VILAGARCÍa | Dos semanas después de que los primeros trazos de la polémica obtuviesen audiencia pública, el Partido Popular de O Grove es hoy un hervidero de malas sensaciones provocadas por la inclusión de diez de sus vecinos en las candidaturas conservadoras del País Vasco sin tener ni la más remota idea de ello.
La imputación del ex alcalde, Miguel Ángel Pérez, como primer responsable político que tendrá que declarar ante la jueza de Cambados que investiga el caso tal vez sea dolorosa, pero es absolutamente lógica.
Desde el principio, la gaviota ha respondido a este molesto escándalo como si se tratase de algo completamente ajeno a su proceder. Sucede que los nombres y apellidos de seis de estos falsos voluntarios figuran con exactitud matemática en las listas de cuatro municipios vizcaínos -Erandio, Muskiz, Orozko y Ubago-Miraballes- bajo las siglas del PP. No estamos, por lo tanto, ante un episodio extraño a la disciplina conservadora, sino ante una grave infracción del Código Penal, la normativa electoral y la Ley de Protección de Datos que se ejecuta en su nombre, en el de una formación política determinada.
Esta es la óptica con la que la resolución del enigma de las falsificaciones debería abordarse en todo momento. Otra cosa será lo que de las investigaciones judiciales se extraiga. Por el momento, la pelota está en el tejado popular, y por eso resulta escrupulosamente lógica la citación del responsable del partido concreto en el lugar del que surgen las denuncias. Una imputación que, por cierto, no prejuzga su culpabilidad final. Simplemente se limita a actuar ante un hecho objetivo perfectamente establecido: el origen del problema atañe -aunque no en exclusiva, puesto que hay dos casos relacionados con A Illa- al PP de O Grove, del que Miguel Pérez es presidente.
A partir de este punto, las lecturas pueden seguir caminos divergentes. El BNG, a través de Bieito Lobeira, pone el énfasis en el tratamiento, en su opinión completamente extraviado, que el PPdeG está haciendo de todo este asunto: «Nun partido político non teñen sentido esas investigacións das que falan Rafael Louzán, Núñez Feijoo e Rueda; nun partido político hai responsables de áreas, de tarefas, e o que hai que facer é identificar ao responsable deste proceso e pedirlle explicacións».
Los socialistas mantienen una opinión semejante. De ahí que su secretario de Organización, José Blanco, apunte su artillería no hacia la dirección provincial de la gaviota, encargada de reunir, tramitar y remitir a Madrid la documentación de los voluntarios, sino a la propia cúpula del PP en Génova, y en concreto a Javier Arenas como responsable último del proceso electoral en el seno de la formación popular. Nada raro por cuanto, es preciso insistir en ello, no estamos únicamente ante una mera irregularidad cometida por un particular -que tal vez también- sino ante un fenómeno de implicaciones políticas y legales evidentes.
Mientras el resto de partidos afilan su maquinaria dialéctica, los conservadores se sienten víctimas de un engaño. Bien de alguien que sólo buscaba causar un perjuicio a sus intereses, bien de alguien que, llevado de un exagerado furor por «quedar bien» con la dirección del partido, decidió por su cuenta y riesgo meter en un saco la documentación de doce personas sin tener en cuenta su opinión.
La primera hipótesis no tiene demasiado sentido, puesto que nadie podía prever que el affaire de los falsos voluntarios saliese a la luz pública. Paradójica y finalmente, sólo la carta de agradecimiento de María San Gil lo hizo posible. En cuanto a la segunda explicación resulta, sinceramente, bastante plausible. Falta por determinar en qué punto de la cadena se produjo ese celo desmesurado a la hora de poner sobre la mesa voluntario tras voluntario hasta sumar más de doscientas actas sólo en la provincia de Pontevedra.
En todo caso, lo que ha quedado en absoluta evidencia es la falta de rigor con la que se lleva a cabo el proceso de reunión y selección de quienes deciden arriesgar y comprometerse en un proceso electoral tan complicado. Si cualquiera puede amasar fotocopias, firmarlas sin garantía de ningún tipo y ofrecerlas para ser incorporadas a una lista sin que nadie se detenga un instante a comprobar si todo ello obedece a una reflexión sincera, loable y meditada o, por contra, es producto de un chapucero sistema de adhesión de voluntades a la brava, la seriedad de estos aparatos llamados políticos, gestores de la organización pública de todos nosotros, queda por los suelos. La gravedad de lo que sucede en el País Vasco, la amenaza permanente a la que se ven sometidos quienes no comulgan con la serpiente, merece un tratamiento responsable, consciente y sincero, no semejante vodevil.