El tribunal anula la mayoría de las escuchas telefónicas en el juicio de presunta corrupción en el Concello de Barreiros
BARREIROS
El constructor beneficiado por los informes municipales negó haber pagado sobrecostes en la venta de un piso a una de las empleadas del Ayuntamiento, como asegura la acusación
30 mar 2021 . Actualizado a las 11:06 h.Este lunes, se produjo la primera vista del juicio contra dos funcionarias y un constructor, dos de ellos acusados de cohecho y una acusada de falsedad documental. Aunque, en realidad, esta es la segunda vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Lugo con respecto a esta causa, ya que el pasado día nueve de marzo ya se intentó poner en marcha. Sin embargo, el juicio se aplazó por la situación técnica de uno de los miembros de la acusación, la particular por aquel entonces, un constructor que se consideraba perjudicado por la presunta trama, y que cambió su situación a acusación popular tras abonar 6.000 euros, los cuales seguramente le sean reembolsados al fin del proceso.
Tras retomar este lunes el juicio, ya como acusación popular, se evitó repetir las cuestiones previas que ya se habían dejado claras en la primera vista, hace tres semanas. En ellas, según el auto de la fiscal, la auxiliar administrativa del Concello , «para beneficiar» a uno de los promotores que había presentado una solicitud para una licencia, «realizó de su puño y letra añadidos a la solicitud inicial y a la correspondiente anotación inicial del Libro de Registro del Ayuntamiento atentando con ello a la seguridad jurídica en la actuación de la administración pública», según la Fiscalía. Se piden para ella tres años de prisión.
Las acusaciones populares (el Concello de Barreiros y el promotor perjudicado), fueron un paso más allá. Ellos denuncian también la implicación de una secretaria del Ayuntamiento y del promotor beneficiado, acusándolos de cohecho. Basan sus argumentos en una serie de escuchas telefónicas que se realizaron introduciendo un dispositivo en el ordenador de la secretaria, en el propio Ayuntamiento, ya juzgadas en un proceso anterior y no constitutivas de delito por su prescripción.
Además, el tribunal decidió anular algunas de las escuchas telefónicas obtenidas durante el transcurso de los hechos, sobre las que se basan varias de las acusaciones, por lo que quedaron invalidadas casi todas ellas.
En esta vista, los testimonios de los implicados no arrojaron demasiada luz sobre los delitos por los que se les acusa. Ninguno de los tres quiso responder a las preguntas de la acusación, salvo a las que les hizo la fiscal encargada del caso. Especialmente llamativo fue el testimonio del constructor beneficiado por la concesión, que negó haber depositado 100.000 euros en el año 2007 como «gratificación» por los informes positivos firmados por la secretaria del Ayuntamiento, otra de las acusadas. La funcionaria, acusada de falsedad documental, reconoció que había cometido alguna irregularidad durante su trabajo en el Concello, pero siempre «por una orden de un superior», sin profundizar más.
Según los miembros de la acusación, el promotor beneficiado y la secretaria de Barreiros habían llegado a un acuerdo aquel año para cambiar esos informes positivos por una remuneración, y que la intentaron ocultar posteriormente fingiendo la compraventa de un piso en Ribadeo. Según el auto de acusación, ese piso se habría vendido por 330.000 euros en total, de los que se habrían adelantado los 100.000 antes mencionados, un precio «desorbitado» para esa zona y ese tipo de piso, según los abogados. La secretaria, además, vendió ese mismo piso por solo 180.000 euros dos años después, casi un 40 % de descenso en su valor en solo dos años, algo que las acusaciones entienden que evidencia que hubo sobrecostes para compensar los favores obtenidos.
Comparecieron, además, otras dos funcionarias del Concello por aquel entonces, quienes explicaron el funcionamiento burocrático de ese tipo de acciones y coincidieron en que todos pasaban por las manos de una de las acusadas, la secretaria. También tuvo lugar el testimonio de Alfonso Puente, alcalde de Barreiros durante el momento de los hechos, en el que evidenció su mala relación con las implicadas. Explicó de forma contundente, según él, como las acusadas intentaron modificar una licencia mientras él estaba al cargo, a lo que se negó.
El juicio continúa este martes, en la Audiencia Provincial, en donde continuará el trasiego de testigos.