Entiendo que a ningún político le es grato adoptar una medida tan impopular como lo fue la creación de la tasa judicial, pero hay que reconocer que el país se encontraba en una situación macroeconómica muy difícil. Pero la tasa ha sido excesiva y está afectando de forma considerable a la interposición de un pleito. Los ciudadanos meditan más acudir a la vía judicial porque se han incrementado de forma importante los costes. Hay procedimientos en los que no era necesario abogado o procurador y ahora se pagan tasas, principalmente en los de menor cuantía, en los procedimientos monitorios y en las reclamaciones de cantidad. Esto complica el acceso a la tutela judicial. Debe de haber un equilibrio entre el abuso de la judicialidad y la tasa demasiado alta. Una opción similar a la que adoptó Francia al aplicar una tasa más baja me parecería más correcta, sobre todo ahora que la situación económica está cambiando.
La opción del Gobierno, que pasaba por hacer más funcional la Justicia a través de las nuevas tecnologías y bajar los costes, creo que es positiva para todos los ciudadanos, sobre todo, si al reducir los costes se consigue reducir también la tasa. Es necesario incrementar la funcionalidad de la oficina judicial. En los últimos años, la litigiosidad creció un 100 % y no se redujo la pendencia por lo que me parece necesario hallar un nuevo modelo de gestión y organizativo. El propio Gobierno aclaró que la reordenación territorial no supondrá en ningún caso el cierre de ningún juzgado y se aprovecharán las estructuras ya existentes, sin perjuicio de que el modelo marque un nuevo proceso de concentración y especialización, lo cual si consigue agilizar la lenta burocracia, me parece positivo para todos.