Durante seis años, el puesto de trabajo de un centenar de mujeres isleñas estuvo en la picota: estar casada con un bateeiro no era compatible con disfrutar de un pérmex
31 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Cada comarca tiene sus propios lugares comunes, sus mitos locales y sus disques de pequeño alcance. En Arousa, la ría de las dos mil bateas, son muchos los que identifican a los bateeiros con los coches de lujo y las grandes casas de piedra. Los problemas de estos supuestos nuevos ricos del mar son escuchados por muchos con una un gesto de incredulidad y un comentario desdeñoso: «Problemas de millonarios».
Pero, al margen de los conflictos que ahora atenazan al sector, no siempre fue oro todo lo que brilló entre las bateas. En el complejo mundo de los productores de mejillón hubo siempre, como en todos lados, un amplio espectro de negocios. Los boyantes, los que van tirando, y los que se sujetan como pueden. De eso saben mucho en A Illa. En su puerto, el primero de Galicia en lo que a descarga de mejillón se refiere, conviven bateeiros de todas las gamas. Y muchos de ellos, cosas de la vida, acabaron casados con mariscadoras. En el año 2001, esos matrimonios tuvieron que superar una reválida inesperada.
Agitando un decreto del año 1993, la Consellería de Pesca anunció a un centenar de mariscadoras isleñas que no podían seguir trabajando en las playas. Al estar casadas con mejilloneros y no haber hecho separación de bienes, se las consideraba cotitulares de una concesión administrativa. Por eso, decía la Xunta, no tenían derecho a disfrutar de otra, el pérmex.
La resurrección de esa normativa se concretó en el mes de noviembre del 2001. La cofradía tenía entonces conocimiento de una inesperada decisión de la Consellería de Pesca: un centenar de permisos de explotación, algunos de ellos correspondientes a mujeres con veinte años de trabajo en las playas, no habían sido renovados. La incredulidad con la que las afectadas recibieron la noticia no tardó en tornarse enfado. Acuciado por sus socias, el pósito se puso de inmediato manos a la obra y solicitó una reunión urgente con el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga. El primer encuentro entre el máximo responsable político en la materia y los representantes del pósito tuvo lugar el 27 de noviembre. En aquella cita, Pesca expuso que la informatización de sus datos había puesto de manifiesto la situación en la que se encontraban mariscadoras no solo de A Illa, si no de otros lugares como O Grove y Vilanova. López Veiga no tenía intención de dar marcha atrás en la aplicación de esa normativa. «Constituiría un claro exemplo de prevaricación», señalaba entonces la Xunta. De nada parecían valer los argumentos esgrimidos desde A Illa. Argumentos que hacían hincapié en que la norma era discriminatoria -el mismo decreto si permitía a los mariscadores a flote compatibilizar el pérmex con una concesión administrativa- y que colocaría en una difícil situación a muchas familias isleñas. Por que en el mundo de las bateas no es oro todo lo que reluce, y había casas, explicaban desde el pósito, donde los ingresos proporcionados por una mejillonera (o fracción) colocada en una mala zona no eran suficientes para sostener la unidad familiar.
Pero esos argumentos no lograron enternecer al entonces conselleiro de Pesca, que respondió a esos planteamientos encargando un informe sobre el rendimiento de las bateas de A Illa, del que nunca más se supo nada. Las afectadas, decían desde la Administración, podían solucionar su problema haciendo una separación de bienes.
La firmeza de la postura adoptada por la Xunta fue percibida de inmediato tanto por las afectadas como por la cofradía isleña. «Isto é unha persecución contra as mulleres deste pobo», llegó a decir el entonces patrón mayor, Ventura Rivas. El Concello aprobó mociones de apoyo a las mujeres afectadas, con la única abstención del PP. El BNG y el PSOE llevaron el asunto al Parlamento autonómico, exigiendo la derogación de una norma que calificaban de machista e injusta. Y el sindicato CIG abanderó la defensa del centenar de mujeres que se habían quedado sin pérmex. Durante meses se sucedieron las asambleas y las reuniones con responsables de Pesca. Pero el resultado era siempre el mismo: la necesidad de abordar la separación de bienes.
Ocho meses después de que comenzase el conflicto, la tensión acumulada ya había comenzado a hacer mella en la unidad del colectivo de marisqueo a pie de A Illa. Durante todo ese tiempo, la Xunta había hecho la vista gorda con respecto a las «bateeiras», a las que permitió bajar a la playa en tanto no se resolvían los recursos presentados. Pero esa tramitación finalizó en junio, cuando las mujeres comenzaron a recibir cartas en las que se desestimaban sus peticiones. Fue entonces cuando el conflicto se trasladó a la playa. Y creció de tal manera, que fue uno de los factores que empujaron a Ventura Rivas, el histórico patrón mayor isleño, a presentar la dimisión por «estar queimado».
Las bateeiras no se iban a rendir. Recogieron firmas, recurrieron al Valedor do Pobo e interpusieron un contencioso administrativo que les permitió seguir bajando a la playa mientras el juez no resolvía el caso. Pero el en agosto del 2003 se hizo público el fallo del tribunal que daba la razón a Pesca y que, por lo tanto, se la quitaba a las «bateeiras». Su expulsión de la playa parecía ser definitiva.
Pero no fue así. La llegada a la Xunta del gobierno integrado por PSOE y BNG colocó en el sillón de mando de la Consellería de Pesca a Carmen Gallego. A finales de mayo del 2007, el Consello de la Xunta derogaba el polémico decreto que impedía trabajar en la playa a las cotitulares de bateas. Con esa polémica norma fuera de servicio, la Cofradía de A Illa solicitó la ampliación del número de pérmex y estableció unos baremos para ocuparlos que permitieron que las «bateeiras» se reincorporasen al trabajo. Apenas unos meses después, el tortuoso camino iniciado seis años atrás las llevaba de vuelta a los arenales isleños.