Nueve trabajadores de Viaqua recurren la licitación del servicio del agua de Ribadeo al temer perder su empleo

El Concello de Ribadeo ha suspendido de forma cautelar la licitación del contrato de la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de Ribadeo durante 20 años, que tuvo un presupuesto de salida de 24,3 millones de euros y la condición, para la empresa que resultase elegida, de invertir más de tres millones en mejoras en el servicio. El motivo ha sido la presentación de tres recursos, dos de empresas y uno de nueve de los trabajadores de Viaqua, actual concesionaria. Toda vez que no se habían realizado ofertas, el Concello decidió suspender provisionalmente la licitación.

Por la cuantía y características del concurso, los recursos no se presentan ante el Concello, sino ante el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia, que dio parte al Ayuntamiento para que se pronuncie sobre los tres existentes. Este martes se celebró un pleno extraordinario en Ribadeo en el que por unanimidad se aprobaron los informes técnicos que rechazan los recursos, para remitírselos al tribunal, que será quien finalmente diga si es preciso modificar las bases de la licitación o mantenerlas tal cual están. El Concello actuará conforme a lo que le indiquen y retomará la licitación.

Dos de los recursos corresponden a las empresas Ommium Medio y a Viaqua, y se refieren a la inviabilidad de la concesión, por deficiencias en los estudios de gastos y el listado del personal, entre otras cuestiones. Un tercer recurso fue presentado por nueve de los 11 actuales trabajadores que Viaqua tiene para prestar el servicio en Ribadeo y que exponen que determinaciones contenidas en el pliego de condiciones para adjudicar la concesión los próximos 20 años, suponen una «situación de risco para a permanencia e estabilidade do emprego; abocan de maneira ineludible á extinción dun número indeterminado de relacións laborais» y constituyen una «modificación substancial das condicións de traballo dalgún dos traballadores».

En el informe realizado por Into Galicia -que es la contestación del Concello al Tribunal de Contratación-, como apoderado de la empresa que redactó la documentación técnica y económica de la licitación, se dice que las alusiones a la pérdida de puestos de trabajo, «son meras suposicións dos recorrentes». Añade que sus derechos laborales están garantizados por la normativa laboral vigente, «ante a que nada pode facer o Concello de Ribadeo». También dice que «resulta obvio que quen resulte gañador necesitará da experiencia e o bo facer das persoas que coñezan o servizo, e en ningún caso poderán substituílas por outras en aras de reducións de antigüidade ou calquera outra alegación».

Sobre otros puntos cuestionados en el recurso, como la revisión de precios topada o el convenio con el Concello de Trabada, concluye que parece que no se encuadran en reivindicaciones laborales sino en intentos «por paralizar o procedemento con calquera argumento».

Ahora, el Tribunal de Contratación de Galicia deberá decidir.

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