Análisis | Once años de la intervención de todo un símbolo de la droga La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones aguarda a que concluya la administración judicial sobre el emblemático inmueble para destinarlo al Fondo de Bienes Decomisados
09 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El secretario general de Sanidad señaló que la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones está aguardando a que concluya la administración judicial sobre el Pazo de Baión para hacerse cargo de la gestión de este inmueble incautado a Laureano Oubiña. Tal circunstancia únicamente está pendiente de un informe complementario de la Oficina Nacional de Auditoría y de la aprobación de las cuentas referidas a las sociedades, también decomisadas, Comercial Oula SA y Alvariño-Bayón SL. José Martínez Olmos resaltó el hecho de que el Pazo de Baión «tiene un valor simbólico en la lucha contra el narcotráfico, que hace especialmente significativa la importancia, la urgencia y la necesidad de su entrega al Fondo de Bienes Decomisados». Todo un reto En respuesta a una intervención de la diputada popular María Dolores Pan Vázquez, Martínez Olmos señaló que la gestión de estos bienes -el pazo y las dos sociedades- supone «un reto para la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones». Será la primera vez que esta administración se haga responsable de empresas en funcionamiento. La administración judicial comenzó en enero de 1995. En estos ya once años se ha producido todo tipo de situaciones y sólo en los últimos dos se ha comenzado a despejar cual puede ser su futuro: «Una vez que la Mesa se haga cargo de estos bienes, deberá considerar cuál es el mejor destino de los mismos, lógicamente pensando en finalidades vinculadas» a su historia más reciente. En abril del 2004, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones fue informada de que la sentencia que decretó el decomiso y adjudicación al Estado de tales bienes era firme. Meses después este organismo trasladó a la Audiencia Nacional su solicitud de que se nombrase un auditor de cuentas antes de que el juez aprobase las mismas. La petición determinó que la Audiencia dictase una providencia pidiendo un informe sobre la situación contable de la finca y de las sociedades. De este modo, el 9 de marzo del año pasado, según informó Martínez Olmos, la administración judicial presentó las cuentas, que fueron analizadas por la Mesa, organismo que reiteró la conveniencia de realizar una auditoría externa. Tal petición fue atendida dos meses más tarde. El 14 de octubre, la Oficina Nacional de Auditoría presentó el informe demandado. Apenas pasaron doce días cuando el magistrado de la Audiencia insta a que se elabore un «informe complementario sobre las cuestiones que deben requerirse a la administración judicial para poder considerar la aprobación de la cuentas». Estaba previsto que el citado informe «debería ser completado en el último trimestre del pasado año», apuntó el secretario general de Sanidad en su reciente comparecencia en el Congreso.