El juez del caso Maruxaina ordena a la Policía Judicial investigar a los identificados por la acusación particular
A MARIÑA
Se desatasca la causa a meses para que prescriban los delitos, ya que el plazo máximo para proceder contra los culpables acabará en noviembre
18 mar 2024 . Actualizado a las 17:51 h.El juez encargado del caso Maruxaina admitió a trámite como prueba el informe pericial preliminar presentado por la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei) y ordenó a la Policía Judicial que investigue a las personas identificadas por los peritos informáticos de la acusación particular. Se desatasca así una causa que está en el tiempo de descuento, puesto que hay riesgo de prescripción de los delitos. Queda menos de un año, hasta noviembre, para poder llevar a los culpables ante la Justicia.
En el dossier preliminar presentado por Bumei se identifican a entre cinco o seis personas por su presunta implicación con la grabación de vídeos con cámara oculta durante la celebración de San Cibrao (Cervo) y su posterior publicación en páginas web pornográficas. En las piezas audiovisuales aparecían decenas de mujeres orinando al aire libre durante la edición del 2019 de la Maruxaina, reconocibles al estar ataviadas con la vestimenta habitual de la fiesta.
Bumei presentó a principios de este mes el informe, solicitado a la empresa Quantika 14, y el juzgado ha optado por encargar la investigación a la Policía Judicial. Cabía la posibilidad de que el magistrado reclamase a la asociación un documento definitivo, lo que obligaría a la acusación particular a asumir un mayor coste en honorarios y quizá a buscar ingresos de forma alternativa.
Finalmente, será la unidad especializada dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad la que continúe con las pesquisas y estreche el cerco sobre las personas identificadas por los peritos. La acusación particular documentó el nombre y apellidos de varias de ellas, y las otras pueden ser localizadas a partir de otros datos.
Los tiempos dependerán por lo tanto de la Policía Judicial. Y son vitales para una resolución satisfactoria del caso. Aunque será la investigación la que marque cual es finalmente el delito que se le imputará a los posibles responsables, el riesgo de prescripción es elevado.
Con alrededor de 80 mujeres denunciantes, el procedimiento está abierto por delitos contra la intimidad y la integridad moral. En ambos casos, el plazo de prescripción es de cinco años. Así, de no iniciarse antes de esa fecha límite una causa contra las personas autoras de los hechos, estas quedarían exentas de responsabilidad penal alguna.
Dado que entre la comisión del delito y el plazo máximo para encausar a los culpables, el Gobierno de España decretó el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus, a esa fecha inicial de prescripción del próximo agosto habría que añadir otros 89 días más. De este modo, habrá algo más de margen para iniciar el procedimiento penal, hasta noviembre del presente año.