Toda la documentación manejada en su momento revelaba que Manuel Rodríguez López fue socio de Senén Prieto Ingeniería S.L, con un 10% del accionariado desde su fundación en octubre de 1983 hasta el año 2004, período en el que, según algunas fuentes, desempeñó de forma paralela distintos cargos como funcionario dentro del Comisionado de Aguas de Lugo.
Esta persona supuestamente figuraba en los decretos firmados por el entonces presidente de la Diputación, Francisco Cacharro, en los cuales, con la presunta finalidad de burlar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se solicitaba oferta a tres personas vinculadas a Senén Prieto.
Al Gobierno Central no le quedó más remedio que entrar en la polémica al interesarse por el caso el nacionalista Francisco Rodríguez. Sin embargo la respuesta fue una negativa rotunda, tan rotunda que desde Madrid zanjaron el asunto diciendo que en la CHNE nunca se mantuvieron relaciones contractuales con la empresa de ingeniería.
El Ejecutivo también expresó que no disponía de ningún tipo de información sobre los administradores o accionistas de Senén Prieto y, en todo caso, advirtieron de que los funcionarios públicos no han de comunicar sus participaciones en una empresa si no superan el 10% o no tienen puestos directivos.