Gobernabilidad en punto cero

AROUSA

La escalada de agresiones verbales entre el bipartito y EU dibuja un panorama muy feo para lo que resta de mandato

01 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Desde mediados de los 90, la famosa «pinza» que los socialistas atribuían a Julio Anguita y a José María Aznar para derrotar a Felipe González y forzar un cambio de color en el Gobierno del Estado constituye una de las obsesiones perennes de Izquierda Unida. A todos los niveles. Dirigentes y militantes. Diputados y concejales. Mentar la «pinza» ante cualquiera de ellos supone desencadenar un amargo reproche, un lamento de de mentira y manipulación frente a aquella vieja acusación del PSOE que, sin embargo, ha calado profundamente en la política española.

Esta situación se hace especialmente aguda en casos como el de Vilagarcía, la segunda plaza de Esquerda Unida en Galicia, un oasis en medio de un desierto de representación institucional al que solo supera Ferrol. Al no haber ingresado en el gobierno local, el grupo que lidera Juan Fajardo se ve obligado a construir, permanentemente, un espacio propio. Un espacio que no solo debe marcar distancias con respecto a la coalición formada por PSdeG y BNG, sino también, y sobre todo, frente al Partido Popular. Este doble discurso resulta agotador y, antes o después, tenía que generar una ruptura formal con sus teóricos compañeros de viaje en la izquierda municipal. La derrota por duplicado del bipartito en el pleno del jueves y la escalada de agresiones verbales a la que ha dado lugar parecen haber dispuesto los ingredientes necesarios para deducir que ese momento ha llegado.

Algunos culparán a Fajardo y a los suyos. Otros al tándem formado por Dolores García y Xosé Castro Ratón. En el fondo, esto solo importará a la hora de rendir cuentas ante los electores. Mientras tanto, y hasta que finalice el mandato, no es probable que la gobernabilidad del Concello descanse ya en un virtual acuerdo de entendimiento y apoyo mutuo entre la coalición y EU. La figura de José Luis Rivera Mallo, o el recurso a las mociones de confianza vinculadas a la aprobación de documentos esenciales para la marcha de la institución -en la medida en que lo permita la legislación, porque hay límites claros para esta figura- son los dos únicos caminos que se abren ante Ravella, al menos mientras el nivel de tensión no se aplaque.

En realidad, no resulta complicado rastrear algunos de los condicionantes que explican lo ocurrido en la sesión plenaria. La postura del PP, por ejemplo. Durante seis meses, el equipo de Tomás Fole no intervino en absoluto en la negociación sobre la ordenanza de las terrazas. La razón es evidente. En el fondo, los conservadores estaban de acuerdo con la necesidad de regular este punto. Como todos. Ciertamente, se trata de un melón complicado de abrir. Si la concejala Rosa Abuín lo hizo fue porque entendió que existía una demanda razonable entre la ciudadanía y una corriente de opinión favorable en el conjunto de la corporación. En esto llegó la prórroga de octubre y los populares detectaron una oportunidad de desgastar a Ravella apoyando las reivindicaciones surgidas desde el entorno de A Baldosa. Previsible. Fole quiere ser alcalde y juega sus bazas.

Una guerra ajena

El movimiento del PP está claro. De hecho, es muy posible que rentabilice en forma de apoyo electoral su rechazo a la ordenanza entre un entorno tradicionalmente conservador. El caso de Esquerda Unida es muy distinto. Probablemente, el grupo de Fajardo se haya introducido en una guerra que no era la suya. Máxime después de haber pactado hace semanas la inclusión de todas sus propuestas en la normativa que diseñaba Promoción Económica. Tal vez hubiese margen para negociar cambios de última hora, como nuevas medidas para calcular superficie de las terrazas. Pero Abuín se negó a más. No quiere, dijo, una regulación degradada, que sustituya los anclajes por toldos de plástico transparente, como defendió EU. Si el PXOM no permite esos elementos fijos tan habituales -el PP niega que sean ilegales, pero Ravella de hecho está denegando solicitudes basándose en informes técnicos-, si es verdad que hay terrazas cubiertas que no disponen de autorización, entonces el parón sí puede acarrear nefastas consecuencias al sector hostelero.

Todo por escrito, sin enchufes

La RPT es, por otra parte, el escenario del más duro cruce de acusaciones entre socialistas, nacionalistas e izquierdistas. Y sin embargo, con toda seguridad sería el ámbito en el que antes fuese posible un acuerdo. No en vano, Comisiones es uno de los autores del documento. Habrá que ver si todo esto causa heridas internas en EU. En realidad, bastaría con que las alegaciones que Ravella aceptó fuesen recogidas por escrito. Lo malo es cómo hacerlo ahora, después de que se haya acusado a Fajardo de buscar enchufes . Difícil.