Fiscalía mantiene en el juicio la petición de cárcel para quienes otorgaron la licencia
20 ene 2017 . Actualizado a las 21:47 h.La fiscalía mantiene la petición de una pena de tres años de prisión, ocho años de inhabilitación y 21 meses de multa, con cuota diaria de 12 euros, para la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y cuatro miembros de la junta municipal de gobierno que en el 2009 concedió la licencia para la ampliación de las instalaciones de la fábrica de Vestas, en Chavín. En la vista celebrada ayer, declararon todos los imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística, y todos lo hicieron en la misma línea, y ocho testigos. Loureiro manifestó que nunca tuvo conciencia de estar vulnerando la ley.
El terreno para el que se solicitó la licencia, con el fin de ampliar lo construido con autorización de la Xunta en 1999, era suelo calificado como urbanizable no delimitado de uso industrial, y, por tanto, operaba como rústico. Para su desarrollo urbanístico se precisaba un plan de sectorización que no existía; la concesión de la licencia se llevó a cabo, según parece, con la idea de elaborar posteriormente el citado plan. A raíz de la denuncia de un particular, el Concello acabó por anular la licencia concedida, y contra este acuerdo recurrió Vestas; el juzgado de lo contencioso ha suspendido cautelarmente la aplicación de la anulación.
Importante para Viveiro
Todos los imputados pusieron de relieve que el encargado de todos los asuntos de urbanismo era el alcalde de entonces, Melchor Roel, ya fallecido; que desconocían las cuestiones urbanísticas y el contenido concreto de los informes técnico y jurídico (contrarios a la concesión de la licencia). Pusieron de manifiesto la importancia de la citada industria para Viveiro, si bien destacaron que no hubieran adoptado una decisión que supieran que no era legal aunque eso supusiera pérdida de puestos de trabajo.
La alcaldesa, María Loureiro, recordó que tanto el pleno municipal como la comisión de Urbanismo se manifestaron a favor de la licencia. La empresa -recordó- necesitaba ampliar sus instalaciones para albergar la maquinaria que precisaba. Afirmó que en ningún momento pensó entonces que vulnerase la ley al votar a favor de la licencia.
Actuaron con buena voluntad
La fiscal en su alegato final no dudó de que los acusados actuasen con buena voluntad, pero destacó la obligación que como representantes institucionales tenían de actuar conforme a la legalidad vigente, y que no los excusa su desconocimiento de la ley. Debieron comprobar, señaló, el contenido de los informes para evitar incurrir en «ignorancia deliberada» y tuvieron ocasión de ejercer su derecho a abstenerse o a votar en contra de la propuesta. Aludió a la obligación de actuar con estricta observancia de la ley como garantía de un Estado democrático.
Apuntó que la alcaldesa es licenciada en Derecho y dijo que a los demás imputados no se les puede pedir conocimientos urbanísticos, pero sí que se ajusten a la ley. Resaltó que ninguno de ellos tuvo reparo en adoptar el acuerdo de concesión de licencia para un suelo que conocían. Argumentó que no es posible hablar de soluciones intermedias entre el cumplimiento y el no cumplimiento de la ley.
La defensa solicita la absolución para los cinco acusados porque no hubo dolo
El abogado de la defensa, Julio Lois Boedo, por su parte, sostuvo que procede la absolución. Sugirió que, a lo sumo, podría haber una mera infracción administrativa «y no podemos ir más allá», dado que no existe dolo. Puntualizó: «Un mero ilícito administrativo por personas que son legas».
El letrado recordó que ya fue declarada la nulidad del acuerdo por el que se concedió la licencia, acuerdo cuya aplicación el Contencioso, en el recurso de la empresa, decidió suspender cautelarmente. Insistió en que quien controlaba en materia de urbanismo era el entonces alcalde, Melchor Roel, ya fallecido
El abogado destacó que había un acuerdo plenario a favor de la concesión de la licencia, unánimemente apoyado por todos los grupos políticos, así como sendos informes favorables de la comisión de Urbanismo y del entonces alcalde.
«Estado de necesidad»
La defensa esaltó igualmente la relevancia de la empresa para Viveiro, en una situación que aproximó a «estado de necesidad». Apuntó que no puede aplicarse la existencia de «desvalor ético y social»; antes al contrario, porque la fábrica en cuestión tiene una gran relevancia para la zona. Destacó que el secretario no advirtió de posible ilegalidad.
Ocho testigos
Como testigos comparecieron el director de la fábrica de aerogeneradores cuando fue concedida la licencia; por videoconferencia, la entonces directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, quie explicó que no fue solicitada autorización a la Xunta para la ampliación; tres agentes de la Guardia Civil (uno por videoconferencia), el arquitecto municipal y la asesora jurídica del Concello, así como el denunciante (videoconferencia).