba, poco antes de la crisis de 1962 entre Estados Unidos y la Unión Soviética que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. Gracias a esta información, el presidente Kennedy tuvo datos fiables sobre el arsenal soviético, que era bastante más pequeño y menos operativo de lo que sus propios expertos creían y las fotografías de los aviones espía U-2 sugerían, y decidió que Jrushchov iba de farol cuando alardeaba de que «los misiles intercontinentales salen de nuestras fábricas como salchichas de una máquina de hacer embutido». Kennedy resistió las presiones de los halcones de su propio Estado Mayor y el mundo se libró del apocalipsis por los pelos.
Penkovski fue descubierto por el KGB. Antes de que lo apresaran, el agente tuvo tiempo de enviar sendos mensajes a sus contactos en la CIA y el MI6 en los que los alertaba, falsamente, de que la Unión Soviética se preparaba para lanzar un ataque nuclear total de manera inminente.
El agente inglés no lo creyó y no informó a sus superiores; el norteamericano sí informó, pero con reservas, sospechando que Penkovski había sido descubierto. ¿Por qué lo hizo? Su biógrafo sostiene que Penkovski, sabiendo que iba a ser ejecutado, pretendía que el régimen soviético fuera liquidado por las bravas con la previsible respuesta atómica de los americanos. Los papeles desclasificados por la CIA en 1992 no lo aclaran; en cuanto al MI5, sigue manteniendo el secreto. Tampoco se ha podido verificar si Penkovski fue introducido vivo en un horno crematorio para servir de escarmiento a otros posibles traidores, como aseguraron algunos testigos.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería aprovecharse de la tecnología militar inventada por Alemania y se lanzó a contratar a científicos nazis, unos 1600, sin importarle que muchos fueran criminales de guerra. La Unión Soviética también lo hizo. Pero les sacaba la información y luego los trataba como ciudadanos de segunda. Por el contrario, en Estados Unidos muchos recibieron altos cargos y honores, en especial los que habían participado en el programa de cohetes.
La mayoría acabó en la NASA, como Wernher von Braun, cuya experiencia en el diseño de las bombas V2 para los nazis fue después crucial para el programa Apolo. Von Braun era miembro de las SS y había visitado la fábrica donde mano de obra esclava construía las V2. No podía alegar ignorancia. Las condiciones eran tan deplorables que murieron veinte mil trabajadores durante el montaje de las bombas.
Otro caso llamativo fue el de Otto Ambros, el químico favorito de Hitler, que participó en la invención del gas sarín. También desarrolló la goma sintética, cuya producción se ubicó en el campo de concentración de Auschwitz. El Departamento de Energía estadounidense no tuvo ningún reparo en reclutarlo, a pesar de que había sido condenado en los juicios de Núremberg. La Operación Paperclip fue desplegada para identificar a los científicos alemanes que interesaba atraer. Gran parte de la operación aún está clasificada como 'secreto oficial'.
La CIA desclasificó en 2017 unos 13 millones de páginas de documentos secretos variopintos; entre ellos, los relacionados con el curioso Proyecto Stargate. Desde los años 70 a 1998, la agencia reclutó a personas con supuestas capacidades psíquicas con el fin de predecir atentados o espiar los pensamientos de líderes extranjeros, entre otras misiones quiméricas.
El programa se cerró por falta de resultados. Entre los agentes con dotes telepáticas o de clarividencia llegó a estar incluso Uri Geller, que se hizo famoso 'contagiando' a los televidentes de medio mundo su habilidad para doblar cucharas con la fuerza del pensamiento. Geller fue sometido a diversas pruebas para comprobar si era capaz de 'ver' lo que dibujaba otro sujeto en una habitación contigua.
Los papeles desclasificados señalan que a veces se aproximaba bastante (por ejemplo, Geller pintó unos círculos y el otro individuo había dibujado unas uvas). Y otras se equivocaba de plano. Así que sus dotes para la visión remota no convencieron a todos.
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Historiador y profesor de técnicas de investigación e historia de la Universidad CEU San pablo
XLSemanal. ¿España es 'secretista' o transparente?
ANTONIO MALALANA . En España todavía rige una norma franquista –la Ley de Secretos Oficiales– de 1968. Es una norma anticuada e injusta. Y debería ser derogada. Trata a los ciudadanos como si no tuvieran madurez suficiente para conocer la verdad.
XL . ¿Qué periodo protege?
A.M. Toda nuestra historia contemporánea. Considera secreto oficial todo lo que pueda afectar a la seguridad del Estado. Pero, dígame, ¿un documento sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo o la Transición puede poner en peligro la seguridad del Estado, a estas alturas?
XL. ¿Y cómo se las apañan los historiadores para investigar?
A.M. Mal. Es una pesadilla. Tenemos que irnos a archivos de otros países para investigar la historia española.
XL. ¿Para saber cosas nuevas sobre nuestra historia hay que irse fuera?
A.M. Lo que oye. Un ejemplo. La documentación sobre la bomba de Palomares sigue clasificada en España, a pesar de que fue en 1966. Lo que sabemos proviene de fuentes oficiales de Estados Unidos, donde hace años que esos archivos se abrieron al público
XL. ¿Qué hacen los países de nuestro entorno?
A.M. Se va hacia la desclasificación automática al cabo de un tiempo prudencial, 25 o 50 años. En Estados Unidos, Obama redujo el plazo de desclasificación a 10 años. En España, en cambio, los secretos oficiales no prescriben nunca. Y la cosa ha empeorado...
XL. ¿Por qué?
A.M. Se ha ampliado la consideración de secreto oficial a cualquier asunto que pueda suponer un perjuicio para el crédito y la imagen de España. Por el contrario, el Gobierno francés desclasificó en 2015 los archivos relacionados con el régimen colaboracionista de Vichy, uno de los periodos más vergonzosos de su historia.
XL. Aquí corremos un tupido velo...
A.M. Y tan tupido. En 2010, un acuerdo del consejo de ministros sobre política de seguridad en Asuntos Exteriores se hizo de manera tan solapada que nadie se enteró. Ni siquiera se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Ese acuerdo blindaba 17 materias comprendidas en un listado tan genérico que hace inaccesible cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas.
XL. ¿Qué archivos deberían someterse a la desclasificación automática?
A.M. Los de los ministerios del Interior, Exteriores, Defensa, Hacienda... Los archivos militares, de la Guardia Civil y la Policía...
XL. ¿Y por qué no se hace?
A.M. Se ha intentado alguna vez. La exministra de Defensa Carme Chacón quiso desclasificar unos 10.000 documentos militares. Abarcan de 1936 a 1968 e incluyen informaciones muy valiosas.
XL. ¿Por ejemplo?
A.M. Actividades de los espías ingleses y americanos en suelo español durante la Segunda Guerra Mundial, procedimientos por masonería...
XL. ¿Y qué pasó?
A.M. Que el siguiente ministro, Pedro Morenés, congeló el proyecto. Alegó que podía generar «ruido mediático».
XL. ¿Y la Ley de Transparencia de 2013 del Gobierno de Rajoy?
A.M. Una oportunidad perdida. En la práctica introduce más restricciones y amplía el catálogo de secretos.
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