Loureiro, una concejala y tres exediles responden por supuesta prevaricación
08 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Nueve años después de la denuncia presentada por César Aja, el ex alcalde del PP de Viveiro, la actuación de cinco miembros de las comisiones de gobierno de Viveiro, entre el 2006 y el 2008, que dieron el visto bueno a las 13 licencias, se sentaron en el banquillo de la sección 2ª de la Audiencia de Lugo, presidida por la magistrada María Luisa Sandar.
María Loureiro, alcaldesa, y su teniente de alcalde, Isabel Rodríguez; así como los ex ediles Francisco Luis Rodríguez Guerreiro (BNG), Rafael Fernández Amor y José Luis Docampo, los dos del PSOE, responden desde ayer a las acusaciones de presunta prevaricación urbanística formulada por el fiscal y la acusación particular, el ex alcalde del PP , César Aja.
El jucio pretende esclarecer si la actuación de la comisión especial de urbanismo que se creó en el 2006, el informe de Manuel Cortón, el técnico externo contratado por el gobierno presidido entonces por el fallecido Melchor Roel, y el visto bueno que dieron los concejales y ex ediles acusados estaban dentro de la legalidad, o como mantiene el fiscal, formaban parte de una «trama» para sacar adelante los expedientes. El ministerio público sostiene que se usó la vía del silencio «como excusa». Cómo se creó la comisión informativa de urbanismo y por qué, si conocían la existencia de informes negativos, técnicos o jurídicos, o la advertencia de ilegalidad por parte de la secretaria en alguna de las juntas de gobierno, si se presionó a los técnicos para cambiar criterios y cuál era la situación del departamento municipal de urbanismo en aquel momento, fueron objeto de preguntas tanto desde la acusación como desde la defensa.
Guerreiro, que fue el primero en declarar de los cuatro políticos, explicó que la comisión especial que se creó para analizar las 155 licencias y que después llegaron a la junta de gobierno, se respetaron «escrupulosamente» los informes técnicos y jurídicos existentes. También que la decisión de contratar a Cortón se tomó de forma unánime, por todos los partidos, para «reforzar» el servicio de urbanismo, ante la avalancha de solicitudes que se quedaron sin tramitar, tras la suspensión por la Xunta de las normas subsidiarias en el 2006.
El ex concejal nacionalista también dijo en el juicio que el hecho de que el expediente obtuviera el silencio administrativo, no implicaba que fueran ejecutadas, como así ocurrió en alguno de los casos. También que existía «una advertencia» de los servicios jurídicos municipales de que podían prevaricar si no concedían el silencio administrativo.
La alcaldesa, por su parte, acusada por dos licencias, insistió en los dos aspectos: que reconocer el silencio no significaba poder construir, y que no le constaban advertencias o reparo de legalidad por parte de la secretaria, aunque el fiscal lo cita la advertencia en la licencia de una vivienda unifamiliar en Alvarelle. Loureiro explicó también que estaba recién llegada a la corporación, y que por tanto no formó parte de la comisión especial de urbanismo en la que estaban todos los partidos políticos, representantes de la asociación de constructores y los técnicos.
Cortón niega que le contrataran para evadir los informes negativos del técnico municpal
Manuel Cortón, el arquitecto externo, llegó al Concello de Viveiro para evaluar las licencias a propuesta de la Asociación Provincial de Empresarios. Debía informar sobre las silencias que podían estar sujetas al silencio administrativo, como refuerzo para urbanismo, al estar el técnico municipal de entonces de baja. Llegó a Viveiro con un contrato de tres meses, por el que percibió 10.000 euros. La acusación buscaba aclarar por qué alguna de las licencias otorgadas figuraba el informe con fecha posterior a la finalización del contrato. Cortón señaló que fue , aunque tuvo que continuar debido al volumen de expedientes y que pasaba las minutas mensualmente a l Concello.
La fiscalía mantiene que se contrató a Cortón para rebatir los informes negativos que había emitido el técnico de urbanismo, el ingeniero Alfonso Tenorio. Cortón señaló que actuó con libertad total. y sin presiones,.