Paralelamente a las investigaciones de carácter penal que llevó la Guardia Civil durante el pasado año en Pontevedra, los agentes del instituto llevaron a cabo una labor administrativa enmarcada en la ley de seguridad ciudadana. Esta normativa castiga con una sanción mínima de trescientos euros el consumo o la posesión de sustancias estupefacientes en la vía pública.
Una de las características que tiene la normativa española cuando aborda este tipo de situaciones de consumo en la vía pública es que, en algunos casos, la sanción económica puede ser revocada si el infractor se inscribe en un curso de deshabituación a las drogas.
Pontevedra, de nuevo, se sitúa en lo más alto del ránking al sumar más de la mitad de las multas interpuestas por el instituto armado en toda Galicia. Si durante el 2010 se tramitaron algo menos de cinco mil denuncias administrativas en toda la comunidad, solo en las Rías Baixas se llevaron a cabo más de 2.500 intervenciones de pequeñas cantidades de droga.
En casi 2.400 casos el denunciado tenía documento de identidad español, mientras que 174 eran de origen extranjero. Se considera que cerca del 25% de las multas están relacionadas con el cannabis, mientras que también es elevada la presencia de cocaína.
Otras tres provincias
En cuanto al resto de provincias gallegas, en A Coruña se denunció por la vía administrativa a 1.273 nacionales y a algo más de un centenar de foráneos. Estas cifras se redujeron considerablemente en el caso de Ourense y Lugo, donde la Guardia Civil sancionó, respectivamente, a unas cuatrocientas y a más de setecientas personas.