La juez da de plazo hasta el 12 de diciembre para que lo solicite
17 nov 2013 . Actualizado a las 07:05 h.El procedimiento de firma de actas previa a la ocupación de las fincas para construir el gasoducto llega a partir del martes al concello donde más polémica ha suscitado el trazado: Barreiros. Después lo hará a Ribadeo, el otro municipio donde ha generado oposición. Para prevenir a los afectados e informarles de cómo actuar en este trámite decisivo para obtener una justa valoración de las fincas, la Plataforma de afectados por el trazado do gasoducto celebró anoche una reunión. En ella estuvo el alcalde barreirense, Alfonso Fuente, que ha asumido un gran protagonismo en este asunto al presentar en nombre del Ayuntamiento el contencioso con el que se pedira la paralización cautelar de las obras. La plataforma no pudo hacerlo porque no tiene personalidad jurídica y el Concello dio el paso de representar a los vecinos. Y ahora llega el momento decisivo: solicitar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no se inicien las obras en Ribadeo y Barreiros.
Por error, en una información anterior se dijo que el contencioso había sido admitido en el Tribunal Supremo, cuando realmente fue en el TSJ de Madrid.
En Ribadeo y Barreiros se recogieron 2.500 firmas reclamando que se cambiase el trazado que discurre por unas 500 fincas, pero las gestiones y peticiones en este sentido no dieron fruto. Por eso se optó por presentar el contencioso. Tanto Alfonso Fuente como la plataforma insisten en que no están en contra del gasoducto, pero sí quieren que se cambie el trazado y se lleve paralelo a la autovía, alejándolo de casas.
«O recurso contencioso administrativo promovido pola Plataforma e presentado polo Concello de Barreiros foi admitido a trámite no Tribunal Superior de Justicia de Madrid o pasado día 2 de outubro. O alto tribunal requiriu ao Ministerio de Industria para que lle entregue o proxecto completo e canta documentación estime oportuna. A xuíza da de prazo ata o 12 de decembro para que se presente a documentación, na que se incluirá a demanda da paralización cautelar da obra no tramo que coincide coa autovía A-8 a carón da cal se pedirá que se modifique o trazado deixando así libres máis de 500 fincas privadas, alonxando de casas e núcleos poboados a tubería e respectando zonas de especial protección da natureza», señalaron desde la plataforma.
Desde el colectivo también desgranaron el informe de la Comisión Nacional de Energía -que días atrás hizo público este diario- en el que se cuestionan diferentes aspectos del proyecto. Para la plataforma, contiene «datos demoledores», como por ejemplo que el presupuesto es un 19,90% inferior al que resultaría de aplicar costes estándares, que falta un compromiso del mantenimiento del consumo durante los próximos seis años o que no se hizo -dicen- un análisis de viabilidad económica del proyecto.